Castigo a ex gobernadores
¬ Augusto Corro miércoles 29, Jun 2016Punto por punto
Augusto Corro
Tras las elecciones del 5 de junio se llegó a una conclusión: los gobernadores priístas son repudiados por el electorado.
De esa manera, el Partido Acción Nacional logró ganar en siete entidades, algo sorprendente.
Esas gubernaturas estaban en manos de gobernantes extraídos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Así que la derrota política fue del tricolor, que vio como el electorado rechazó a sus candidatos. Quizá el ejemplo más claro se vio en Veracruz, donde el PRI ni siquiera metió las manos, como se dice coloquialmente.
El partido del gobernador Javier Duarte de Ochoa fue superado por la alianza de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que tuvo como abanderado al impresentable Miguel Ángel Yunes Linares.
El aún Ejecutivo estatal veracruzano se empeñó en destrozar su imagen política con saqueos al erario, espiral de violencia e inseguridad.
En su campaña, Yunes Linares prometió encarcelar a Duarte, pronunciamiento que le ayudó a ganar votos de los veracruzanos que se encuentran hartos del desgobierno del actual mandatario.
Sólo que en la recta final de su mandato, el multicitado Duarte busca la manera de evitar ser juzgado y para esto promueve un fiscal anticorrupción, incondicional y un contralor, a sus órdenes: dos funcionarios que le aten las manos a Yunes Linares cuando pretenda enjuiciar al controvertido Duarte.
El gobernador electo publicó un video en redes sociales donde llama al Congreso local, de mayoría priísta, a no blindar al mandatario Duarte mediante la designación a modo del fiscal Anticorrupción. Debe quedar claro que Yunes tampoco es un sujeto dechado de virtudes. Tiene un pasado oscuro, que contempla acusaciones de enriquecimiento inexplicable en cargos de administración pública.
Por otra parte, como se presenta el caso de Veracruz, algo parecido se registra en Chihuahua y en otras entidades, donde los todavía gobernadores, presurosos, tienden sus redes de impunidad, con la ayuda de sus congresos.
CÁRCEL A UNOS CUANTOS
No todos los gobernadores saqueadores del tesoro público son castigados, a pesar del enriquecimiento ilícito del que se ufanan.
Por ejemplo, en Oaxaca, los ex mandatarios José Murat y su compadre Ulises Ruiz gozan de libertad total, luego de que en su oportunidad fueron señalados de desviaciones ilegales multimillonarias del erario.
El primero, según el “The New York Times”, tiene propiedades inmobiliarias en lugares privilegiados de Nueva York; el segundo, es dueño de un hospital con tecnología de punta, en el Distrito Federal.
Ambos políticos, en vez de estar en la cárcel, cumplen funciones políticas en su partido, el Revolucionario Institucional.
Ex gobernadores que pisaron la cárcel: Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo, relacionado con el narcotráfico; Andrés Granier Melo, de Tabasco; de uña larga; está en una cárcel-hospital en el Distrito Federal, con males cardiacos, en su entidad natal lo esperan para juzgarlo; el ex mandatario interino, Jesús Reyna García, de Michoacán, se encuentra en prisión por sus nexos con el crimen organizado; Pablo Salazar, de Chiapas; por venganza política fue castigado; Narciso Agúndez también estuvo tras las rejas por la venta ilegal de terrenos, en Baja California Sur, y de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, también preso temporalmente, por el delito de enriquecimiento inexplicable.
Entre ex gobernadores que burlaron a la justicia se encuentran Tomás Yarrington Ruvalcaba, de Tamaulipas, perseguido por las autoridades estadounidenses debido a sus relaciones con la delincuencia organizada, y el coahuilense Jorge Juan Torres López, mandatario interino que sustituyó a Humberto Moreira.
Los ex mandatarios provienen de diferentes partidos políticos, aunque la mayoría son tricolores. En la autocrítica reciente sobre la derrota priísta, se llegó a la conclusión que “el PRI recibió el castigo de una ciudadanía molesta por gobiernos estatales opacos, que hicieron caso omiso en materia de seguridad”, de autoridades lejanas a la sociedad.
En términos castizos, los gobernadores no cumplieron con su papel; pero además, como vemos en Veracruz, tampoco tienen el propósito de entender que el electorado se encuentra harto del desgobierno, y Duarte, tarde o temprano, será juzgado. Como si lo anterior no fuera suficiente, durante su administración 18 periodistas fueron asesinados. La derrota priísta en Veracruz fue una experiencia que los tricolores atenderán con atención si pretenden enderezar la nave en las elecciones presidenciales del 2018. La mencionada entidad representa, según los conocedores, la tercera reserva del voto a nivel nacional.
