Maltrato a migrantes
Luis Muñoz martes 12, Ene 2016Segunda vuelta
Luis Muñoz
A fin de prevenir la violación de los derechos humanos de los migrantes por parte de los cuerpos policiacos a nivel federal, estatal o municipal, y por personal del Instituto Nacional de Migración, el diputado Felipe Reyes Álvarez, secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara baja, urgió reformar diversas disposiciones de la ley en la materia.
La situación es delicada, pues anualmente ingresan al país 150 mil personas de forma ilegal a través de la frontera sur, provenientes principalmente de Centroamérica. En tanto que, según el Colegio de la Frontera Norte (Colef), estima que cruzan la línea fronteriza hacia Estados Unidos alrededor de 350 mil mexicanos.
Expuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que el 67.4% de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedió en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que el 29.2% ocurrió en la zona norte y el 2.2% en el centro del país, “datos alarmantes que ponen en evidencia la vejación de las garantías de este grupo de personas”.
El INM, por su parte, ha documentado diversas denuncias por actos de corrupción y delitos, entre los que destacan: secuestros, extorsiones, trata de personas, violaciones, homicidios y robo de órganos, entre otros.
Indicó el legislador que, incluso, el director Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Antonio Musi Leyva, reconoció que personal de esta dependencia se ha involucrado con redes del tráfico de personas y colaborado con el crimen organizado, e informó que se despidió a cerca de 500 servidores públicos qué no pasaron los controles de confianza.
Más adelante precisó que las reformas a la Ley de Migración buscan prohibir expresamente que ningún elemento de las fuerzas armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales podrá detener a las personas para comprobar su situación migratoria o por tener una estancia irregular en el país.
De igual manera, plantea que la protección y defensa de los derechos e intereses de los migrantes, nacionales y extranjeros, estará a cargo de la Procuraduría Federal de la Defensa de los Migrantes, que se crearía como un Organismo Público Descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, funcional y de gestión.
LAS PROMESAS DE AMLO
Dice la diputada Cinthya López Castro que Andrés Manuel López Obrador miente.
¿A estas alturas habrá quien le crea? Sus seguidores y nada más.
Ahora, según lo dicho por la legisladora, López Obrador prometió (al cabo que prometer no empobrece, dar es lo que aniquila) abrir ayer lunes cinco universidades que asegurarían un lugar a los jóvenes rechazados de otras instituciones en la ciudad de México.
Pero, hasta el momento, asegura la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa “no se cuenta con información seria que acredite la creación de dichas universidades”.
Tampoco se sabe con certeza de los recursos para el proyecto que ayer debió culminar.
López Castro dice que “aparentemente” se dispone de un presupuesto de 126 millones de pesos, pero no existe ni registro, ni planteles, mucho menos planes de estudio que avalen la creación de las cinco universidades.
Comenta que es tal la desinformación y opacidad con las que “se están iniciando” las escuelas (Por fin: se están llevando a cabo o no), que la propia página http: //escuelasuniversitarias.org.mx no arroja ningún dato relevante.
DENUNCIAS VS FOTOMULTAS
Hay una propuesta para que los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa reciban denuncias relacionadas con la aplicación de las llamadas “fotomultas” en la ciudad de México.
El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la ALDF, Armando López Campa, anunció que impulsará esta medida ante la creciente inconformidad de los capitalinos. De paso exhortó a los legisladores locales que integran los diferentes grupos parlamentarios, a que asignen un grupo de abogados que asesoren a los automovilistas afectados por esta medida del Reglamento de Tránsito, a efecto de que puedan presentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, que preside la magistrada Yazmín Esquivel Mossa.
López Campa no quita el dedo del renglón: el nuevo Reglamento de Tránsito persigue fines recaudatorios y electorales, y no salvar vidas como ha sostenido el titular de la SSPDF, Hiram Almeida Estrada.
