Esfuma Borge 1,950 mdp del Impuesto al Hospedaje
Nacional viernes 15, Jul 2016- Denuncia Chapur Zahoul, de la Asociación de Hoteleros de Cancún
Redacción Diario Imagen
La Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, encargada de la promoción turística, tiene problemas con el pago a proveedores ante la escasez de recursos, a pesar de que los hoteleros pagan sus impuestos.
Cancún.- Hasta la fecha el “mago” Roberto Borge Angulo, aún gobernador del estado de Quintana Roo, ha desaparecido mil 950 millones de pesos por el impuesto del 2 por ciento al hospedaje, que no ha sido trasparentado, aseguran miembros de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, que exigen entregue cuentas claras antes de que finalice su gestión.
El empresario José Antonio Chapur Zahoul, miembro vitalicio de la Asociación de Hoteles de Cancún y vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), afirmó que el gobierno del estado sigue sin transparentar ni entregar cuentas sobre el destino del Impuesto al Hospedaje.
Manifestó que estarán pendientes y cooperando con las autoridades ante una eventual investigación judicial, que ya fue solicitada por diputados e incluso por el Senado “por mal manejo de recursos públicos”.
Los hoteleros refieren que desconocen si esos recursos están perdidos o no se entregaron a los fideicomisos de Promoción Turística de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) y argumentaron que el dinero para la promoción se tiene que aplicar únicamente en eso, y nada más.
De acuerdo con cifras oficiales, cada año se asigna a los fideicomisos unos 175 millones de pesos a cada uno, en total 350 millones, y se estima que en el caso del Impuesto al Hospedaje se captan mil 950 millones de pesos.
Los hoteleros dicen que no se sabe dónde están o qué hizo el gobierno estatal con mil 950 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje y reiteran que siempre han exigido trasparencia total en el manejo de los recursos.
Los empresarios de Cancún exigen que el gobernador Roberto Borge Angulo, al igual que otros más que se van, deben poner en claro sus cuentas y transparentar su gestión, y demandan que “los órganos institucionales investiguen y se proceda conforme a la ley”.
