Suspirantes (II)
Ramón Zurita Sahagún martes 17, Nov 2015De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Si las mujeres propuestas en una terna para seleccionar a una de ellas como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuentan con una carrera judicial, los hombres de la otra terna se encuentran lejanos de ello.
De las mujeres dijo el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes: “se propone a mujeres con importantes trayectorias en la actividad jurisdiccional, destacadas por la comprensión del nuevo modelo constitucional de los derechos humanos”.
Debido al puente vacacional en que se encuentra inmerso el país y los legisladores no logró que las ternas sean analizadas por los senadores que deberán desmenuzar las propuestas presidenciales.
Sin embargo, el envío de las ternas al Senado se considera un avance, ya que los ministros salientes dejarán sus respectivos cargos a finales del presente mes.
Los integrantes de la terna conformada por varones no provienen del sistema judicial, sino que lo hacen de la esfera pública, donde los tres abogados han desarrollado sus respectivas carreras, teniendo sus respectivos altibajos.
Algunos de estos personajes son cuestionados, por considerarse que sus carreras no son acordes para ocupar una de las plazas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El más cuestionado de ellos es Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado de México, cargo que ocupa desde 2014. Estudió la licenciatura en Derecho. Fungió como Consejero Jurídico adjunto en el gobierno federal.
Además se desempeñó como subprocurador jurídico de la PGJEM de 2010 a 2012, mientras Enrique Peña Nieto era el gobernador del estado.
Actuó como consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica en la administración de Vicente Fox.
Ha sido también Visitador General y Coordinador de Asesores en la Procuraduría General de la República. Participó en la formulación de las reformas al sistema de justicia penal, narcomenudeo, delitos financieros, derechos de autor y propiedad industrial, así como en la negociación de instrumentos jurídicos internacionales en materia de cooperación y asistencia jurídica, derechos humanos y extradición.
Luego de un mes de que Gómez Sánchez tomó protesta, ocurrió el caso Tlatlaya, en donde 22 personas murieron en un operativo militar, en diciembre de ese año, se exigió la comparecencia del procurador mexiquense, para explicar el motivo por el que torturaron a las dos mujeres durante su estancia en la Procuraduría General del Estado de México, la fabricación de pruebas y los actos justificados de los militares.
La nominación de Gómez Sánchez ha sido cuestionada por activistas e investigadores. Desde las redes sociales, algunos de los impulsores de la campaña por una “Corte sin cuotas y sin cuates”, han criticado el desempeño del procurador de justicia del Estado de México.
Tras recordar que una de las principales cualidades de los aspirantes debe ser el respeto a los derechos humanos, los señalamientos se han centrado en el caso Tlatlaya y en la participación que ha tenido en el caso la procuraduría a su cargo.
Álvaro Castro Estrada es un abogado que cursó la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho. Es, además, doctor en Derecho por la UNAM con mención honorífica, cuenta con una maestría en la materia que realizó también en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios.
Es catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2003 y director general de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde abril de 2015.
Anteriormente, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje fungió como magistrado presidente de junio de 2012 a marzo de este año.
En la Secretaría de Gobernación fue director general de Asociaciones Religiosas de 2001 a 2006. Fue coordinador de asesores en las secretarías del Trabajo y en la de Gobernación, durante la administración presidencial de Felipe Calderón Hinojosa y es magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Javier Laynez Potisek, doctor en Derecho Público por la Universidad de París XI Sceaux, con mención honorífica, además cuenta con una maestría en Derecho Público por la misma universidad, y otra en Administración Fiscal por la Universidad de Paris IX Dauphine. Cursó su licenciatura en Derecho en la Universidad Regiomontana en Monterrey, Nuevo León.
Imparte las asignaturas de Derecho Administrativo y la maestría en Gerencia Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica.
Actualmente es magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De febrero de 2008 a la fecha se desempeñó como Procurador Fiscal de la Federación, nombramiento que en su momento fue aprobado por el Senado de la República, a propuesta del Ejecutivo federal.
De enero de 2007 a febrero de 2008 fue consejero Adjunto en la Conserjería Jurídica del Ejecutivo federal; de mayo de 2005 a diciembre de 2006 se desempeñó como subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República.
Además, de diciembre de 1994 a abril de 2005, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal ocupó el cargo de Consejero Adjunto; fue Director de Normatividad en la Secretaría de Educación Pública de febrero de 1992 a mayo de 1994; director de Legislación y Normatividad en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto de marzo de 1991 a febrero de 1992.
El entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, propuso a Laynez como magistrado de la Corte Penal Internacional, sin embargo no aprobó desde el primer filtro.
Además, fue candidato en 2006 a magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también reprobó. Uno de los tres deberá ser elegido por el Senado como próximo ministro de la Corte.
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