Graco Ramírez, ¿sólo un bocón más?
Roberto Vizcaíno viernes 8, Ene 2016Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- El gobernador morelense quiere utilizar los asesinatos para posicionarse en los medios
- La realidad es que Morelos, gobernado por él, es uno de los estados más peligrosos y violentos
- Los alcaldes del país rechazan la instauración del Mando Único Policial
Graco Ramírez, gobernador de Morelos, cree que puede ser Presidente de México. Su equipo y familia alimentan su fantasía todos los días.
Y en el cumplimiento de esta aspiración, Graco aprovecha todas las oportunidades que le da la vida y el cargo -aunque estas no sean ni morales ni éticas-, para posicionarse en los medios y distinguirse entre un conglomerado absolutamente gris e inocuo formado por el resto de los gobernadores del país.
De ahí, que hoy acapare espacios y primeras planas en los diarios y medios del país, escenificando una confrontación sin consecuencias reales con el recién llegado alcalde de Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco.
Graco afirma que Blanco es un político menos que improvisado, y de estar rodeado y manipulado por cercanos a grupos del narco y del crimen organizado.
Sin presentar prueba alguna, sólo su dicho, el gobernador Ramírez afirma que el ex futbolista rechaza la instauración del Mando Único Policiaco en Cuernavaca por órdenes de los cárteles de “Los Rojos” y de “Guerreros Unidos”.
Por decreto, Graco anuló los cuerpos policiacos de los 33 municipios del estado e impuso en su lugar al Mando Único Policial bajo el control del comisionado Jesús Alberto Capella.
Lo hizo al amparo de la oleada de indignación por la brutal ejecución de la alcaldesa de Temixco, la perredista Gisela Mota, asesinato realizado a fines de la semana pasada apenas a unas horas de que asumió formalmente el cargo.
De los 33 alcaldes morelenses sólo 2 han protestado. Uno es Blanco y el otro el de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, quien al parecer se prepara para interponer en un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Durante una serie de entrevistas realizadas el lunes pasado, Graco Ramírez de lengua alegre, afirmó que detrás de todo este jaleo están no sólo colaboradores del ex futbolista, sino algunos diputados como Julio Yáñez Moreno; el ex diputado Carlos de la Rosa y el regidor Eduardo Bordonave, líder del Partido Social Demócrata (el que postuló a Blanco a la alcaldía de Cuernavaca), así como el empresario de espectáculos Federico Figueroa, hermano del compositor y cantante Joan Sebastian, recientemente fallecido.
Horas después cada uno, en foros distintos, rechazó lo dicho por el gobernador.
Todos coincidieron en exigirle pruebas de lo que dice. Figueroa lo acusó a su vez de ser un bocón cobarde y De la Rosa recordó que Graco y él fueron aliados en la campaña electoral de hace tres años cuando él luchó y ganó una diputación estatal y Graco la gubernatura. Yáñez, por su parte indicó que el gobernador es de una incongruencia absoluta, porque por un lado lo invita a comer a su casa con su esposa, la señora Elena Cepeda, y por el otro lo acusa de ser aliado de narcos.
LOS HECHOS
Lo único cierto es que en sus tres años como gobernador, Graco Ramírez no ha podido abatir ni controlar ni el crimen ni la inseguridad en Morelos, que fue su principal promesa de campaña.
La confirmación de lo que el poeta y luchador social Javier Sicilia afirma es un estado en la desgracia, es que a fines de la semana pasada en Morelos gobernado por Graco ejecutaron a la alcaldesa de Temixco, la perredista Gisela Mota Ocampo.
Lo cierto, en este contexto es que su propia fiscalía indica que en los primeros 11 meses de 2015, los asesinatos en Morelos se incrementaron un 7.17% respecto del mismo período de 2014. Eso significa 40 ejecuciones por mes.
Luego del brutal asesinato de la alcaldesa de Temixco se sabe que unos 12 de los 33 presidentes municipales morelenses están bajo acoso o amenazas de la delincuencia organizada. Eso habla por sí mismo que en el estado gobernado por Graco predomina el crimen organizado.
