Inhabilitan a servidores que ayudaron a “El Chapo”
Nacional miércoles 3, Feb 2016- Después de cinco meses de investigaciones
La Secretaría de la Función Pública anunció sanciones para diversos servidores públicos que tuvieron alguna responsabilidad en la fuga de Joaquín Guzmán Loera.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció sanciones, entre destituciones e inhabilitaciones por 10 años, para diversos servidores públicos, que tuvieron alguna responsabilidad en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el 11 de julio de 2015, del Penal Federal del Altiplano.
El titular de la SFP, Virgilio Andrade Martínez, dijo que se trata de Celina Oceguera, Leonor García, Valentín Cárdenas Lerma, Roberto Cruz Bernal, Esteban Estrada Ramírez y Jorge Ignacio Cuarenta, a quienes se les “ha comprobado plenamente el conjunto de sus faltas”.
Andrade Martínez señaló que estas sanciones se determinaron después de cinco meses de investigaciones, y se trata de los casos “que teníamos abiertos”, pero la dependencia a su cargo atenderá cualquier evento al respecto.
Aclaró que de acuerdo con el ámbito administrativo, las consecuencias de comportamientos irregulares de los servidores públicos tienen implicaciones en su futuro en ese sector, es decir, que consisten en destituciones o inhabilitaciones por un periodo de tiempo máximo de 10 años.
Subrayó que la SFP atiende la parte administrativa, pero la parte penal relacionada con conductas específicas y bienes tutelados “está hoy en día en manos de los jueces, e inicia del proceso en la Procuraduría General de la República”.
Por lo tanto, los servidores públicos que incurren en irregularidades, siempre tienen dos ámbitos de sanción, el administrativo y el penal, y en este caso a la Secretaría de la Función Pública le corresponde el primero.
Anunció que a la coordinadora general de Centros Federales, Celina Oceguera Parra, se le inhabilita por 10 años por incumplir diversas disposiciones y se le imputa no haber coordinado y presentado un proyecto de presupuesto de 2014 y 2015, para activar y mantener en funcionamiento los sistemas de seguridad.
Dijo que omitió coordinar, supervisar y evaluar acciones que permitieran optimizar el funcionamiento del Centro Federal del Altiplano en materia de seguridad t celebró el 31 de diciembre de 2014 una sesión extraordinaria para autorizar y entregar una serie de bienes, fuera de la normatividad, a Joaquín Guzmán Loera.
A Leonor García García, directora técnica “C” y titular del área Jurídica del penal se le destituyó e inhabilitó 10 años, por no haber declarado el estado de alerta máxima de manera inmediata, cuando se tuvo conocimiento de los hechos.
A Valentín Cárdenas Lerma, quien era Director General del Penal, se le inhabilitó por 10 años, particularmente porque omitió establecer la coordinación con las fuerzas de seguridad en el tiempo que debió hacerlo, y no activó el Código Rojo que corresponde a estos casos.
A Roberto Cruz Bernal, supervisor penitenciario adscrito al Centro Federal del Altiplano, se le destituyó e inhabilitó por 10 años, también por razones similares, es decir, no actuar con diligencia y prontitud para activar el Código Rojo.
