“Papita” para corruptos
Freddy Sánchez martes 21, Jun 2016Precios y desprecios
Freddy Sánchez
En teoría, las leyes anticorrupción parecen sobradas. Un auténtico valladar contra la deshonestidad de los servidores públicos.
Pero, en la práctica, está por verse su efectividad y contundencia.
En ese aspecto, no son pocos los que piensan que la nuevas normas legales en apoyo al Sistema Nacional Anticorrupción, carecen de lo indispensable para surtir un efecto inmediato contra los sátrapas de la administración pública.
Y aunque, indiscutiblemente, se legisló mucho y de todo, a fin de robustecer las acciones institucionales para prevenir y combatir la corrupción entre funcionarios (incluyendo medidas de fiscalización para sus potenciales socios de la iniciativa privada), subsiste el resquemor ciudadano respecto a que las leyes aprobadas, efectivamente permitirán una “limpia total” en torno a las prácticas corruptas en perjuicio del erario público.
Así que, el Sistema Nacional Anticorrupción (ahora dotado de múltiples herramientas legales), sólo es un gran aparato, cuyos beneficios sociales habrá que demostrar.
Y entre más pronto, mejor, porque si en lo que resta de la presente administración, sus resultados no convencen a la sociedad, triste será la memoria de los que hayan defraudado la confianza de la gente.
La tétrica galería de los hipócritas o incompetentes combatientes de la corrupción institucional, simplemente sumaría nuevos huéspedes.
Individuos que asumieron sus cargos con la supuesta intención de erradicar las conductas inmorales en el ejercicio del servicio público e hicieron poco o no hicieron nada en ese sentido.
Y es que si los viejos políticos priístas, a los ojos de muchos de sus críticos, se distinguieron por ser grandes maestros de la simulación en cuanto al combate de la corrupción, a los tecnócratas que los sustituyeron en altos cargos de gobierno y las áreas legislativas, no se les puede menos que reprochar más de lo mismo en eso de simular acciones aparentemente implacables contra los corruptos en áreas de gobierno y legislativas.
Se podría pensar por ello que en la lucha anticorrupción, los responsables de hacer las leyes y quienes están encargados de aplicarlas, suelen incurrir en graves omisiones o de plano les ha faltado voluntad política o sobrado ineptitud a la hora de actuar en contra de las habituales corruptelas de los funcionarios públicos.
Sano será entonces que en la tarea de perseguir a los personajes deshonestos de la política y la administración pública, en el futuro intervengan representantes de la sociedad civil. Es verdaderamente apremiante que esta vez no todo quede en simples apariencias de querer un cambio que nunca llega en materia de moralización de las actividades institucionales.
En manos ciudadanas el combate a la corrupción pública, hipotéticamente dará mejores resultados. Ya veremos si eso ocurre, lo que implicará no sólo las leyes que lo puedan hacer posible, sino la inquebrantable voluntad para conseguirlo.
De otro modo la reforma anti corrupción se reducirá como tantas otras veces en el pasado a una “papita” para los corruptos.
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