La guerra de Felipe Calderón
Francisco Rodríguez viernes 24, Jun 2016Índice político
Francisco Rodríguez
En noviembre del 2011, un grupo de abogados mexicanos, encabezados por Netzaí Sandoval, interpuso una demanda ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, por delitos de lesa humanidad cometidos por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y su gabinete de seguridad (sic), ocurridos después de que el moreliano declarara la “guerra contra el narcotráfico”.
Ensoberbecido, gracias al respaldo recibido en dólares efectivos por los magnates texanos y por la recomendación interesada del embajador Jeffrey Davidow, Calderón se sintió machín y desató una feroz masacre, más sanguinaria que las grandes batallas de la Revolución iniciada en 1910.
La población lo recuerda encasquetado en uniforme militar, que obviamente le quedaba guango, con cinco estrellas mal pegadas, acompañado de los capitostes de las fuerzas armadas del Ejército y la Marina, convocando a una guerra inopinada y anticlimática, sin planeación ni objetivos benéficos para nadie, excepto para justificar a sus valedores gabachos.
Sandoval y su grupo documentaron 470 casos de torturas, desplazamientos, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores, que “llevó a México a una crisis humanitaria de asesinatos generalizados, con un saldo de decenas de miles de muertos”, explicó en aquel momento el abogado en entrevista con Radio Netherland Worldwide.
Los abogados, respaldados por 23 mil firmas, responsabilizaron directamente al Estado mexicano por la ejecución de crímenes de lesa humanidad, así como al Ejército por violaciones sexuales, esclavización de migrantes indocumentados por funcionarios, en colaboración con la delincuencia organizada.
Personajes de la actualidad mexicana presentaron la demanda, ante la imposibilidad de que se juzgara aquí al borrachín que —”haiga sido como haiga sido”— mantenía una ocupación militar de la Presidencia de la República, dado que las autoridades judiciales carecían de autonomía y el fuero militar impide juzgar crímenes cometidos por el Ejército nacional.
Firmaron el documento, Edgardo Buscaglia, John Ackerman, los expertos caricaturistas de La Jornada, Rafael Barajas, Antonio Helguera y José Hernández, el Grupo No Más Sangre y, entre otros, este escribidor. Se puso a prueba la efectividad de la Corte, que hasta ese momento sólo se encargaba de enjuiciar a gobernantes de países africanos.
Con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic, sólo pasaban a la báscula a los enemigos declarados de los países industrializados. Otro antecedente era con los sátrapas colombianos, donde ni abrieron la investigación, sólo colocaron al país “bajo observación formal”.
Tratándose de Felipe Calderón Hinojosa, considerado un “aliado funcional”, trataron de poner una prueba a la CPI de La Haya. Consideraban que, si era tratado siquiera como los colombianos, se habría avanzado demasiado en abrir el ostión.
Con conocimiento de causa, los convocantes consideraron que México “vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis más dramática de su historia… una impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados”.
La petición de juicio al ex presidente de México continúa abierta y hasta el momento ha sido firmada en línea por cientos de miles de ciudadanos.
Calderón tiene el respaldo de los gringos
El gobierno de Calderón —desafortunadamente, la petición fue hecha un año antes que dejara el poder el genocida—, rechazó de manera categórica que la Estrategia Nacional de Seguridad (sic) no constituía un crimen internacional, que se alegaba al estado de Derecho y su fin era llagar a los delincuentes ante la justicia. Ni la lengua se mordió.
La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió así en un comunicado de seis puntos, que es un monumento a la inmundicia jurídica.
Cabe señalar que la Corte Penal Internacional de La Haya, establecida en 1998, se fijó como objetivo terminar con la impunidad de quienes han perpetrado los crímenes más graves de la comunidad internacional. Juzga la responsabilidad de las personas, no de los Estados.
El Principio de Complementariedad Positiva, su fundamento, sostiene que debe actuar después de que los tribunales del país involucrado no hayan podido o no hayan querido juzgar a los responsables. El gobierno de Felipe de Jesús Calderón en el poder, tenía el respaldo hipócrita de los Estados Unidos, que lo invistieron “haiga sido como haiga sido”.
Efectivamente, resultó comprobado que Calderón Hinojosa era un “aliado funcional”, un títere de los grandes intereses de la delincuencia organizada, lo mismo que de la de cuello blanco, siempre dispuestas, ambas, a defender a sus palafreneros y lambiscones.
Gracias a eso pudo salvar el pellejo. Además, gracias a los acuerdos a los que llegó, Calderón no revelaría las marrullerías, a cambio de impunidad total (véase El amasiato, reciente libro del colega Álvaro Delgado).
Desafortunadamente muchos podrán no correr la misma suerte. Demasiados avisos han recibido a partir de las masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que han llevado a cabo apoyados por las fuerzas armadas en Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Reynosa, Nochixtlán y muchísimos actos macabros.
Se resistieron demasiado a no aprobar los delitos de lesa humanidad y a no permitir el ingreso de los observadores internacionales, ni al país, menos a los tenebrosos cuarteles, donde la opinión pública juzgaba se encontraban los hornos crematorios.
Existe dolo, internacionalmente comprobado, para impedir la acción de la justicia ante la no tipificación de los delitos en el país y la resistencia a la observación de las organizaciones humanitarias, tribunales y organismos de derechos humanos, reconocidos por la comunidad global.
Pa’cabarla de rematar, la diplomacia exterior ha sido tan fallida, que a estas alturas, no cuentan con el apoyo de la oligocracia estadunidense para capear la tormenta que se les viene encima.
No cuentan ni con los argumentos satíricos que condenaron a la familia de Caperucita a indemnizar al lobo feroz “cuyo honor se vio mancillado por la conducta libidinosa y provocadora “ de la criatura fantasiosa de Charles Perrault.
Y lo peor para ellos: está dado el señalamiento de la sociedad sobre complicidad con la delincuencia organizada, y sometimiento a sus socios mayores en el ajo, utilizando a las fuerzas armadas institucionales, para no dejar huella. No tienen para dónde hacerse.
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