La corrupción somos (casi) todos
Roberto Vizcaíno lunes 20, Jul 2015Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- La ley considera como sujetos corruptibles, no sólo a funcionarios, sino también a particulares
- México está en el lugar 103 entre 175 países, de acuerdo a Transparencia Internacional
- Luego de 32 años de que se creó la Contraloría no ha habido avances contra la corrupción
Horario difícil… | Luis Xavier
Con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1983 el presidente Miguel de la Madrid reconoció por primera vez la existencia de un profundo deterioro institucional a causa de la corrupción.
Esta Secretaría debería vigilar a las dependencias federales para erradicar la corrupción de ellas.
Ello porque las denuncias y exigencias ciudadanas contra la corrupción gubernamental eran ya desde entonces tan persistentes y graves, que el lema de la Renovación Moral se convirtió en el eje de la campaña presidencial de De la Madrid.
Treinta y dos años después, apenas en abril pasado y a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto -quien en su primera iniciativa legislativa propuso crear la Comisión Nacional Anticorrupción-, el Congreso aprobó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Al entregar su iniciativa, Peña Nieto ampliaba y profundizaba el combate contra la corrupción en México al extender el combate a los tres poderes de la Unión —el Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y además incluir a los mismos poderes en los estados y en los municipios.
El Sistema Nacional Anticorrupción incluye además dentro del combate, a particulares y sus empresas.
Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción de Peña Nieto deja atrás el concepto de corrupción de Miguel de la Madrid que sólo incluía a las instituciones y funcionarios federales, para ahora ampliarla a todos en México.
Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción no sólo considera como sujetos corruptibles a los funcionarios de todos los niveles en México (federales, estatales y municipales; legisladores y jueces), sino también a los ciudadanos y las empresas.
Eso significa que habría que reconocer que en este México de 2015 la corrupción somos (casi) todos.
HAY QUE PARTICIPAR
Avanzar en este reconocimiento no sólo nos ayudaría a disminuir y acabar con la corrupción, sino a mejorar sustancialmente la mejor utilización de los recursos públicos.
Mientras los ciudadanos no hagan suya la guerra contra la corrupción, afirmó a fines de la semana pasada Virgilio Andrade, titular de la Función Pública, ésta persistirá como el primer gran obstáculo y enfermedad de la sociedad.
Acabar con este problema, agregó, requiere de la decidida participación ciudadana.
Así, al participar en el octavo Encuentro Nacional de Contraloría Social, Andrade consideró que una muestra de ello es la supervisión que realiza la Contraloría Social a los programas contra la pobreza.
Tan sólo en lo que va del año, señaló, 54 programas federales son auditados bajo este esquema en beneficio de la población.
El encuentro mismo, dijo, es un reconocimiento a la coordinación entre el gobierno federal y los estados en el combate a la corrupción, así como al esfuerzo ciudadano para mejorar su calidad de vida.
Hoy más de 134 mil personas capacitadas en estas tareas, precisó, integran ya los 31 mil 500 Comités de Contraloría Social en el país.
Un dato por demás importante, agregó, es que el 70 por ciento de estos vigilantes ciudadanos son mujeres, quienes se caracterizan por su honestidad y vocación de servicio.
En ese encuentro, el Coordinador Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, Juan Pablo Yamuni Robles indicó que pese a los avances alcanzados, es necesario impulsar el esquema de la Contraloría Social para fortalecer la participación ciudadana.
Este es una herramienta importante para avanzar en el combate a la corrupción, en la cultura de la legalidad y en la rendición de cuentas, dijo.
32 AÑOS DESPUÉS
En estos últimos 32 años, desde que en 1983 el presidente Miguel de la Madrid propusiera y el Congreso creara la Secretaría de la Contraloría General de la Federación dentro de su propuesta de Renovación Moral, el problema no sólo no disminuyó sino que hoy alcanza niveles en que la corrupción ha destruido prácticamente toda la confianza y la credibilidad de los mexicanos no sólo en sus instituciones y sus gobernantes, sino en todos los ámbitos de la vida del Estado.
Tan grave es hoy el problema de la corrupción en México, que el último reporte de Transparencia Internacional, el de 2014, declara a este país sin avances en su combate anticorrupción.
“En 2014 México se ubicó en el lugar 103 de 175 países con una puntuación de 35/100. El país mejor evaluado es Dinamarca con 92 puntos; Corea del Norte y Somalia, los percibidos como más corruptos. México comparte ubicación en la tabla con Bolivia, Moldavia y Nígeria.
“En América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil.
“México se ubica en la última posición (34/34) entre los países que integran la OCDE”, precisa el reporte de Transparencia Internacional, y concluye:
“México requiere un cambio de fondo en su estrategia anticorrupción”.
Pero, ¿qué pasó en estos 32 años luego de la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación?
Los hechos indican que la corrupción simplemente se amplió y profundizó.
Lo único que cambió fueron los nombres de la dependencia. De 1983 a 1994 se llamó Secretaría de la Contraloría General de la Federación y a la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia, la transformó en Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Así se quedó hasta que Vicente Fox la transformó en 2003 en Secretaría de la Función Pública.
En su primera etapa —de 1983 a 1994 los secretarios fueron Francisco Rojas Gutiérrez, Ignacio Pichardo Pagaza y María Elena Vázquez Nava.
Al cambio de nombre a Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Zedillo designó como titular a Norma Samaniego quien duró apenas un año para luego designar a Arsenio Farell Cubillas, quien entregó la dependencia en el 2000, al ex gobernador de Chihuahua, el panista Francisco Barrio Terrazas.
A Barrio le tocó promover el cambio de nombre a Secretaría de la Función Pública, y entregar el cargo a Eduardo Romero Ramos.
En el sexenio del panista Felipe Calderón la dependencia tuvo 3 titulares: Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas y Rafael Morgan Ríos.
Tan inútil resultó en el combate a la corrupción, que en la presidencia de Calderón se intentó desaparecer esta secretaría.
En la administración de Fox, Francisco Barrio abrió el expediente del llamado Pemexgate con el que se intentó llevar a la cárcel a varios altos funcionarios y que terminó por reconocer que prácticamente inventó el caso, pues legalmente nunca hubo delito en la transferencia de unos 800 millones de pesos del Sindicato Petrolero a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida.
Hoy todos los implicados está libres y sin cargo alguno.
A la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, el encargado de la Secretaría de la Función Pública, Julián Olivas Ugalde, participó en la detención de la maestra Elba Esther Gordillo y luego dio a conocer que en la construcción de la Línea 12 del Metro, no se pudieron comprobar 480 millones de pesos, de los recursos federales aportados para esa obra.
Hasta hoy nada ha ocurrido con ese desvío de fondos.
Promulgada en mayo por el presidente Peña Nieto la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, su aplicación se encuentra inconclusa porque el Congreso tiene paradas las leyes secundarias.
Ojalá y no pasen otros 32 años para que se haga realidad este Sistema Nacional Anticorrupción.
