Sindicatos, ¿buenos negociadores?
Luis Muñoz viernes 13, Ago 2010Segunda vuelta
Luis Muñoz
Mientras algunos sindicatos logran para sus agremiados incrementos directos al salario del 4.9 por ciento, como es el caso de los burócratas afiliados a la FSTSE y de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, otros como la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) sólo obtuvieron el 3.43 por ciento para sus empleados.
Seguramente, eso depende de la fuerza de negociación de cada una de las representaciones sindicales y de qué tanto estén dispuestos a defender a sus agremiados ante las posturas a veces inflexibles de los patrones.
En el primer caso, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), acordaron un aumento salarial de 4.9% ponderado, retroactivo al 1 de enero, para más de un millón 300 mil servidores públicos administrativos y de servicios generales, luego de varios meses de negociación.
El incremento lo comenzarán a recibir la primera quincena de septiembre.
A través de pláticas entre el titular de la SHCP, Ernesto Cordero, y el dirigente de la FSTSE, Joel Ayala, se estableció otorgar a los burócratas del país una ayuda mensual de 495 pesos para despensa, previsión social múltiple y ayuda por servicios, además de 800 pesos cada mes en apoyo a la capacitación.
Dicho acuerdo de incremento a las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado es similar al del año pasado en cuanto al salario, pues también fue de 4.9%.
La FSTSE tiene la representación de 86 sindicatos ante el gobierno federal y la negociación es diferente a la que hace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El incremento repercute en los sindicatos integrados a la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), entre ellos los sindicatos de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Agricultura.
Joel Ayala reconoció que en las negociaciones siempre hubo disposición y entendimiento por parte de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, encabezados por Ernesto Cordero.
Otros que lograron el mismo porcentaje de incremento al salario fueron los trabajadores de Petróleos Mexicanos.
En cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), la empresa y el sindicato acordaron un aumento al salario ordinario de 4.9 por ciento y un incremento a prestaciones por 0.41 por ciento.
Adicionalmente, pactaron un convenio de productividad empresa-sindicato, que contempla 1.11 por ciento de aumento a productividad.
La negociación entre Pemex y el STPRM se alinea al plan de negocios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 2010-2024, que busca la sustentabilidad de largo plazo de Pemex.
En contraparte, ante la amenaza de huelga por parte de los trabajadores de Red de Transporte de Pasajeros (RTP), la paraestatal otorgó un incremento de 3.43 por ciento al salario de los empleados de dicha empresa.
Por abajo del autorizado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Como se informó en su oportunidad, el Consejo de Representantes de la CNSM acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las tres áreas geográficas para el 2010 de 4.85 por ciento.
Esto es, que los nuevos salarios mínimos legales que rigen a partir del uno de enero de 2010 son los siguientes: área geográfica “A”, 57.46 pesos diarios; área geográfica “B”, 55.84 pesos diarios y área geográfica “C”, 54.47 pesos diarios.
Bueno, los trabajadores de RTP obtuvieron sólo el 3.43 por ciento y un incremento en sus prestaciones, como en la ayuda por vales de despensa, que pasó de 450 a 500 pesos, y el apoyo por alimentos de 300 a 350.
Con esta negociación, 3 mil 454 trabajadores se vieron beneficiados; a pesar de que el aumento no cubrió las expectativas solicitadas en un principio (20 por ciento), tampoco los trabajadores quedaron del todo satisfechos.
Nada más para darse una idea de la abismal diferencia entre lo que gana un obrero de salario mínimo y lo que obtiene un funcionario, diremos que el que menos perciben son 500 mil pesos mensuales libres de “polvo y paja”, más prestaciones, obviamente.
Hace unos meses el secretario general estatal del Partido Convergencia, Enrique Sánchez Velasco, decía que los senadores, diputados y magistrados del Poder Judicial, deberían de reducir sus privilegios y sus salarios, pues no es posible que haya sueldos de 500 y 600 mil pesos porque es un insulto a la ciudadanía.
Tiene razón: los números “no mienten”.
Es situación ha generado inquietud en la gente, lo cual no es buena señal. Los partidos políticos y los gobernantes en turno no deben soslayar este descontento, más aún cuando hay en puerta elecciones importantes y que en 2012 estará en juego la Presidencia de la República.
No olvidemos, como apuntaba Sánchez Velasco, que, según estadísticas, en México hay más de 50 millones pobres y por lo tanto la política debe de encaminarse a una profunda reforma fiscal, mediante la cual paguen más impuestos los que obtienen grandes ganancias.
El Presidente de la República tiene que revisar con los grupos sociales y sentarse a discutir con ellos los problemas del país, y no con los poderosos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial.
CONVENIO ALDF-TSJDF
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar, dijo ayer durante la firma del Convenio de Colaboración entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia capitalino, que este hecho dará “muchísima fortaleza” al sistema de declaraciones vía internet.
La implementación del referido sistema en una primera fase para el Consejo y en una segunda fase para el Tribunal, establece las atribuciones que ejercerá la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en materia de registro, situación y modificación patrimonial de los servidores públicos adscritos al Consejo y al Tribunal, a través del sistema denominado declara@web.
Con ello, se implementaron tanto en el Tribunal como en el Consejo mecanismos que facilitan a los servidores públicos de ambas instituciones el cumplimiento de la obligación de presentar su declaración patrimonial en tiempo, cumpliendo una serie de requisitos y formalidades que permiten allegar información con el fin de dar seguimiento de la situación de sus bienes, dentro del esquema de transparentar de esta manera su actuación conforme a la Ley de Responsabilidades vigente para el Distrito Federal que recoge el espíritu juarista que reza: los funcionarios no pueden disponer de la renta sin responsabilidad ni pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que la ley le señala.
El convenio suscrito es una clara muestra de la creciente confianza entre ambas instituciones y para fortalecerlas es indispensable continuar acciones que reflejen el apoyo mutuo para el desarrollo de cada una de sus funciones.
Desde luego, dijo, tenemos qué entender que los poderes de esta ciudad caminan de la mano en función de los intereses de todos los habitantes.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales Magdaleno, se refirió al acto como un acontecimiento “sencillo, pero significativo para los que estamos encabezando importantes instituciones. Importantes por la encomienda, la tarea que nos han delegado los ciudadanos y que hoy nos permiten demostrar lo positivo que es respetar nuestros ámbitos y hacer efectiva la separación de poderes, pero caminar con esfuerzos en conjunto.
Luego señaló: “es importante seguir aprovechando las nuevas tecnologías para poder facilitar la rendición de cuentas y transparencia, encomienda asumida al inicio de esta legislatura, convertirnos en el espacio legislativo más transparente de todo el país, para ser congruentes con el lugar que hoy ocupa el DF.
CONDICIONES ADVERSAS
Para el diputado del PT, Arturo López Cándido, el gobierno capitalino tiene que mostrar en el próximo presupuesto, planes y programas emergentes para revertir institucionalmente las condiciones negativas de la juventud en la capital. Luego afirmó que para el pueblo, la medida de la crisis no está en las cifras, ni en los conceptos de cómo medir su pobreza. El pueblo se sabe pobre, y excluido de una vida con dignidad. Para ese pueblo hay un grupo social extenso e innumerable: los jóvenes, las generaciones emergentes que no están encontrando ni siquiera la mínima puerta para seguir con sus estudios y viven continuamente empujados a la búsqueda de trabajo.
