Caso Iguala, un pantano de intereses
Roberto Vizcaíno jueves 22, Oct 2015Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- La creciente irritación social alrededor del caso de los 43 ha provocado errores en el gobierno
- Ya se sabía que Álvarez Icaza iba a querer vengarse del agravio de no haber sido elegido en la CNDH
- Hoy van por un tercer peritaje, ¿Qué va a pasar si ratifica el de los expertos de la CIDH?
El sonido del silencio… | Ramón
La beligerancia social surgida de la indignación por la ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha incidido en una reacción bajo presión del gobierno mexicano, que ha derivado en una cadena de decisiones muy cuestionables.
Una de estas decisiones, central sin duda, fue el dejar que Jesús Murillo Karam, que siempre ha tenido una imagen y actitud de pocos amigos y que refleja muchas de las veces no sólo cansancio sino abierto hartazgo, fuese quien diera reportes a los medios.
Es obvio que se le debió apoyar con una estrategia informativa directa, fresca, creíble basada no sólo en datos duros, sino en una explicación humana y sin rodeos del destino de los muchachos.
Se requería a un personaje distinto, quizá como el entonces vocero Eduardo Sánchez.
Este apoyo informativo debió además estar acompañado siempre con la aceptación de los padres de los 43, los amigos y los representantes de la normal de Ayotzinapa.
Si ellos no avalaban lo que se quería decir, no tenía sentido decirlo porque inmediatamente ellos iban a descalificarlo, como ocurrió.
El error de hablar entonces de una verdad histórica del caso no fue de Murillo Karam como Procurador General de la República, sino de las áreas de gobernabilidad y de comunicación social e imagen del régimen.
Ellos debieron haber evaluado y planeado una estrategia de información y presentación de datos de las investigaciones judiciales.
Casi desde el principio, hacia fines de septiembre del año pasado, ya se sabía que el asunto de los 43 normalistas había trascendido al municipio de Iguala para convertirse en el caso más complicado del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que su importancia atraía la atención de los cuatro puntos cardinales del orbe.
Tampoco se atendió la injerencia de otros intereses como los que desde entonces rodean a las acciones y pronunciamientos de los padres de los 43 y que se encubren en organizaciones defensoras de derechos humanos.
Yo quisiera saber hoy, por ejemplo, ¿cuánto dinero han recibido de fundaciones y otros organismos internaciones quienes se dicen asesores de los padres de los 43?
Y ese es sólo un aspecto de los muchos que se mueven tras las permanentes protestas y exigencias alrededor de los 43 de Ayotzinapa.
EL GRUPO DE EXPERTOS
De ahí surge el asunto de la integración del llamado Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fueron de tal tamaño los errores gubernamentales, tal la incapacidad de las áreas de comunicación social e imagen y de las de gobernabilidad para dar una respuesta coherente a este asunto, que obligaron al propio presidente Peña Nieto a aceptar y hacer suya la propuesta de la integración de una Comisión de Expertos de la CIDH.
¿A poco quienes la propusieron no sabían que detrás de esto estaba el mexicano Emilio Álvarez Icaza, y cuáles eran los rencores que este guardaba?
Era obvio, grosero, evidente que el Grupo de Expertos iba a emitir dictámenes y declaraciones dañinas para el caso y el gobierno de México, como pasó.
En estos últimos meses ha quedado por demás claro que Álvarez Icaza anidaba una venganza contra Peña Nieto que le cayó del cielo a través del Grupo de Expertos.
Y la cobró.
Luego de las conclusiones del Grupo de la CIDH, es decir de Álvarez Icaza, que anularon mediáticamente el punto central de la investigación realizada por la PGR bajo la dirección de Murillo Karam, nadie cree en nada de esa pesquisa.
Todo se vino abajo porque un experto peruano que estuvo apenas unos 30 minutos inspeccionando el basurero dijo que fue imposible que los 43 hayan sido incinerados en ese lugar.
Y eso ha terminado de herir de muerte a la credibilidad del régimen de Enrique Peña Nieto.
De nada vale hoy que juristas, analistas, autoridades señalen errores y fallos en el análisis del Grupo de la CIDH.
Arrinconado y contra la pared del escarnio y la burla públicas nacional e internacional, el gobierno de Peña Nieto sigue en las manos de ese Grupo que le ha pedido que extienda su permanencia en México y al que ha convertido en coadyuvantes dentro de la investigación que continúa abierta dentro de la PGR a pesar de que hay unos 110 detenidos, entre ellos quienes han confesado que ejecutaron e incineraron a los 43 normalistas.
SIGUEN LOS CUENTOS
Parte de esta trama fue la versión más reciente, y retomada por algunos medios mexicanos, respecto de que el Grupo de Expertos se hacía cargo de la continuación de la investigación del caso de los 43 normalistas.
Esta versión se dejó correr a pesar de que es imposible que una cosa así ocurra porque ninguna investigación judicial en México puede ser realizada por extranjeros ya que eso violaría la soberanía del país.
Un grupo de extranjeros puede coadyuvar, es decir, asesorar a las autoridades mexicanas, pero nunca realizar trabajos exclusivos de la autoridad judicial como sería, por ejemplo, interrogar testigos o imputados, y mucho menos a militares.
Esto lo dejó en claro Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación al señalar que el caso de los normalistas, les guste o no a algunos, seguirá bajo el control de la PGR.
Será entonces la PGR la que organice a un nuevo grupo de expertos que realizará un nuevo estudio del basurero de Cocula que dirá si fue o no posible que se incinerara ahí a los normalistas.
Es obvio que este nuevo grupo de expertos —en el que estarán los de la CIDH-, tiene una tarea muy endeble porque si dicen que sí se pudo haber incinerado ahí a los 43, entonces será atacado y descalificado por quienes han venido reiterando que el responsable de todo fue el Estado.
Si se ratifican las conclusiones de los expertos de la CIDH, entonces el gobierno de Peña Nieto deberá ir a otra investigación que se aleje de la realizada por la PGR bajo el mando de Murillo Karam.
Entrevistado ayer por Joaquín López Dóriga, el subsecretario Campa insistió en rechazar la posibilidad de que toda la investigación realizada hasta ahora sea desechada.
“Yo creo que hay, como hemos comentado otras veces, coincidencias fundamentales que conforman esta verdad histórica.
“Me parece que hay una coincidencia plena en torno a quiénes son los responsables (del crimen contra los 43), quiénes son los perpetradores.
Hay una coincidencia plena también, en cuáles son los hechos y, hay una diferencia que tiene que ver con, dónde están, dónde fueron llevados, y eso pues está vinculado con el estudio del basurero, y habrá de hacerse esta nueva investigación para determinar al final, si pudieron o no haber sido quemados ahí los cuerpos de los 43”.
En fin, todo un enredo en el que el gobierno es atraído hacia un fondo incierto, como en un pantano.
