Subasta de energéticos
Francisco Rodríguez martes 11, Ago 2015Índice político
Francisco Rodríguez
Concepto básico de la justicia jurídica es que no todas las soluciones a los problemas políticos se encuentran en la letra de los códigos. Más allá de los límites de la ley, cuando ésta no puede aplicarse al caso concreto de lo cotidiano, hay siempre otra solución.
Desde luego, la fórmula no es para evadir el cumplimiento, pues nadie está exento de cumplir con el derecho, a pesar de que desconozca la existencia de la norma. Por eso, ésta es impersonal, universal y obligatoria erga omnes.
La solución está al alcance de quienes quieran cumplir con su contenido y con su espíritu, pero no encuentran la adecuación tipificada en la ley civil. Más allá de esos límites queda la justicia social, el arte del acuerdo, el de la suma de voluntades.
El objetivo siempre es ampliar las protecciones sociales de manera solidaria, para afrontar las perniciosas heridas de las crisis morales, económicas, políticas, culturales que, a manos de gandallas, están arrasando con colectivos enteros.
La justicia social, derivada del derecho político moderno, usa el poder para modificar ecuaciones del sistema económico, con el fin de alcanzar resultados con valores éticos, que las fuerzas del mercado no pueden lograr.
Todo sistema jurídico que existe en el mundo debió ser constituido a través de la lucha revolucionaria. La estructura de derecho en vigencia ha tenido que ser impuesta a todos aquellos que en principio no la aceptaban.
Además, todo fundamento jurídico, tanto el que sostiene a un pueblo, como el que corresponde a un individuo, supone que sus titulares estén constantemente dispuestos a defenderlo.
Hay países que centran los alcances de su estructura jurídica y por ende de su desarrollo social en la imposición de modelos tecnocráticos basados en el burocratismo. Hay quienes tienen estructura feudal corporativa.
De igual manera, hay los que reforman sus leyes para perder su libertad, o que, supuestamente, alcanzando la plenitud, aglomeran sociedades sin mañana, sin impulsos reivindicadores, “aburridas de su bienestar” y las peores, las que instalan en las cúpulas camarillas de privilegiados.
Jamás, nadie supuso que toda esta construcción ideológica acabara por resumirse en el concepto de un derecho populista de subasta.
Populismo de derecha que no se atreve a decir su nombre
A esta última categoría pertenecen las bases jurídicas que hicieron posible el “milagro mexicano” o, si se quiere, las famosas “reformas estructurales”.
Han diseñado un despiadado proceso de “causación circular acumulativa” —el Nobel Gunnar Myrdal dixit. Leyes conservadoras, a modo y medida de los explotadores de siempre, con amplios subsidios y descuentos fiscales, patrimoniales y tarifarios.
El ejemplo acabado de nuestros días son las “fabulosas rondas” de la subasta petrolera y energética, que sacrifican el ahorro colectivo, relegan el papel del Estado a un término secundario y apuntalan a la burguesía financiera.
Propician el crecimiento anárquico industrialista, agudizan los problemas en las macrocefálicas urbes, ensanchan los cinturones de miseria, propician la delincuencia y disminuyen el ingreso real por habitante.
En nombre de un inexistente y fantasioso “Estado liberal” debilitan el poco poder que le queda en el entorno internacional, abjuran del concepto de la justicia social, del bienestar y de los derechos y prestaciones a que es merecedor todo hombre, por el hecho de serlo.
Tergiversan los conceptos de integración, equiparándolos a la asimilación de un concepto ajeno del éxito para las grandes masas. Lo mismo que pretenden sustituir el de equidad, por falsas igualdades, utópicas en un mundo distorsionado.
El desempleo acumulado, causado por las insuficiencias del crecimiento industrialista, la injusticia en el campo y la ausencia de participación popular en la toma de decisiones vitales, han reforzado un concepto derrochador de populismo de derecha que no se atreve a decir su nombre.
Cuando a finales de los setentas del siglo anterior se sometió la política económica y la estructura jurídica a los dictados de los intereses trasnacionales, se agotaron los principios programáticos de lo que quedaba de la Revolución mexicana.
La firma del TLC fue la puntilla. A partir de 1994, todos sabemos lo que significó en términos de pérdida de soberanía y de socavamiento de la lucha popular esta argumentación entreguista, anexionista y antinacional.
El abandono del campo, la integración de la planta industrial en términos desfavorables —que sólo nos dejó como falso orgullo el ensamblaje de carros de firmas de exportación, ajenas y desconocidas para el gran público— fueron sus banderas.
La desfavorable balanza de pagos y de intercambio comercial con los socios más aventajados, la migración millonaria de trabajadores rurales hacia Estados Unidos y la ausencia de crecimiento de la economía durante los últimos treinta años son más que emblemáticos.
Muchas veces, hasta con cierta pereza se hace el recuento de los saldos negativos que ha dejado a todas las generaciones de mexicanos el empeño entreguista de los “dirigentes” de la economía chichimeca.
Pero alguien tiene que recordarles que dieron al traste con cualquier aspiración popular, y lo siguen haciendo cambiando por espejitos la riqueza petrolera en enormes campos de aguas someras, que por desconfianza nadie les quiera arrendar.
Han acabado hasta con los cimientos ideológicos de la estructura burguesa del derecho capitalista tradicional, para decirlo con suavidad. Han ido más allá de cualquier límite que imponía el estado conservador del derecho de los abogados.
No sólo han glorificado y llevado a los altares del culto nacional la depredación de los recursos naturales. Han ajustado a su conveniencia las reformas “estructurales” aprobadas por el Constituyente Permanente para pretender saciar un apetito inabarcable.
Todos los conceptos fiscales, de “producción compartida”, de venta a mitades, de derechos, productos y aprovechamientos sobre la explotación energética y eléctrica, han sido relegados “pa’ servirle” a los patrones autóctonos e internacionales.
Dijeron que iban a preservar a Pemex y a la CFE, pero…
De nada sirvió que en la Constitución se impusieran algunas leves taxativas, algunas referencias a límites geográficos para reservarlos a las grandes “empresas productivas estatales” en la que se iban a convertir Pemex y la CFE, algunas añoranzas del recóndito nacionalismo que se resistían a morir. Todo ha sido en vano.
Los retintines de la “modernización de la industria energética”, al paso de pocos meses, suenan más a “réquiems” del Estado tutelar y benefactor que soñaron nuestros antepasados. La falta de alimento, seguridad y asistencia médica, sólo para referirnos a lo esencial, tienden también a morir.
La ideología política, los supuestos normativos de la justicia, la organización de las masas y la estructura social para perseguir el desarrollo integral, son ya una desvelada interpretación de la cruda realidad. Lo que existe son artificiosas licitaciones, jugosas adjudicaciones y enormes comisiones.
Ante esta sinrazón, en ningún lado del mundo, menos en México, alcanzan ya ni los más elementales principios de los modelos, pautas e instituciones del capitalismo liberal.
El derecho de los privilegiados, de los que quieren resolver en pocos meses las necesidades de sus descendientes, es un instrumento perverso y defectuoso. La ley sólo es para quien la puede pagar, si acaso.
Se ha impuesto la única ley que quedó, la ley de la subasta a precio de regalo.
¿A quién o a quiénes les adjudicará la historia este desastre?
Índice Flamígero: + + + Mi más sentido pésame al amigo y editor José Luis Montañez Aguilar por el sensible fallecimiento de su señora madre, doña Dolores Aguilar de Montañez. Descanse en paz.
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