La evolución de la participación ciudadana chilena en las decisiones del país

Estimados lectores, en este nuevo esfuerzo de entender a las culturas que conformamos la Iberoamérica del siglo XXI, hoy Ricardo Sepúlveda nos compartirá la visión de esa querida nación, la cual ha experimentado cambios importantes en su gestión gubernamental. Desde el intento fallido de nación socialista con el presidente Allende hasta la democracia que buscan consolidar en este siglo. Sólo con conocer y reconocer la realidad de nuestras naciones podremos entender nuestra integración. En 2002 México promulgó la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. En este artículo, Ricardo nos comparte, entre otros aspectos, la experiencia de esta nación en esta materia. Lo que nos permitirá ver que nuestros procesos políticos y sociales se encuentran concatenados.
Edgar Gómez
coordinador Letras Ibero@mericanas
edgargomez_cide@yahoo.com.mx

Ricardo Sepúlveda

Palacio de la Moneda en Santiago, sede del Poder Ejecutivo.

Chile, al igual que muchos otros países de nuestra región, se encuentra en pleno proceso de desarrollo democrático luego haber vivido la experiencia de un gobierno militar. Esto significó heredar un sinnúmero de restricciones legales que impiden una plena e igualitaria participación de sus ciudadanos en las decisiones del país. En este sentido, existe un amplio consenso de que en estos 20 años, posgobierno militar, se ha gestado una transición democrática ejemplar que ha permitido enormes avances en el acceso a la participación ciudadana. Pero, con el paso del tiempo, la dinámica que ha permitido estos avances se ha ido apagando. Con la consecuencia del desinterés y alejamiento de la política por parte de la ciudadanía.

Uno de los factores de esta pérdida de dinamismo se le atribuye al desgaste de la coalición que gobernó durante estos años, consecuencia natural de haber estado veinte años en el poder, lo que permitió que se validaran el uso de diversas prácticas viciadas. Por ejemplo, los brotes de corrupción que se conocieron en la vida pública, que afortunadamente en nuestro país todavía son materia de escándalo  y provocan un rechazo transversal de la ciudadanía.

Sobre esto, el orden constitucional impuesto y ajeno, consecuencia de la herencia del régimen militar, no permite percibir por parte de la ciudadanía la representación de sus gobiernos. Si a esto se agrega la falta de voluntad, de la clase política, de promover cambios importantes, ya sea por intereses corporativos o de otra índole, lo único que se logra es consolidar un círculo vicioso que no enfrenta la raíz del problema, como la necesidad de un buen manejo de las políticas públicas por parte de la clase política.

Quizás el enclave más importante aún sin resolver es nuestro sistema de elección de representantes para el congreso llamado “sistema binominal”. Este sistema, por su mecanismo, garantiza en la mayoría de los casos la elección de un representante de cada una de las dos mayores coaliciones de partidos políticos, la oficialista “Alianza por Chile” y la opositora “Concertación de Partidos por la Democracia”, postergando en muchísimos casos a candidatos que obtuvieron la segunda mayoría, eligiéndose el tercero y dejando sin opción a las minorías que no establecieron pactos con algunas de estas coaliciones. En este caso la influencia de nuestro voto no es de lo más democrática. La actual oposición y hasta marzo pasado la coalición gobernante ha intentado en varias ocasiones la modificación del sistema de elecciones; sin embargo, la mayoría oficialista en el congreso lo ha impedido. Es de esperar que con la nueva distribución de fuerzas en el congreso luego de las elecciones de diciembre último permita una nueva posibilidad de discutir al respecto.

Dentro de lo positivo, Chile tiene ventajas importantes como país que permiten mirar de manera optimista cambios a futuro. La más importante, y admirada por muchos países de la región, es la solidez de nuestro estado de Derecho y sus Instituciones. En lo público ayudan mucho iniciativas como la Ley de Transparencia del Estado que es un paso sobresaliente en el acceso igualitario a la información, ya que tal como su objetivo lo indica “es abrir la información de los organismos públicos a todas las personas, promoviendo un sistema estatal mas cercano, abriendo nuevos espacios a la participación y la exigencia de rendición de cuentas de la gestión pública”. Dicho de otra forma, hoy existen los mecanismos para que cualquier ciudadano común solicite información a un sinnúmero de entes del Estado sobre cualquier tema que le interese informarse, habiendo plazos establecidos para la entrega de información y existiendo el respaldo legal necesario en caso que la información no sea entregada. Esta es una herramienta importante para todos ciudadanos ya que les permite priorizar y orientar de mejor forma sus demandas.

En el ámbito privado contamos con un importante número de organizaciones autónomas, con un fuerte respaldo legal que norman el actuar de diferentes actores del mercado impidiendo el abuso  corporativo o de personas  con poder en contra de los ciudadanos.

¿Qué mas puede ayudar a reimpulsar la dinámica perdida e introducir cambios relevantes en nuestra institucionalidad democrática en favor de los ciudadanos?

Por una parte, la pérdida del poder por parte de la concertación se deberá traducir en una renovación de la clase política de ese sector, que de hecho ya se esta gestando, que estará mas dispuesta a escuchar e implementar las demandas de la ciudadanía, ya sea por convicción o por el interés natural de ganar nuevamente su adhesión para volver al poder. Por otra parte, la actual coalición gobernante debiera tener, después de ser 20 años oposición, una perspectiva distinta y mucho más comprometida con la ciudadanía, lo que se traducirá en la implementación de un importante número de iniciativas en favor de la gente.

Ambos argumentos se debieran traducir en un acercamiento de la ciudadanía que le permita involucrarse más en  las decisiones del país y producir un círculo virtuoso que genere la implementación de políticas de mejor calidad en beneficio del país.