Una historia muy dolorosa
¬ Augusto Corro jueves 4, Feb 2016Punto por punto
Augusto Corro
Una de las tragedias más dolorosas ocurridas en México fue aquella en la que 49 niños perdieron la vida y 106 resultaron heridos en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
El hecho se registró en junio del 2009 y desde esa fecha, los padres de las víctimas iniciaron una lucha denodada por la aplicación de la justicia, que según se ve, nunca llegará.
Para empezar el juez de la causa no incluye la posibilidad de castigar con prisión a los 22 inculpados en el siniestro.
Tratamos el tema, porque el Juzgado Primero de Distrito pospuso por 30 días la audiencia final en la que se dictaría sentencia a los implicados en el incendio. El caso involucró a políticos de diferentes niveles que utilizaron todas sus mañas para ser juzgados.
Del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, se dijo que ordenó a uno de sus empleados prender fuego a un una bodega donde se almacenaba documentos que comprometían a su administración.
Solo que ese almacén estaba cerca de las instalaciones de la guardería que fue alcanzada por el fuego iniciado en el inmueble cercano. Otro nombre que apareció entre los responsables del incendio fue el de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala esposa del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.
A ambos personajes de la política, las autoridades los declararon libres de responsabilidad por el incendio.
EX FUNCIONARIOS INHABILITADOS
Fueron inhabilitados diez funcionarios del gobierno del panista de Sonora, que encabezó Guillermo Padrés Elías.
Por lo menos, estarán sin posibilidades de trabajar como burócratas durante diez años.
En Sonora, la administración de Padrés Elías se distinguió por sus escándalos de corrupción.
La gobernadora priísta, Claudia Pavlovich, prometió hacer una limpieza de los malos funcionarios y puso manos a la obra. Aunque, el pez gordo, Padrés Elías, aun no es llevado ante la justicia.
Al ex gobernador se le acusa de delitos que van desde el enriquecimiento ilícito hasta el lavado de dinero. Las autoridades lo investigan a él y a sus familiares.
Mientras, las autoridades sonorenses aplican multas millonarias e inhabilitan de cargos públicos a aquellos colaboradores de Padrés Elías que hicieron mal uso de los recursos públicos.
No se dieron detalles sobre las sanciones a los ex colaboradores del ex mandatario panista, pero trascendió que trabajaron en dependencias como Salud, Educación, Hacienda y la desaparecida Comunicación Social.
El ex titular de Comunicación Social, Jorge Morales, fue encarcelado el lunes pasado por su probable responsabilidad en el delito de extorsión a empresarios de Medios de Comunicación.
Otros de los posibles inhabilitados son Mario Cuén Aranda, ex tesorero estatal; Roberto Romero, ex secretario de Gobierno; Luis Felipe Romero, ex director del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, y Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda.
Entre la lista de sancionados también se encuentran: el ex secretario de Comunicación Social, Luis Enrique Montejano; Prisciliano Meléndez, último ex secretario de gobierno de Padrés; John Swanson, ex jefe del Ejecutivo; y Luis Erasmo Terán, extitular de la Secretaría Técnica.
A EVITAR NARCOPOLITICOS
El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) buscarán que el Congreso o las campañas políticas sean infiltrada por la delincuencia organizada.
Los líderes Ricardo Anaya y Agustín Basave, de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, entregaron una petición a los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, para que se implementen medidas para evitar las relaciones de los políticos con los criminales.
En los últimos días, los escándalos de legisladores y sus vínculos con delincuentes encendieron la luz roja en los Congresos. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados de Sinaloa, se ventila el caso de la diputada Lucero Sánchez, del PAN, vinculada con el capo Joaquín “El Chapo”Guzmán.
En San Lázaro hace varios días se presentó el “affaire” del diputado priista, Tarek Abdalá, y su presunta relación con el narco Francisco Navarrete, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), capturado recientemente en Veracruz.
A raíz de los hechos cruentos de Iguala, Guerrero, en los que participaron autoridades locales y narcos, los partidos políticos se pronunciaron por una vigilancia más estrecha para evitar esas alianzas.
Le demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar a fondo a los políticos que aspiran a cargos de elección popular. Ante esa tarea titánica las autoridades optaron por hacerlas a un lado.
En el presente, la solicitud de los líderes para evitar la infiltración de la delincuencia organizada en el Congreso y en las campañas políticas tendrá que tomarse en cuenta, necesariamente.
Sin embargo, esa responsabilidad debe ser compartida y deben incluirse autoridades, políticos, grupos sociales, etc.
