Quitan fuero a diputada vinculada a “El Chapo”
Nacional martes 14, Jun 2016- Podría ir a la cárcel hasta 12 años
La Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia, para conocer el dictamen de la Sección Instructora, que determinó resolver en sentido positivo la solicitud de la PGR para retirarle el fuero constitucional a la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, declaró a esta soberanía en Jurado de Procedencia y solicitó que se introdujera al salón de sesiones a agentes del Ministerio Público Federal, que solicitaron el desafuero de la diputada de Sinaloa para poder investigarla.
Ellos son Arturo Ruiz Toribio y José Arturo López Ibarra, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República (PGR).
También entraron al recinto legislativo los abogados de la diputada local, quien no se presentó, por lo que los licenciados Rubén Antonio Tamayo, Francisco Verdugo Fierro, y Rosalba Alarcón, la representan en este juicio.
De inmediato se abrió la fase de alegatos, réplicas y contra réplicas de las partes, y el Ministerio Público, Arturo Ruiz Toribio argumentó la solicitud que realizaron al Congreso para el desafuero, y afirmó que se comprobó que la diputada fue quien entró al penal a visitar al narcotraficante Joaquín Guzmán, “El Chapo Guzmán”, el 4 de septiembre de 2014.
Al hacer uso de la máxima tribuna de la nación, el Ministerio Público dijo que nadie debe estar por encima de la ley, que la solicitud se hizo con base en ella, y que se comprobó en los estudios morfológicos que la mujer que visitó al “El Chapo” fue la diputada con el uso de una credencial de elector falsa.
Después de 10 minutos que duró su intervención, subió a la tribuna el abogado de la diputada, Rubén Antonio Tamayo Viveros, quien por 10 minutos expuso su defensa en la que criticó la celeridad con que se resolvió este asunto en el Congreso, e indicó que no hay la identificación plena de la diputada con las pruebas que tiene el Ministerio Público.
Expuso que la base con la cual está la acusación de la PGR no tiene un fundamento “suficiente como para poder decir que da lugar”, y mencionó que la detención que sufrió la diputada el 20 de enero de este año fue arbitraria, ya que fue en Culiacán, Sinaloa, al salir de su domicilio.
Denunció que ese mismo día trasladaron a la diputada en un avión a la Ciudad de México, y ella procedió a dar su declaración, la cual no está en el expediente.
Cuestionó que se le acuse a la diputada de haber utilizado una credencial falsa, cuando se supone que existía toda la vigilancia por tratarse de un penal de máxima seguridad.
Detalló que se solicitó también el video de la presunta visita y no se lo dieron porque ya no existe, pues a los 27 días de haberse grabado se borran.
Al empezar la discusión sobre el dictamen de desafuero de la diputada Lucero Sánchez, el diputado federal Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sesión Instructora, expuso las conclusiones del análisis que realizaron de las pruebas que presentaron ambas partes.
El legislador priísta afirmó que la Sesión Instructora actúo con toda la autonomía que les confiere su investidura, y que debido a las pruebas, se advierte que existen diversos medios de convicción que ponen de manifiesto la existencia del delito de uso de documento falso por parte de la diputada Lucero Sánchez López.
Podría ir a la cárcel hasta 12 años
La diputada sinaloense Lucero Sánchez López podría ir a la cárcel hasta 12 años si le comprueban que utilizó una credencial de elector falsa para acudir a una audiencia en el penal del Altiplano en la que participó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán el 4 de septiembre de 2014.
Según la PGR, las pruebas periciales evidencian que la diputada presentó una credencial para votar falsa, con su foto, pero con el nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez, el 4 de septiembre de 2014 al ingresar al penal del Altiplano.
De acuerdo con el Código Penal la falsificación de documentos constituye un delito que se castiga con entre 4 y 8 años de cárcel y una multa de entre 200 y 360 días.
Pero como la diputada sinaloense es servidor público esta pena puede aumentar una mitad más, es decir, hasta 12 años de cárcel y hasta 540 días de multa.
Eso es debido a que el propio código estipula que “si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”.