Busca ALDF reducir tiempos en fiscalizar la cuenta pública
Cd. de México miércoles 20, Abr 2016- Aprueban iniciativa
El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una iniciativa para reformar la Constitución y el Estatuto de Gobierno de la capital, a fin de que este órgano local tenga la facultad de legislar y determinar los plazos que agilicen la fiscalización del ejercicio de los recursos púbicos en la Ciudad de México y evitar que su uso indebido quede sin sanción.
Al razonar su voto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, promotor de la propuesta, precisó que la modificación del Artículo 122 de la Carta Magna, permitirá que la Asamblea Legislativa cumpla su función de salvaguardar los recursos públicos, legislando sobre los términos de entrega de la Cuenta Pública y el Informe de Resultados, de conformidad con la Revisión de la Cuenta Pública Federal, como sucede con las demás entidades federativas de la República.
“Mientras a nivel federal este proceso dura nueve meses y 20 días, en la Ciudad de México el procedimiento abarca cerca de 13 meses y es omiso en el término de la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública. Esa diferencia de cuatro meses genera un desfase que impacta en la prescripción del fincamiento de responsabilidades y en la emisión de observaciones y recomendaciones”, concluyó.
El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México explicó en tribuna que la reforma dará a la ALDF la atribución de determinar los términos y condiciones en los que deben ser entregados los referidos informes, con plazos que sólo podrán ser ampliados a solicitud del Ejecutivo local, siendo suficientemente justificado a juicio del órgano legislativo.
Además, que la Asamblea expida las disposiciones legales para organizar a la Hacienda Pública y a la Entidad de Fiscalización local, la cual gozará de autonomía técnica y presupuestaria, ejerciendo su función bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
Asimismo, agregó Texta Solís, que los servidores públicos, y cualquier entidad pública, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato, fondo u otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos, entreguen la información y la documentación que soliciten las entidades de fiscalización, de lo contrario los responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley.
