Un sistema de justicia que responde a la demanda social
Luis Muñoz miércoles 6, Jul 2016Segunda vuelta
Luis Muñoz
Con todo lo que ha avanzado el sistema de justicia en México, hay problemas que aún persisten.
Uno de ellos es que la población con menores recursos es a la que más frecuentemente se le castiga. ¿Por qué razón?
La corrupción que impera a pesar de los esfuerzos para reducirla. La gente asegura que si tuviera dinero para pagar sobornos no serían detenidos.
Por eso, es importante conocer lo que dice el procurador Rodolfo Fernando Ríos Garza.
Ayer, en el marco de la inauguración del “Ciclo de conferencias sobre el sistema de justicia penal”, convocado por la Asamblea Legislativa, explicó: “Hace ocho años inició el proceso de transición hacia un sistema de justicia penal de carácter oral y acusatorio, que respondiera a la demanda social de prevenir, investigar y perseguir el delito bajo parámetros de agilidad, certeza y profesionalismo”.
Agregó que actualmente este modelo tiene vigencia en todo el país y que su naturaleza “garantista, promueve y asegura el respeto incondicional de los derechos humanos de las personas”, más allá de la calidad con que intervengan en los procedimientos penales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advertía hace unos días: “Ningún sistema jurídico, por bueno o eficiente que sea, puede resolver los problemas que aquejan a la sociedad; el verdadero éxito de esta transformación dependerá de los operadores de este modelo”.
Y está en lo cierto.
El procurador expuso que en materia de procuración de justicia, las mejoras son evidentes al contarse con instrumentos normativos y metodológicos que aseguran la plena aplicación de los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y objetividad.
Para el gobierno de la Ciudad de México, agregó Ríos Garza,
es un deber categórico que sus habitantes gocen de las más elementales condiciones de seguridad, como un presupuesto indispensable para el ejercicio de sus libertades y sus derechos.
Por este motivo, adquiere mayor relevancia el ciclo que este martes inicia, debido a que se inaugura un foro de difusión sobre los alcances de la reforma, y favorece el diálogo entre el órgano legislativo y las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia, con el fin de impulsar las reformas necesarias al marco legal para fortalecer el modelo penal acusatorio y combatir con eficacia al fenómeno delictivo.
Subrayó que con el objetivo de proporcionar a los usuarios atención especializada y personalizada, actualmente la Procuraduría capitalina cuenta con 37 Módulos de Atención Oportuna (MAO), los cuales son el primer punto de contacto con la ciudadanía. Desde el arranque del nuevo sistema penal en la CDMX, en enero de 2015, dichos módulos han proporcionado 285 mil 189 atenciones ciudadanas; se iniciaron 115 mil 027 carpetas de investigación; se intervino en 2 mil 752 audiencias ante jueces de control; se aplicaron 622 criterios de oportunidad y se obtuvieron 24 sentencias condenatorias por procedimiento abreviado.
ADRIÁN RUBALCAVA SE DESLINDA
El diputado y ex delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, afirmó (vía telefónica) ante el procurador Rodolfo Ríos Garza: “No tengo ningún vínculo con grupos delictivos”.
¿Qué relación tiene con “Los Claudios”? Preguntó la autoridad.
“Absolutamente ninguna. Mi relación con Héctor González, en su momento, fue sólo laboral…”, respondió el legislador priísta.
Y quiénes son ¿Los Claudios?
Según el portal PSDNoticias.com, es un grupo paramilitar, cuyo líder es Héctor Mauricio González, hermano de Héctor (de los mismos apellidos) y supuesto amigo del diputado Rubalcava.
Pero el diputado Rubalcava aclara: “Lo conozco como conozco a mucha gente, pero de eso a que tenga algún contacto con él, para nada”.
Rubalcava Suárez acudió de manera voluntaria a la PGJDF para coadyuvar en las investigaciones que realiza la dependencia sobre el caso del inmueble localizado en la calle de Benjamín Hill, colonia Condesa, delegación Cuajimalpa.
En cuando a los dos gafetes de la delegación Cuajimalpa encontrados en el inmueble, uno de los cuales corresponde a la época cuando fue jefe delegacional y el otro a la actual administración, el legislador dijo que “no fueron autorizados por las autoridades delegacionales y por lo tanto son apócrifos o no cumple con la normatividad para expedirlos”.
