Afirma Mayagoitia que el Poder Judicial no encubre ilegalidades

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que preservar a los jueces ante la intimidación y corrupción ‘son dos preocupaciones constantes en quienes integramos el órgano de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación’. En el marco del Diálogo por la Seguridad. Hacia una Política de Estado, con representantes del Poder Judicial, sostuvo que la lucha en contra de la delincuencia común y organizada debe continuarse con ‘absoluto’ apego a la ley y al Estado de derecho.

Aclaró que en ese poder ‘no encubrimos ninguna actuación ilegal o indebida’, pues todas las denuncias son investigadas y de 2007 a la fecha en el Consejo de la Judicatura se ha sancionado, por faltas administrativas en diversos grados, a 42 jueces de distrito y magistrados de circuito.

El presidente de la SCJN afirmó que no probar la responsabilidad plena a criminales o cometer errores al recabar pruebas lleva a decretar libertad de delincuentes que llegan ante el juez y además puede generar un aumento de criminalidad.

En el 15% de los casos no se presentan pruebas contundentes y por eso los jueces decretan libertad de los casos, mientras que en el 85% de los asuntos donde se dicta auto de formal prisión llegan a sentencia condenatoria.

En el quinto día de Diálogo por la seguridad, evaluación y fortalecimiento, en el Campo Militar Marte, ante el presidente Felipe Calderón dijo que si tampoco hay experiencia en la policía los procesos resultan fallidos en los juzgados.

Calderón preguntó por qué, por ejemplo, en Chihuahua avanzan las reformas penales y es la entidad con mayor violencia; pidió una explicación sobre cómo impactan las reformas, pero sobre todo por qué hay pocos sentenciados en comparación con el número de detenidos.

“Algo que percibo es que hay un alto número de personas detenidas en acciones de la policía o de las Fuerzas Armadas o detenidas en flagrancia, sin embargo, también, finalmente el número de personas sujetas a proceso o condenadas es significativamente menor al número de personas que se detienen. ¿Eso obedece a deficiencias que estamos teniendo en el ministerio público federal o estatales? ¿A qué obedece? ¿Hay algo que se pueda hacer con ello?”, dijo Calderón.

“Tiene que llevarse en forma coordinada con todos los actores del nuevo proceso penal. Si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación”, respondió Ortiz Mayagoitia.