Leyes amañadas e instituciones sin “dientes”
Roberto Vizcaíno lunes 22, Feb 2016Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Ninguna comisión legislativa puede ni siquiera cesar a un policía, menos a un alto funcionario
- Enrique Peña Nieto propuso una Comisión Nacional Anticorrupción autónoma, que fue boicoteada en el Congreso
Porsupuesto… | Ramón
Sin ninguna duda más que la corrupción o la inseguridad el gran escollo y problema de México es la impunidad.
La ausencia de castigo y la imposibilidad de ejercer sanciones es lo que esencialmente alimenta la corrupción y la violencia.
El tema es que prácticamente todo está diseñado en México para que la impunidad prevalezca.
En este contexto y realidad, a pesar de los esfuerzos para establecer controles y límites en el ejercicio del poder, hacer de la rendición de cuentas y la transparencia métodos de contención de la desviación o mal uso de los recursos públicos, de implantar reglas de anticorrupción y de sanción a la violación del conflicto de interés, pero sobre todo para acabar con la impunidad, las crecientes exigencias ciudadanas y la propuesta de reformas simplemente no caminan.
Así brotan y crecen exuberantes, cubiertos de una inocultable corrupción y manejo abusivo, criminal, del poder, personajes como los gobernadores Javier Duarte de Veracruz, y César Duarte de Chihuahua, o Manuel Suárez de Chiapas.
O los arbitrarios y nada claros en sus manejos financieros públicos, como el de Morelos, Graco Ramírez (quien además adolece la proclividad al nepotismo), y Roberto Borge en Quintana Roo.
Ex gobernadores que se mantienen impunes, son Guillermo Padrés, de Sonora; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Ángel Aguirre, de Guerrero y otros muchos.
Ni hablar de los líderes sindicales quienes al mando discrecional de los dineros de sus agremiados, reciben multimillonarias prebendas de sus partes contractuales y además se mantienen de por vida en los cargos, sin permitir la necesaria oxigenación del relevo generacional en sus organismos.
El empresariado no anda mejor. El poder económico también se alimenta de la impunidad. Nada más hay que recordar la quiebra de Ficrea y antes la de Mexicana de Aviación sin que los causantes del ultraje hayan sido sancionados a la fecha.
El pillete de Germán Larrea puede conducir Grupo México con absoluta impunidad en medio del derrame criminal de contaminantes en un río de Sonora o someter a trato inhumano a sus trabajadores en minas como la de Pasta de Conchos y Cananea mientras él aparece en Forbes como uno de los más ricos de México y el resto del continente.
Acabamos de ver otro espectáculo de un hombre con al parecer mucho dinero, poca consciencia y nada de educación, señalado en redes sociales como #LordMeLaPelas pero que en realidad es Raúl Libien, miembro del Grupo Miled, empresa que creo y dirige su padre Miled Libien Kaui.
Raúl Libien está acusado por el City Manager de la delegación Miguel Hidalgo Arne aus den Ruthen, de haber dado la orden de golpearlo a sus guardaespaldas
Días después de este incidente, el presidente Enrique Peña Nieto se deslindó de él al señalar que no es su amigo. Y es que Raúl Libien se ufanaba en público y privado de esa supuesta amistad.
Los Libien son familiares del vicepresidente del diario unomásuno, Naim Libien Tella, que de acuerdo a una información de mediados de diciembre pasado difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es socio de Los Cuinis, una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación.
VIENE DE LEJOS
Organizado el “Sistema” alrededor del presidencialismo omnímodo que viene desde el nacimiento del llamado “México independiente” —nada más había que revisar cómo se comportaron los presidentes a lo largo de 1800 lo que derivó en la Revolución de 1910-, e institucionalizado con el surgimiento del PRI en 1928-29, todas las normas, sistemas e instituciones se construyeron para establecer la obediencia ciudadana alrededor del poder.
Para el manejo patrimonial de los recursos públicos. Para heredar sin restricciones de ninguna especie todos los cargos, desde la presidencia hasta los de intendencia. Hacer cosa común la designación a dedo.
Ante esta poderosa inercia se ha estrellado la primera propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, para crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
Esta Comisión fue visualizada por el entonces presidente electo Peña Nieto como autónoma (similar a la Nacional de Derechos Humanos), con presupuesto propio e integrada por consejeros elegidos por el Congreso, de entre personajes reconocidos por la sociedad.
Esta Comisión tendría facultades para investigar el uso de recursos dentro de todos los ámbitos del Gobierno Federal, de los de los Estados y Municipios; dentro de los poderes Legislativo y Judicial y dentro de sindicatos y partidos políticos o las empresas privadas que tuvieran relaciones comerciales y de servicio con todos los anteriores.
Estas investigaciones se podrían iniciar por denuncia expresa o por derecho de los consejeros.
La iniciativa fue entregada por Peña Nieto (siendo aún Presidente Electo hacia fines de 2012), a los grupos legislativos del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Luego vendría la cauda de reformas surgidas del Pacto por México. La clase política, empresarial, sindical, intelectual se olvidó de la primera propuesta de Peña Nieto a pesar de que todos señalaban y señalan hoy que el principal problema es el de la corrupción.
Así la iniciativa de una Comisión Nacional Anticorrupción fue sometida a tijeras legislativas y al congelador. Y ahí sigue.
Cierto: se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, pero las leyes secundarias, las que le darán operatividad y vida en la sociedad, esas siguen a discusión.
Del proyecto inicial no queda prácticamente nada. El Sistema Nacional Anticorrupción es un nudo gordiano que garantiza la permanencia de la impunidad.
SIN DIENTES
El Sistema Nacional Anticorrupción no da, por ejemplo, facultades a ninguna de las comisiones del Senado o los Diputados para cesar ni siquiera a un policía. Ninguna Comisión Legislativa puede sancionar a nadie dentro del sector público. Sólo pueden hacer investigaciones y declaraciones o pronunciamientos, emitir recomendaciones y puntos de acuerdo, que no son vinculantes.
Están los procedimientos de Juicio Político y Desafuero, pero estos nunca se ejercen.
Dentro de este esquema de impunidad la Auditoría Superior de la Federación no tiene más facultades que las de auditar el gasto público y hacer recomendaciones a la PGR o a la Secretaría de la Función Pública. Y hacer pronunciamientos en los medios como el que hizo hacia fines de la semana pasada el Contralor Juan Manuel Portal ante el conductor de noticias Carlos Loret en su programa Contraportada de Radio Fórmula.
Ahí Portal indicó que los estados que aparecen en los primeros lugares de la lista negra, “por sospecha” de mal manejo del dinero son: Veracruz, Michoacán, Jalisco Estado de México y Chiapas.
Pero de todos ellos el más alarmante es el caso del gobernador Javier Duarte en Veracruz, subrayó. En 2014, indicó el contralor, Duarte (el de Veracruz) rompió todos los límites del manejo de los recursos públicos bajo sospecha de malversación.
Al grado de que su monto pendiente de comprobación es mayor que el pendiente de 16 estados juntos.
¿Y Usted ha hablado con él o ha tenido mesas de trabajo con el gobernador?, interrogó el periodista.
En diversas ocasiones… y nunca ha cumplido lo que ha ofrecido.
¿Y qué le dice?
Que ha tenido que usar el dinero para manejar el estado…
¿Le puede tocar cárcel… o no?
¡¡¡Ojalá!!! … pero no lo puedo decir… no estoy augurando nada, pero (en el caso del gobernador Javier Duarte de Ochoa) son cosas del Ministerio Público, Procuraduría General de la República… Los datos de Hacienda federal indican que Duarte (el de Veracruz), ha recibido alrededor de 90 mil millones de pesos anuales… lo que significa que en 5 años que tiene al frente de Veracruz ha manejado sobre 450 mil millones de pesos que, sumados a 45 mil millones de deuda pública directa, y unos 60 mil millones de pagos detenidos, congelados a proveedores superan los 555 mil millones de pesos operados por él, sin que haya ninguna obra o programa que los justifique… Y habría que recordar que en Veracruz se ha dado el mayor número de ejecuciones de periodistas y ahora de 5 jóvenes en Tierra Blanca, igual que en Iguala con los de Ayotzinapa… En fin, la plena impunidad.
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