Informe de la CIDH no refleja situación de México

Nacional jueves 3, Mar 2016

• Respuesta del gobierno federal

 

 

El gobierno México aseveró que el informe que dio a conocer ayer miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en el país, si bien da cuenta de algunos avances, no refleja la situación general del país.

“Desafortunadamente parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”, indicaron en un comunicado conjunto las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República.

Se destaca que ha sido una prioridad para el gobierno atender las solicitudes de información y audiencia de la CIDH y las visitas que ha hecho este organismo al país.

Resaltó que el informe que dio a conocer la CIDH, producto de la visita que ese organismo internacional realizó al país en septiembre-octubre de 2015 a invitación del Gobierno federal, da cuenta de algunos desarrollos en la materia.

Desafortunadamente, dijo, “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.

Tanto en la visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en el país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH –que hoy se retoman en el informe– se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados.

Por ello, dicho informe desestima los avances y cambios estructurales que el gobierno de la República ha impulsado en los últimos años, expresó.

De hecho, en repetidas ocasiones se solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones.

Desafortunadamente, dijo, dicho informe no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de 50 años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México en 1997.

A decir del gobierno mexicano, el informe final de la CIDH incorpora referencias a las observaciones del Estado Mexicano de manera directa en aproximadamente 40 ocasiones, citando textualmente la información proporcionada pero sin contrastar dicha información con sus fuentes y análisis inicial.

Si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones de México, éstas no incidieron en el análisis final de la CIDH, en su metodología, en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones.

Resaltó que la metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial y en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento.

Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas.

Indicó que el Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia.

Por ello, “se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”, señaló.

El informe no valora que para el gobierno de la República siempre ha sido una prioridad atender las solicitudes de información de parte de la CIDH.

Además de ello, las numerosas audiencias públicas en que ha participado en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, y las visitas de los Comisionados a México en septiembre pasado, son muestra de la apertura y cooperación internacional que privilegia nuestro país y que, una vez más, el informe no recoge.

Dentro de los avances que el informe de la CIDH desestimó o recogió sólo parcialmente, está que el Ejecutivo federal presentó ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley en materia de desaparición forzada y tortura, que resultaron de un amplio proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil y otros actores internacionales.

Entre otras acciones que forman parte de los ejes prioritarios del gobierno está la protección a los derechos de las víctimas, por ello se publicó la Ley General en la materia, que prevé la instalación de un Sistema Nacional de atención y la creación de un fondo de ayuda y de reparación integral para víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

Durante su visita, a los comisionados se les informó también de las acciones de protección a sectores como periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a través del mecanismo de protección operado a nivel federal por la Secretaría de Gobernación y del fondo para la implementación de dichas medidas.

A la fecha, 489 personas y 11 organizaciones han sido incorporadas al mecanismo, que ha probado ser cada vez más efectivo, resaltó el gobierno mexicano.

Por otro lado, dijo, México ha avanzado en legislar en temas como derechos humanos de las personas migrantes y refugiados y se cuenta con una legislación sin precedentes en México y en el mundo, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además atendió a recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF.

“Todas estas acciones están enmarcadas en un marco jurídico sólido que obliga al respeto de los derechos humanos en todo el quehacer gubernamental”, anotó.

Así, el informe de la CIDH no refleja que México es un gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales, destacó.

Asimismo, muy pocos países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH, el INEGI, el INAI y el Coneval, esfuerzos que no son reconocidos ni señalados como buenas prácticas por la CIDH.

Independientemente de lo anterior, afirmó, el gobierno de la República toma nota de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe y reitera que las analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda.