Corrupto y asesino
¬ Augusto Corro martes 7, Sep 2010Punto x Punto
Augusto Corro
UNO
En su órgano informativo, Desde la Fe, la Arquidiócesis afirma: “Nos estamos dando cuenta con asombro y vergüenza que nos hemos convertido en un pueblo corrupto y asesino. No podemos acostumbrarnos a la tragedia, no debemos dejar que las autoridades sigan sin dar resultados”.
A raíz de la tragedia de los 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, el clero se decide a opinar, quizá con justa razón.
La corrupción y la impunidad van de la mano. Ambas provocan que miles de asesinos se encuentren en plena libertad.
Cientos de sicarios se encuentran en las filas de los cárteles de la droga, en las bandas de secuestradores y en los grupos dedicados a extorsionar, torturar y matar a indocumentados.
El clero señala: “no es aceptable que se acumulen miles de muertos sin que nadie resulte responsable de nada”.
En esto, las autoridades religiosas tienen suficientes fundamentos. Basta comparar el número de muertos en la guerra contra el crimen organizado. Se habla de más de 28 mil muertos. ¿Y los asesinos dónde están? ¿En qué cárceles se encuentran?
¿Realmente son investigados los miles de hechos sangrientos originados por los cárteles? Existe la idea de que el número exagerado de víctimas imposibilita la función adecuada de los representantes de la ley.
Para empezar, no hay tantos representantes del Ministerio Público federal para dedicarlos al esclarecimiento de miles de crímenes. Además, se efectúan otros tipos de delitos federales, como el secuestro y una lista interminable de indagaciones imposible de realizar.
A esto debe agregarse la pésima comunicación que proporcionan las autoridades, que en la mayoría de los casos genera más dudas que certezas.
La guerra contra el narcotráfico aparece diario en los medios; sin embargo, se ignora qué es lo que realmente ocurre. La opinión pública se entera de decenas de muertos en acciones cada vez más sangrientas. Y un hecho espeluznante sepulta a la tragedia que le antecede.
A los asesinatos registrados en Ciudad Juárez, les siguen las masacres en las cárceles, los homicidios de alcaldes y más crímenes colectivos, como ocurrió en San Fernando con la muerte de 72 migrantes centro y sudamericanos.
La Arquidiócesis es más específica sobre lo que ocurrió a los migrantes y la actuación del Instituto Nacional de Migración (INM) cuya titular es Cecilia Romero Castillo. Se pregunta: ¿Dónde están las autoridades responsables de Migración?
Por su parte, el arzobispo de Tijuana, Rafael Romo, dijo que se hace indispensable una reestructuración del INM y una revisión del desempeño de quienes laboran en ese organismo federal.
Y volvemos a repetir la historia de la infamia. Miles de migrantes que alcanzan a llegar a suelo mexicano son tratados peor que animales. Esas acciones son protagonizadas por los delincuentes coludidos con las autoridades migratorias.
En fechas anteriores se registraron abusos de los agentes migratorios contra los indefensos migrantes, sin que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Los representantes religiosos denunciaron en diferentes ocasiones los malos tratos infringidos a los indocumentados y “el trabajo de Iglesia ha sido ninguneado por autoridades federales”.
Lo ocurrido en San Fernando fue una tragedia anunciada. No fue la primera, pero sí la más sangrienta. Todo mundo sabe del viacrucis de los migrantes y nadie pone remedio a tanta injusticia.
¿Además de ser un pueblo asesino y corrupto, México se convirtió en un país de gente insensible? Sería muy grave que esto último ocurriera, porque estaríamos de vuelta a las épocas primitivas cuando el hombre vivía en cavernas.
México, repetimos, está obligado a investigar a fondo el asesinato de los indocumentados y aplicar todo el peso de la ley a los victimarios, ya sean los “zetas” o los miembros de cualquier cártel. La imagen de México se encuentra en el escaparate mundial y se esperan respuestas sobre tantas acciones sangrientas.
DOS
Más de lo mismo en la zona triqui oaxaqueña: un líder de la comunidad fue asesinado. Se trata de Pedro Santos Castro, quien fue abatido a tiros. Los hechos se registraron en San Juan Copala, convertida en tierra sin ley.
La vocera de la comunidad de San Juan Copala, Mariana Flores López, dijo que el fin de semana fue asesinado el líder Santos Castro por una banda integrada por Emiliano Martínez Santos, Francisco Moreno Flores, Camilo Ramírez de Jesús y Antonio Cruz García. Ellos son miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Estas agrupaciones son señaladas como responsables de acciones paramilitares contra los triquis que defienden su municipio autónomo.
El problema se agudiza en la zona, porque desde 2007 a la fecha, 25 personas fueron asesinadas por los paramilitares, según declaraciones de los testigos.
Entre la lista de las víctimas aparecen vecinos del lugar y dos representantes de organismos de derechos humanos.
Sin embargo, las autoridades estatales y federales dejaron que el problema creciera y se llegara a un sitio sin retorno. El resentimiento y el odio entre habitantes de San Juan Copala difícilmente serán erradicados.
Principalmente, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz es el más indicado para explicar el porqué de tanta violencia en esa zona triqui.
TRES
La policía municipal se hunde en crisis. Así lo señala un documento de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
Nada nuevo bajo el sol. En la investigación de los senadores sobre los representantes de la ley mencionados aparecen los siguientes datos: carece de capacidad para cubrir grandes territorios, no tiene acceso a la profesionalización, sus sueldos son bajos o nulos, les faltan prestaciones laborales a sus agentes y son usados como guaruras de funcionarios y sus familias, en lugar de proteger a la sociedad.
Con esas “fuerzas” policiacas no se llegará a ningún lado.
Dicha investigación reafirma que la delincuencia controla los municipios, porque los encargados de seguridad son unos ineptos.
