México, primer lugar en “bullying”
¬ Jorge Velázquez miércoles 30, Mar 2016Picota
Jorge Velázquez
DENUNCIAMOS EN ESTE ESPACIO QUE LA violencia, maltrato infantil y acoso escolar en el país, va en aumento. De inmediato desde la Cámara de Diputados, hubo respuesta y se prevé que en este periodo ordinario de sesiones, se reforme la Ley General de Educación, para paliar o detener la intimidación contra los menores.
Los números respecto a este problema son preocupantes. De acuerdo al diputado Carlos Gutiérrez García, el acoso escolar se ha convertido en un problema social. En México, estudios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refieren que de 2011 a 2013 la violencia escolar aumentó un 10 por ciento. Asimismo, señala que 30 por ciento de los estudiantes de primaria sufren algún tipo de acoso, incrementándose a 40 por ciento en estudiantes de educación básica.
Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional advierten que entre el 60 y 70 por ciento de los alumnos de nivel básico han sufrido algún tipo de violencia.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos apunta que México ocupa el primer lugar a nivel internacional en acoso escolar o “bullying”, afectando al 40 por ciento de los alumnos de primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas. De acuerdo al organismo, el 11 por ciento de estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje es de poco más de 7 por ciento.
Ante esta situación, el legislador llevó a la Cámara baja, y de inmediato fue turnada a comisiones, una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación. El objetivo es establecer en la legislación los mecanismos para abordar de manera transversal y concurrente, el problema del acoso escolar o “bullying”.
DE POR SÍ CONSUMIR productos enlatados abre la sospecha sobre los males que puedan provocar. La vox populi los identifica de inmediato con causantes de enfermedades mortales, como el cáncer; sin embargo, a falta de productos frescos, de tiempo o desidia, no hay de otra, se consumen y ya. Estos hechos prendieron los focos ámbar en el Senado de la República, donde se dio a conocer que de acuerdo con un monitoreo realizado por la Profeco, en 62 establecimientos de la Ciudad de México se identificaron mil 817 alimentos y bebidas envasados que presentaban alguna deficiencia, de éstos, 14.4 por ciento tenían fecha vencida de caducidad y 12.5 por ciento la de consumo preferente. Los productos que figuraron con fecha de caducidad vencida son huevo, productos lácteos, carne empacada, bebidas no alcohólicas y agua embotellada, pescado fresco, aceites, frutas empacadas y embutidos. El asunto obligó al senador Óscar Román Rosas a proponer una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la Secretaría de Economía expida los criterios relativos al tamaño, color y área de las fechas de caducidad y consumo preferente que deben llevar los alimentos envasados.
UNA DE LAS PRIORIDADES del gobierno federal es transparentar todos los procesos públicos. Sabedores de que la corrupción es una de las causas que incrementan la injusticia, el gobierno federal no sólo ha empujado todo tipo de leyes que abaten ese grave cáncer; sin embargo, en muchas oficinas públicas, como es el caso del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que comanda Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, tales acciones parecieran letra muerta. Trabajadores y organizaciones sindicales, que pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, se quejan de que en ese sitio las corruptelas están al orden del día. El tráfico de influencias para frenar asuntos o enviarlos al archivo según sea su conveniencia es pan de cada día y en ello participan algunos de los empleados de la Oficialía de Partes que reciben las demandas y luego las hacen perdedizas. La justicia en esa institución es condicionada y al mejor postor. Bien haría el presidente magistrado, Luis Gerardo de la Peña, en supervisar esas oficinas o enviar a alguno de sus asesores para que constaten la turbiedad que mancha la imagen de la institución.
