Sentencia a 31 años de cárcel a militar por desaparición forzada
Seguridad miércoles 19, Ago 2015- La víctima aún no aparece desde 2012
La SCJN determinó en 2012 que los miembros de las fuerzas armadas que cometen crímenes contra civiles no deben ser procesados en el fuero castrense.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer la sentencia definitiva que dictó el juez Primero de Distrito en Materia Penal, Eustacio Salinas Wolberg, en contra de Danny Hernández Sánchez, subteniente de Infantería del Ejército Mexicano, primera en la que se juzga a un militar por el delito de desaparición forzada, cuyo proceso pasó del fuero militar al civil.
Lo anterior, señala el CJF, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que los miembros de las fuerzas armadas que cometen crímenes en contra de civiles no deben ser procesados en el fuero militar, sino en el civil.
El juez, con sede en Monterrey condenó a 31 años 3 meses de cárcel al referido subteniente, quien no sólo privó de su libertad a un hombre, originario del municipio de Los Herreras, Nuevo León, persona que hasta la fecha no aparece. También lo inhabilitó por 15 años y tres meses para el servicio público, aún cuando esta sentencia, de considerarse rigorista, puede ser impugnada.
Por el precedente que deja este primer juicio civil a un militar en servicio, el juez Primero de Distrito estableció:
La grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares, víctimas indirectas del mismo, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación del derecho a la verdad”, informa la Judicatura Federal.
Además el juez ponderó el perjuicio causado al propio Ejército Mexicano, institución que desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada.
Un antecedente más de esta sentencia, indica que la Procuraduría de Justicia Militar había presentado la acusación ante el juez Sexto Militar adscrito a la primera región del DF y tras la resolución de la Corte tuvo que turnar el expediente a la PGR, que a su vez lo turnó a un juez de Distrito.
Cabe señalar que no se trata de un militar de tropa, pues el condenado cuenta con cédula profesional en Administración Militar y es egresado de la generación 2002 de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Por razones obvias no se dio a conocer el nombre de la víctima.
