Descarta SHCP problema de sobreendeudamiento
Nacional martes 18, Ago 2015- Estados y municipios
Luis Videgaray afirma que existe una minoría de entidades federativas que presenta ya niveles muy altos de endeudamiento o problemas financieros para el pago de proveedores y contratistas.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, afirma que México no tiene un problema de sobreendeudamiento de estados y municipios, pues apenas suma el 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB.
En la presentación de la Iniciativa de Legislación Secundaria de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, dijo que este bajo nivel registrado en México se compara de forma favorable con Argentina, donde es de 7.0 por ciento, Brasil de 12 por ciento o Estados Unidos de 18 por ciento del PIB.
Videgaray Caso precisó que si bien no hay un problema de sobreendeudamiento, entre 2008 y 2013, la deuda de estados y municipios tuvo un acelerado crecimiento, al pasar de 1.7 a 3.1 por ciento del PIB.
Además, existe una minoría de entidades federativas que presenta ya niveles muy altos de endeudamiento o problemas financieros para el pago de proveedores y contratistas, advirtió el encargado de las finanzas públicas.
Ante los gobernadores de la mayoría de los estados del país y representantes del Poder Legislativo, argumentó que las leyes que presenta el Ejecutivo al Congreso significan un instrumento eficaz del Estado mexicano para atender estas consideraciones y problemas.
Y lo harán a través de tres principios esenciales de la democracia, el de responsabilidad, el de transparencia y el de colaboración, argumentó.
En materia de responsabilidad, dijo, se establecen distintos controles e indicadores con los cuales cambian las condiciones de política pública y de acceso al financiamiento de los estados.
Así, como lo establece la Constitución y las propuestas de ley, aquellos estados y municipios que han alcanzado niveles altos de endeudamiento no podrán seguir endeudándose.
Sin embargo, continuó, también aquellos que han tenido un desempeño responsable de bajo endeudamiento podrán acceder a recursos para financiar proyectos e inversión productiva pública en mejores condiciones.
En cuanto al principio de transparencia, explicó, lo que se busca es que los estados y municipios hagan públicas todos y cada uno de los pasivos con los que cuentan, para que la ciudadanía pueda conocer y exigir el buen manejo de la deuda local en donde habitan.
Videgaray Caso refirió que, de acuerdo con el principio de colaboración, los estados, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal tiene un papel que jugar para que funcione este nuevo sistema de responsabilidad.
Confió en que el Congreso de la Unión, que ha atendido este problema con creatividad, talento y responsabilidad, habrá de conocer y estudiar estas iniciativas de legislación secundaria que presenta el Ejecutivo, las cuales serán por el bien de México, de las finanzas públicas y de un desarrollo responsable y sostenido.
Si bien una asignatura pendiente es establecer un principio de orden, responsabilidad y transparencia en el manejo de las deudas de los estados y municipios, destacó que el Ejecutivo, los gobiernos estatales y el Congreso de la Unión han tomado pasos decididos para fortalecer a las haciendas públicas municipales.
Señaló que la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios ha sido largo y complejo, pero con la legislación secundaria se da un paso más para atender uno de los temas más importantes de la agenda pública y la economía nacional.
Recordó que el 1 de diciembre de 2012, el presidente Peña Nieto, en su discurso de toma de posesión, anunció 13 decisiones, una de ellas fue promover una reforma al marco legal para darle un límite, establecer orden e introducir los principios de responsabilidad en la materia del endeudamiento de los estados y los municipios.
Comentó que tras un proceso largo, después de dos años, el Congreso de la Unión llegó a un acuerdo político para llevar a cabo una reforma constitucional que establezca los principios de orden, transparencia, sustentabilidad financiera y responsabilidad en el manejo de las finanzas y deuda de los estados y municipios.
