¿Juicio político o Comisión de la Verdad?

Roberto Vizcaíno miércoles 9, Mar 2016

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

 

• Los casos de los gobernadores Duarte –el de Veracruz y el de Chihuahua–, son muestra de la impunidad reinante
• Hay como 300 juicios políticos abiertos y ningún inculpado sancionado
• Guízar del PES, afirma que lo que procede es iniciar Comisiones de la Verdad

 

 

En México vivimos hoy el hartazgo. Simplemente no aguantamos más que nos digan, prometan, juren que van a hacer algo para al final encontrarnos con que pasan y pasan los días, las semanas, meses, años y las promesas de actuar contra los bandidos quedan en el olvido.

Ahí están los casos de la ahora gobernadora de Sonora, la priísta Claudia Pavlovich y su antecesor el panista Guillermo Padrés a quien se supone le comprobaron cuentas en el extranjero, propiedades más allá de sus posibilidades e ingresos declarados.

O las tronantes promesas de Jaime Rodríguez, “El Bronco” contra su antecesor en la gubernatura de Nuevo León, el priísta Rodrigo Medina, a quien se cansaron de documentarle los malos manejos y la injerencia de su familia, especialmente su padre, en los asuntos del manejo financiero del estado.

Y así pasan frente a cada uno de los mexicanos las promesas de campaña de acabar con la corrupción y la impunidad para luego enterarse que nada se hace.

Hoy mismo, entre los 12 gobernadores que saldrán luego de las elecciones del domingo 5 de junio próximo, está el de Chihuahua, de nombre César Duarte Jáquez quien llegó al poder bajo las siglas del PRI y luego de una militancia dentro de la Confederación Nacional Campesina, es decir, del sector más empobrecido del partido en el poder.

Duarte el de Chihuahua (porque hay otro Duarte en Veracruz), pronto se distinguió por ser un personaje que gusta de las buenas cosas de la vida, especialmente del dinero, y sin más –aconsejado, dicen, por Jaime Ramón Herrera su secretario de Finanzas y cómplice, quien también es accionista del mismo banco–, pues se compró el Banco Progreso.

Hoy los miles de millones de pesos que le envía cada año la federación al estado de Chihuahua, pasan por el Banco Progreso, propiedad del gobernador, dejándole por eso muchos millones de utilidad.

Por si no fuese suficiente su rapacería, Duarte el de Chihuahua ha endeudado a su estado con más de 45 mil millones de pesos, sin que exista obra o programa alguno que lo justifique.

El ex campesino Duarte, dejó atrás las ropas de mezclilla y camisas de cuadros para vestir con trajes cortados a la medida de Brioni y camisas de Macys, y para lucir un look relamido muy parecido al de los personajes un tanto regordetes de Abel Quezada, esos que portaban un anillo con diamante en la nariz.

Duarte Jáquez, conocido entre algunos en el estado como el bonvivant de Hidalgo del Parral, un terregoso municipio agobiado por las carencias y la pobreza, salió además bravo para romper con reglas y ética y sin más ha colocado a sus hermanos en cargos públicos.

Así uno es rector por dedazo de la Universidad estatal y otro mandamás del área de adquisiciones, y otro del aeropuerto.

Intolerante, el Duarte de Chihuahua ha usado impune y escandalosamente el poder para usar a las instituciones bajo su responsabilidad, especialmente a la fiscalía estatal, para fabricarle cargos sus malquerientes y opositores.

Al empresario del cartón y el empaque de Ciudad Juárez, Carlos Chavira, ex dirigente de Coparmex, impulsor del evento “Juárez Competitiva”, lo mantiene exiliado en la ciudad de El Paso a base de fabricarle cargos penales inexistentes que luego de ser ganados por los abogados del industrial, son la base para nuevas querellas judiciales en un juego de nuca acabar.

Así Duarte el de Chihuahua ha pretendido encarcelar también a opositores panistas y a líderes sociales. De todo eso tiene registro el senador Javier Corral, ahora de nuevo candidato del PAN a la gubernatura del estado y quien ha prometido –¿habrá que creerle?–, que meterá a la cárcel al mandatario saliente.

Mientras tanto son memorables las fiestas del Duarte de Chihuahua que sobrepasan las 36 horas con la participación de Juan Gabriel, su artista de cabecera.