Los cárteles les exigen a los presidentes municipales rechazar el Mando Único, dejarles colocar a los jefes de la policía y asumir el control absoluto de las obras municipales, así como la entrega del 10% de los presupuestos.
Esa es la realidad en el gobierno de Graco donde los índices de secuestros, extorsiones, pagos por “derecho de piso” y los asesinatos ubican a Morelos como el estado más violento del país.
Al menos así lo afirma el reporte Índice de Paz en México 2015, elaborado por el Instituto de Economía y Paz (organismo apartidista con oficinas en Sidney, Nueva York, México y Oxford, dedicado a medir la paz mundial).
En este reporte se afirma que de las 76 ciudades más grandes del país, Cuernavaca es la que tiene el mayor número de delitos violentos, lo que la convierte en una de las más inseguras.
Aun cuando Culiacán reporte la tasa más alta de homicidios promediado con la tasa de delitos con violencia, es menor el número de delitos violentos en comparación con los registrados en Cuernavaca.
En la capital de Morelos se registraron 14 mil 775 de estos delitos por cada 100 mil habitantes. Si se suma la tasa de homicidios con los delitos violentos, Cuernavaca es la séptima ciudad más peligrosa del país, con 28.7 homicidios por cada 100 mil habitantes afirma este instituto.
CONTRA MANDO ÚNICO
A contrapelo de lo que afirma Graco Ramírez, los más reconocidos analistas e investigadores de seguridad, advierten que nada garantiza que los mandos únicos estatales sean invulnerables a la penetración de los cárteles de la droga y la delincuencia.
Por ello, afirma el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, el panista Isidro López Villarreal, para los presidentes municipales agremiados dentro de esta asociación el recurso del Mando Único Policial sólo debe ser aplicado en casos de excepción.
López Villarreal advierte que la impreparación y la corrupción anulan de entrada el modelo policial que quieren imponer en el país y que hoy mantiene en crisis a Morelos.
Para quienes integran la ANAC, reitera, el Mando Único debe ser un mecanismo de excepción.
“Su imposición no debe ser la regla. El objetivo de todos debiera ser el de capacitar y fortalecer a las policías municipales, no desaparecerlas”, indica.
El riesgo es que bajo este principio de que una parte esencial del municipio como son sus policías no funcionan, entonces luego se sigan con otras áreas. Si tienen problemas para rendir cuentas, entonces Hacienda federal se hace cargo de sus presupuestos y gastos y así hasta anular todo el municipio que es la base del Sistema de Gobierno en México.
Advirtió que encima de esto a los alcaldes se les acorrala con los subsidios. Hoy, afirma, de los 2445 municipios existentes en México, solo 280 reciben subsidio para la seguridad pública.
Durante 2015 el fondo del Subsemun fue de 4 mil 869 millones de pesos que debieron ser repartidos en dos etapas: en la primer se entregaron 2 mil 434 millones de pesos y la segunda vino con un recorte de mil 223 millones de pesos y dejó fuera de estos recursos a 141 de los 280 municipios inicialmente previstos.
De estos 141 municipios, 53 ya cumplieron con su rendición de cuentas de la primera ministración y por ello reclaman el siguiente depósito que en conjunto suma 443 millones. A los 57 restantes les falta cumplir con algunos lineamientos y por ello los tiene en espera de recibir un reparto de 566 millones.
La ANAC agrupa a los alcaldes panistas y la ANAC, AALMAC y FENAM integra la Conferencia Nacional de Municipios de México, la CONAMM.
ALCALDES BAJO FUEGO
López Villarreal hace el recuento: con la ejecución de la alcaldesa suman 37 los presidentes municipales en funciones asesinados durante los últimos 10 años.
En ese lapso han matado a 7 electos. Y 31 ex alcaldes también han sido ejecutados. En total 75.
Para él en México hay tres niveles de riesgo:
Las entidades de más alta peligrosidad para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.
Les siguen Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas.
Y en un tercer nivel están Coahuila, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas.