La corrupción, un lastre
Luis Muñoz lunes 6, Jun 2016Segunda vuelta
Luis Muñoz
¿Por qué es importante la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción en México?
Porque la corrupción, tal como lo advierte la investigadora María Amparo Casar, es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen con mayor agudeza, como el nuestro.
Por eso es indispensable identificar y cuantificar dichos costos para conocer la dimensión del problema y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y erradicación.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014, México cayó 31 posiciones.
Pero ¿cuáles son los efectos de la crisis? Entre muchos otros, se pueden citar: -Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas. -Erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos.
-Reproduce una concepción patrimonialista del poder.
-Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social. -Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular y
-Revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación. Los tipos de corrupción tienen que ver desde la extorsión, el soborno, el peculado, colusiones, fraude, tráfico de influencias, hasta la falta de ética. Las colusiones son frecuentes en la clase política.
Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que así lo indique la ley o normatividad correspondiente.
Otros más tienen que ver con el contrabando de “fayuca”; el mercado informal (“ambulantaje”); la falsificación de pagos oficiales; trabajadores fantasma (“aviadores”), y la venta de plazas, entre otras expresiones de la corrupción.
Pero la corrupción también se da en las oficinas de gobierno. Es de sobra conocido que para agilizar algún trámite los empleados están más que dispuestos a recibir dinero, pero tan culpable es el que “mata la vaca como el que le agarra la pata”, es decir, quien ofrece dinero.
Por eso los gobiernos se han visto obligados, incluido el de México, a implementar mecanismos que evite este lastre.
Con esta finalidad, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que, aseguró, “es un paso histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad”.
Dijo que la lucha contra la corrupción “debe ser un desafío que nos convoque y nos comprometa a todos los mexicanos”. Sin embargo, no todos atendieron el llamado.
Hace unos días el sector patronal exigió a los legisladores aprobar las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, luego de que los diputados y senadores acordaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones posterior a las elecciones de ayer domingo, violando el plazo constitucional para avalar dichas reformas, que venció el pasado 28 de mayo.
La gente ya no quiere saber de casos de corrupción como los que se han dado en los últimos meses. Esto solo viene a demostrar, una vez más, no sólo la impunidad con la que pueden actuar los distintos dirigentes sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para frenar acciones de eta naturaleza.
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
En el papel suena bien, pero en la realidad es lastimoso saber que en México se siguen violando los derechos de los niños y adolescentes.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las personas menores de dieciocho años tienen derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal, y a no ser víctimas de ninguna forma de maltrato, abuso o explotación. Pero no se cumple.
En el marco de la conmemoración del Día (4 de junio) Internacional del Niño, la CNDH señaló que actualmente se ha ampliado el objetivo de la conmemoración para reconocer el dolor que sufren niños y adolescentes víctimas de toda forma de violencia en el mundo y proteger los derechos humanos de la niñez y adolescencia en los países que integran las Naciones Unidas.
