Penales de la corrupción
Freddy Sánchez jueves 31, Mar 2016Precios y desprecios
Freddy Sánchez
No hay por qué pensar que se quiera complacer al “Chapo” Guzmán, quien puso el grito en el cielo demandando que se ponga fin al supuesto abuso que padece en la cárcel, pero es curioso que esté a punto de aprobarse en el Senado de la República una ley para impedir el maltrato carcelario.
Que por lo demás debe considerarse como una acción legislativa que bastante falta hace.
Y es que no hay duda de que la forma tradicional de reclusión en México, (como en tantas otras partes del mundo), suele ser una aberración que poco o nada contribuye a la readaptación social de los internos.
Lo primero que se debe criticar es que si bien el ejercicio de una acción penal se trata de privar de su libertad a los presuntos delincuentes sujetos a proceso y a quienes recibieron sentencias condenatorias, eso no justifica que al mismo tiempo se les someta al menoscabo de su dignidad, mediante una restricción a sus derechos humanos.
No al menos cuando el sujeto a prisión no es de alta peligrosidad.
De modo que el hacinamiento, las golpizas y extorsiones que suelen sufrir la mayoría de los internos, (salvo cuando tienen dinero para comprarse protección y comodidades), obviamente no están amparados por ninguna ley.
Así que la reforma legal en proceso no sólo debería enfocarse en acabar con el castigo por aislamiento de aquellos reos agresivos y peligrosos a los que se les encierra en lo que se denomina como “El Apando”.
Es preciso que los senadores y diputados realicen una tarea mucho más eficaz para estudiar y aprobar nuevas fórmulas que garanticen un cambio de fondo y no únicamente de forma en el manejo de los centros de reclusión en el país.
Y en ese tenor es imperativo que se considere la legalización del trabajo obligatorio como medio para estimular la readaptación social de los internos en cualquier prisión.
Muchos de los “beneficios” que ahora los sujetos a internación carcelaria pueden adquirir con el dinero de la corrupción, (que llena los bolsillos de custodios y alcaides corruptos, además de funcionarios de mayor nivel con capacidad de mando en el manejo de las prisiones), debería ser otorgado a los presos que estén dispuestos a trabajar durante su encierro.
Por esa razón habría que pensar en un gran proyecto productivo a realizarse en los centros de reclusión, en sustitución de programas artesanales sin ninguna conexión global, que solamente se prestan a otra forma de abuso y explotación contra los internos.
Como es lógico no todos los internos son buenos prospectos para ser incorporados en un trabajo a gran escala para el que se les capacite, se les pague e incluso al salir en libertad pudieran continuar realizando en tanto no consigan un empleo formal distinto, porque ciertamente hay reos cuya tendencia delictiva es más que difícil de corregir.
Se trata pues de los considerados “carne de presidio” y a todos esos reos se les debe imponer una forma de reclusión diferente a la que podría adoptarse para los primo delincuentes y en general a quienes muestren interés y tengan el perfil que permita inducir su readaptación social mediante el trabajo en centros de reclusión que pueden convertirse en corporaciones de producción carcelaria y así dejar de ser lo que han sido durante muchos años y no han dejado de ser hasta la fecha: funestos penales de la corrupción.
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