Desplazamiento forzado
Luis Muñoz viernes 27, May 2016Segunda vuelta
Luis Muñoz
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al Congreso de la Unión revisar la Ley General de Víctimas, con el fin de eliminar las restricciones que impiden al Estado reconocer a quienes padecen desplazamiento forzado interno, y puedan así acceder a los beneficios que la norma prevé para su protección y reparación integral del daño.
Un estudio sobre el tema señala que México padece de un complejo fenómeno de desplazamiento interno forzado desde la década de los setenta, ocasionado fundamentalmente por intolerancia religiosa (entre católicos y minorías de indígenas protestantes), conflictos comunales, así como disputas por tierras y recursos naturales en algunos estados, como Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, entre otros.
En el “Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México”, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la CNDH plantea al Congreso analizar y discutir la posible elaboración de una ley general sobre este fenómeno, en la que se plasmen los derechos de las personas víctimas que lo enfrentan.
Un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, menciona que las cifras generales estimadas, a pesar de la ausencia de una estadística oficial, varían entre los 3 mil y 60 mil desplazados.
La CNDH ha pedido además que se incluya los deberes del Estado en la materia, las acciones de prevención y control que sean necesarias para el combate de esa irregularidad, así como las sanciones para quienes incumplan con la ley, considerando el impacto económico.
Las autoridades competentes deben atender el problema de la protección de las propiedades de las personas desplazadas para evitar la indebida apropiación, venta, destrucción o posesión por terceros.
¿RESPONSABLE YO?: PERALTA
Serán las autoridades las que digan la última palabra en el caso del presunto fraude por la venta de viviendas.
Los defraudados, por un lado, aseguran haber perdido su patrimonio por culpa de la diputada perredista, Rebeca Peralta León, quien les pidió adelantos y nunca les entregó “sus viviendas”.
La legisladora, a su vez, desmiente cualquier señalamiento en su contra y dice que ella nada tiene que ver en este caso.
Asegura tener documentos que demuestra que esas personas se desistieron de su acusación.
Cercanos a la perredista indicaron que éste es un asunto que siempre ventilan en los medios cuando hay elecciones en puerta. Es “normal” en gente que pertenece a otro grupo, agregan.
Por su parte, los que se dicen afectados, advierten que no quitarán el “dedo del renglón” hasta que se les haga justicia.
Un grupo de personas acudió el pasado miércoles a la Asamblea Legislativa a exigir la devolución de su dinero e insistieron en que seguirán adelante “tope donde tope”.
Indicaron también que hay una denuncia interpuesta ante la Procuraduría capitalina por estos hechos, pero desgraciadamente, el asunto no camina.
Cuando se les pregunta si tienen pruebas, aseguraron que sí y exhibieron copias de recibos, cada uno con distintas cifras, expedidos por colaboradores de la diputada Rebeca Peralta León.
Incluso, mencionaron que depositaban el dinero en la cuenta 0189584528 de la Unidad Torres Quintero Asociación Civil, por indicaciones de la propia legisladora.
Gabriel Granados Mora y su esposa Lucía Crisóstomo Martínez señalaron haber depositado 220 mil pesos; Gloria Arredondo una cantidad similar; María de la Luz Miramontes, 70 mil y Carmen Carranza Bello, 133 mil, entre otras personas.
En su argumentación, la diputada por el distrito XXIV, Peralta León, sostiene que todo es falso y que incluso está valorando presentar una contrademanda por difamación.