El otro Duarte, el de Veracruz, se enfrenta hoy a un juicio político abierto en la Cámara de Diputados federal, luego de que la Auditoría Superior de la Federación le documentó un desvió de recursos federales por más de 35 mil millones de pesos.

Ese reporte indica que tan sólo en 2014 Duarte, el de Veracruz, desvió 14 mil millones de pesos.

Sin embargo Javier Duarte de Ochoa, el gobernador veracruzano ha sido quien ha jalado la atención de los partidos políticos y los medios, porque bajo su mandato se han registrado ya 17 asesinatos de periodistas, porque ha endeudado a su estado por 44 mil millones de pesos, porque debe a proveedores quizá más de 60 mil millones de pesos y porque simplemente no ha hecho ni obra alguna ni ha desarrollado programa que lo justifique.

Hoy este Duarte, el de Veracruz, carga con la promesa de su principal opositor, el ex priísta Miguel Ángel Yunes Linares, hoy candidato de PAN y PRD a la gubernatura del estado, de llevarlo a la cárcel.

Esa misma promesa ha sido hecha por el candidato a sucederlo por el PRI, el senador Héctor Yunes Landa.

Y en la Cámara de Diputados las bancadas del PAN, PRD y Morena le han instaurado un proceso de juicio pólítico, que es el segundo que presentan ya que el 23 de abril de 2013 las mismas fracciones le iniciaron otro.

Por si no fuese poco, el diputado del Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar Valladares, presidente además de este partido en Veracruz, ha comenzado el procedimiento para constituir una Comisión de la Verdad en contra de Javier Duarte bajo el argumento de que los juicios políticos no se aplican en México.

Guízar recordó que hoy mismo la Cámara de Diputados tiene en proceso, desde el 2000 a la fecha, unos 300 juicios políticos contra otros tantos personajes sin que ninguno haya sido aplicado.

Así en la revisión de este procedimiento, se encuentra uno con nombres como los de:

– Santiago Creel, ex secretario de Gobernación; José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda y hoy dirigente de la OCDE; Arsenio Farell, ex contralor federal y quien ya falleció; Genaro Góngora, ex presidente de la Suprema Corte, quien se encuentra en retiro; Francisco Barnés, ex rector de la UNAM; Roberto Madrazo, líder nacional del PRI y ex candidato presidencial; Porfirio Muñoz Ledo, ex embajador plenipotenciario ante la Unión Europea y ex titular de SEP y Trabajo; Andrés Manuel López Obrador, exjefe del gobierno capitalino; Patricio Chirinos, ex gobernador de Veracruz; Ernesto Zedillo, ex presidente de México; Herminio Blanco, ex secretario de Comercio; Jorge Madrazo, ex procurador General de la República y ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes.

Hay peticiones de Juicio Político para magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o para José Woldenberg ex titular del IFE y hoy retirado a la vida académica; o el ex diputado priista Óscar Levín Coppel y el foxista Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública o el ex gobernador de Oaxaca Diódoro Carrasco Altamirano, ex secretario de Gobernación y hoy secretario general de Gobierno de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla o Rosario Robles, exlíder nacional del PRD, exjefe de Gobierno del DF, ex secretaria de Sedesol y actual titular de Sedatu.

Los únicos casos registrados de juicio político son: los aplicados en 1982 al ex director de Pemex Jorge Díaz Serrano; a un señor de apellidos Soto Maimenes, en Chihuahua; a Tomás Marentes, en Yucatán; a Bartlett Bautista, el papá del ahora senador Manuel Bartlett Díaz, en Tabasco y a Gómez Maganda, en Guerreo.

A Manuel López Obrador se le aplicó el desafuero igual que a su ex secretario y ex operador político y financiero René Bejarano, así como al diputado Julio César Godoy, medio hermano del ex gobernador Leonel Godoy, y quien operaba para la Familia Michoacana.

Por todo ello el diputado Guízar considera que lo que procede es iniciar una Comisión de la Verdad contra cada uno de los gobernadores corruptos, los Duarte a la cabeza, integrada por personajes de la sociedad civil, intelectuales, a académicos y empresarios así como políticos.

Sólo así será posible acabar con la impunidad y en verdad sancionar y encarcelar a los gobernadores corruptos y autoritarios, violadores de los derechos humanos y de las garantías individuales de los habitantes de sus estados.

Hoy la propuesta está sobre la mesa de candidatos y organizaciones civiles y políticas.

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