Sucesión en la Corte
Ramón Zurita Sahagún jueves 8, Oct 2015De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Desde que el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León promovió la reforma del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió el papel que le corresponde como uno de los tres poderes de la Unión.
Antes de eso, la sujeción de los ministros a la voluntad de sus promotores (los presidentes de la República) dejaba en entredicho la verdadera independencia de ese poder.
La Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura se convirtieron en instancias con amplio reconocimiento ciudadano, donde las dos primeras son autoridades de última instancia.
De esa forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recuperó parte del prestigio perdido después de la etapa revolucionaria, cuando los ministros eran promovidos de acuerdo a los servicios prestados al partido en el poder.
La reforma zedillista pareció transformar ese carácter, de sumisión, de organismo de cuates, donde no se requería de carrera judicial, sino política para acceder a los nombramientos.
Fueron muchos los años en que la Suprema Corte era considerada como un cementerio de elefantes, donde eran enviados los políticos que ya no se requería en la administración pública, aunque existieron también los personajes con trayectoria en el Poder Judicial.
Salvador Rocha Díaz, Irma Cué, Sergio García Ramírez, Jorge Carpizo y otros personajes más que habían sido parte fundamental de la administración pública priísta fueron enviados como Ministros de la Corte.
Es cierto que todos ellos tenían una buena reputación, pero eran movidos al arbitrio de los Ejecutivos en turno, como fue el caso de Carpizo, quien pasó de la UNAM a la Corte y después a Derechos Humanos, PGR y secretaría de Gobernación. Sin embargo, los tiempos de un partido poderoso hacían que casi nadie se fijara en esos hechos catalogados como menores. Con alguna excepción, la mayor parte de los ministros surgían de las filas del Partido Revolucionario Institucional o se afiliaban al organismo político para poder crecer políticamente.
Fue el caso de Manuel Bartlett Bautista, quien tras once años como ministro de la Suprema Corte de Justicia pasó a la candidatura del PRI al gobierno de Tabasco.
Bartlett Bautista contaba con una amplia carrera judicial, pero carecía de experiencia política, por lo que su gobierno fue de solamente dos años y medio.
Ejemplos del manejo indiscriminado de los asientos en la Corte hay demasiados, por lo que aquella reforma del inicio del gobierno de Zedillo cayó bien dentro del sistema judicial.
Se jubiló a los entonces ministros y se dio paso a nuevos elementos con otras características, aunque las mujeres continuaron marginadas en este selecto club de Toby.
Eso sí, se procedió a rejuvenecer la SCJN y si antes era necesario rebasar los 60 años para ser parte del tribunal máximo, ahora se ubicó a algunos personajes menores de 50 años.
La Corte ganó respetabilidad y algunas sentencias dictadas hicieron crecer el reconocimiento hacia el tribunal que vive un momento de preocupación. Y es que el tema de la confianza entre la población es necesario hacia un organismo de ese tamaño.
La Corte es por mucho el máximo árbitro de todo tipo de controversias, el que da el último fallo, inapelable, por lo que se debe mantener la confianza en el mismo.
Por eso, los juegos de poder de los partidos no deben contaminar la sucesión de los ministros. Es cierto que hace poco la designación de Manuel Medina Mora dejó en entredicho la imparcialidad en su nombramiento, aunque finalmente no resultó tan lesionado el organismo, con todo y que el nuevo integrante carecía de los blasones para el cargo.
Se viene nuevamente la designación de otros dos ministros, donde los nombres mencionados generan preocupación, especialmente si los nombramientos recaen en dos personajes con militancia en los dos principales partidos políticos (PRI y PAN), los que les han permitido legislar como diputados y senadores.
Raúl Cervantes es el priísta que empujan para ocupar una de las dos vacantes y se analizan los nombres de algunos panistas, luego de que Santiago Creel (considerado el favorito) se deslindó de la posibilidad.
En el caso de Cervantes los comentarios apuntan hacia al favoritismo hacia su persona por ser familiar de uno de los personajes más influyentes de la presente administración (Humberto Castillejos).
Se le critica por carecer de experiencia judicial y por algunas situaciones del pasado en su función como abogado de una empresa y por presunta violencia intrafamiliar.
Los panistas pretenden también uno de los dos espacios vacantes, aunque su carta de presentación, Santiago Creel, ya manifestó su deseo de no participar en la pugna.
Los senadores deberán analizar en fecha próxima los nombres de que conforman las que envíe el Ejecutivo federal y será entonces cuando se decanten a favor de alguno de ellos.
Por lo pronto, los dos primeros nombres generan polémica y se abre la posibilidad de que la equidad de género entre en funciones, ya que una de las vacantes se producirá por la jubilación de la ministra Olga Sánchez Cordero y quedará solamente la también Ministra Margarita Luna Ramos como la única mujer en este inexplicable club de Toby que sorprende a todos en pleno siglo XXI.
Claro que una cosa es la Corte y otra los Tribunales Superiores de Justicia en los estados (el símil de la corte a nivel local), los que continúan siendo manejados por los gobernadores en turno, los que ubican en la presidencia de los mismos a personajes cercanos a su afecto o que puedan ser, hasta cierto punto manipulables.
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