“Portazo” a la impunidad
Luis Muñoz miércoles 15, Jun 2016Segunda vuelta
Luis Muñoz
Después de largas protestas de usuarios que no estaban conformes con el servicio de los llamados “micros”, un tanto por ser una fuente de contaminación, y otro por ser un serio riesgo para la integridad de las personas, finalmente se tomó la decisión de retirarlos de la circulación.
Esta medida —de sustituir los microbuses por unidades menos contaminantes— será un parteaguas para armonizar la movilidad con el cuidado del medio ambiente y garantizar un transporte sustentable.
A la par, también se debería considerar una adecuada capacitación para los conductores, a efecto de ser más responsables y así disminuir el número de accidentes que provocan por su impericia e irresponsabilidad.
El diputado Iván Texta Solís dijo que se trata de “una deuda pendiente con la sociedad”, cuyo objetivo es garantizar un mayor orden en el transporte público y evitar la polución que ha obligado a endurecer las medidas para sanear el ambiente.
Con la sustitución de los microbuses —anunciada por el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera— se reconoce el compromiso del Ejecutivo local con la salud de las y los capitalinos, subrayó el legislador Texta Solís.
Agregó que “una ciudad de vanguardia no requiere sólo palabras con fines políticos, sino acciones concretas, como ésta, para que en los siguientes días de la semana inicie la destrucción de entre 700 y mil microbuses, como parte del programa de sustitución y chatarrización de unidades”.
Texta Solís, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior en la ALDF, se solidarizó con la medida y dijo que sienta las bases de una política pública a largo plazo que permite atender un reclamo añejo de la sociedad.
Sin embargo, apuntó que para lograr que una estrategia gubernamental sea efectiva es necesario cerrar todas las puertas a la impunidad, de ahí que la determinación de destruir las unidades para evitar que se vendan y circulen en otras entidades da certeza al proyecto.
Además, pidió a las autoridades aplicar las mismas acciones para las 3 mil unidades que serán retiradas este año, las 5 mil de 2017 y las 6 mil en 2018, hasta llegar a las 20 mil anunciadas en el programa publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
La intervención del gobierno para el cambio de los microbuses por un autobús o un vehículo eléctrico con tecnología que reduce hasta 90% la emisión de contaminantes, la disminución del número de unidades para que haya menos tráfico y se eviten accidentes de tránsito, así como la ampliación de las líneas del Metrobús, son hechos que colocan a la ciudad a la altura de las demandas ciudadanas de las urbes más grandes del mundo y un modelo a seguir en otras entidades.
Finalmente, comentó que para la adquisición de nuevas unidades, se entregarán bonos de 100 mil pesos de parte de la Secretaría de Movilidad a los concesionarios, como parte del programa de chatarrización.
FISCALIZACIÓN, A FONDO
En el tema de la fiscalización de los recursos públicos, el diputado Rogerio Castro Vázquez, sostuvo que se tiene que ir “a fondo” y para ello será determinante ver cómo va a funcionar, a partir de ahora, la Auditoría Superior de la Federación.
Al término de una reunión de trabajo, Castro Vázquez, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados, dijo que ya circularon un predictamen de parte de la presidencia, del equipo técnico que trabajó sobre el tema y que contiene propuestas de todos los grupos parlamentarios.
“Ahora, nos centraremos en la discusión de los puntos más sensibles; es muy importante darle seguimiento al tema, ya que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción”.
GRUPO DE AMISTAD CON GRECIA
Durante la instalación del Grupo de Amistad México-Grecia, el diputado perredista Antonio Martínez Soto, destacó que a lo largo de la relación entre ambos países, se han llevado a cabo diversos convenios y acuerdos de gran trascendencia en materia de comercio, educación, cultura, turismo, ciencia, tecnología, asistencia jurídica mutua en materia penal, promoción y protección de inversiones para prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y el capital.
