Justicia lentísima…
¬ Augusto Corro lunes 14, Mar 2016Punto por punto
Augusto Corro
Fue detenido el ex alcalde que ordenó la golpiza a la periodista Karla Silva, de 24 años, en la sala de redacción del diario “El Heraldo de León”, en Silao, Guanajuato.
Se trata del priísta Enrique Benjamín Solís Arzola, quien estuvo al frente del gobierno municipal del 2012 al 2015.
La comunicadora fue agredida brutalmente por varios sujetos enviados por el munícipe para intimidarla y dejara de criticar al alcalde. El ataque físico puso en riesgo la vida de la reportera que recibió golpes en la cara y en todo el cuerpo. El hecho violento ocurrió el 4 de septiembre de 2014.
Desde esa fecha el político y notario público acusado de ser el autor intelectual de la agresión a Karla se burlaba de la justicia.
Solo los tres golpeadores José Samuel Ornelas Martínez, Joaquín Oswaldo Valero Garnica y Luis Gerardo Hernández Baldenegro fueron detenidos y enviados a la cárcel.
A la hora de escribir estas líneas, el ex alcalde se encontraba preso para ser presentado ante un juez que definirá su situación jurídica. En este espacio, el 11 de septiembre de 2014 se publicó lo siguiente:
“Durante la agresión (a Karla) los delincuentes gritaban:
“Bájale de tono a tus notas”.
Mientras le pateaban la cabeza, los brazos y las piernas. En las fotos de internet, la joven aparecía con el rostro bañado en sangre.
En aquella fecha nos preguntamos: ¿Quién envió a los golpeadores a intimidar a Karla?
Contestamos:
“Se supone que el presidente municipal de Silao, Enrique Benjamín Solis Arzola. En días previos al ataque, desde las oficinas de la presidencia municipal se amenazó a la reportera por sus críticas contra el alcalde.
¿Qué sigue?
Vigilar que se aplique la ley como es debido, porque el ex presidente municipal es el prototipo del cacique local con influencias y dinero suficiente para doblegar a los jueces.
UNIVERSITARIOS CONTRA DUARTE
A mediados de la semana pasada, más de treinta mil universitarios de Veracruz salieron a la calle a exigirle al gobernador priísta Javier Duarte el pronto pago de dos mil millones de pesos, para infraestructura y programas académicos atorados desde el principio del sexenio.
Esa manifestación fue una más de las inconformidades de la sociedad veracruzana contra el mandatario estatal, que no encuentra la manera superar los conflictos que surgen en la entidad a cada rato.
Problemas relacionados con las finanzas y seguridad se notan más cuando se agudiza la lucha política. En aquella entidad, en junio próximo se votará por un nuevo gobernador.
Por ahora, se vislumbra un panorama incierto para los partidos políticos; principalmente para el Revolucionario Institucional (PRI). Con todos los errores de Duarte, en el tricolor tendrán que emplearse a fondo si su idea es continuar con el poder.
La figura del gobernador Duarte no podría estar más abollada.
De plano, el mandatario veracruzano no pudo regresar la seguridad a la sociedad veracruzana. Esto se ve con claridad en el sinnúmero de desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extraoficiales , los secuestros y las extorsiones.
Durante la administración de Duarte, diecisiete periodistas fueron asesinados.
La carga se le hizo más pesada al gobernador, cuando la Auditoria Superior de la Federación (ASF) informó sobre el desvió millonario del tesoro público en la administración de Duarte.
Otro hecho importante, aun sin solución, fue la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. Se evidenció el contubernio entre la policía estatal y la delincuencia organizada.
Los propios uniformados confesaron que los muchachos detenidos fueron entregados a los criminales que los torturaron, mataron y trituraron en un molino de caña. Al gobernador le esperan días difíciles frente a la justicia que si se aplica tal cual, el gobernador podría estar en la cárcel muchos años.
MEXICANO, EN PELIGRO
El 3 de marzo, en Honduras, fue asesinada a balazos la dirigente indígena Berta Cáceres.
Dos sujetos ingresaron a su domicilio para ultimarla. En el lugar se encontraba el ambientalista mexicano, Gustavo Soto Castro, único testigo de la agresión, quien también resultó lesionado.
La situación para el connacional se complica, porque las autoridades hondureñas no le permiten al connacional salir del país, debido a que su testimonio es valioso para la investigación del crimen.
Sin embargo, la situación es difícil, porque Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo, donde las venganzas y las acciones criminales son constantes.
Soto Castro bien podría colaborar con las autoridades de aquél país sin permanecer en un lugar inseguro como ocurre en ese territorio centroamericano.
Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos demandaron la protección del activista y su regreso a México.
