Ya no se puede trabajar así
¬ Armando Rojas Arévalo jueves 5, Ago 2010Epistolario
Armando Rojas Arévalo
FRANCISCO: ¿Cuántas veces hemos denunciado en este espacio la desaparición o secuestro de periodistas? Tanto que, sospecho, mi editor exclama “¡otra vez!”, cuando lee las entregas en que refiero alguna agresión a un comunicador.
Nadie ha dicho que el periodismo sea una profesión fácil y cómoda. Si no que lo digan, en el plano en que se encuentren, ZARCO, los FLORES MAGÓN, o MANUEL BUENDÍA, más cercano a nuestro tiempo. Hay muchísimos ejemplos en la historia.
Hemos informado de la muerte de editores de provincia, bombazos a medios en Torreón, Juárez, Culiacán y algunas poblaciones de Michoacán y Guerrero, y “levantones” de reporteros en diversas partes del país, pero no pasó nada, hasta que el crimen organizado secuestró hace unos días a ÓSCAR SOLÍS, reportero de “El Vespertino”; HÉCTOR GORDOA, de Televisa; JAVIER CANALES FERNÁNDEZ, camarógrafo de Multimedios Laguna (Milenio TV), y ALEJANDRO HERNÁNDEZ PACHECO, de Televisa Torreón.
El secuestro, acompañado de la amenaza de que si no se publicaba lo que ellos –los delincuentes- querían, iban a matar a los comunicadores, fue el detonante para que medios y gobierno se pusieran a reflexionar sobre lo que debe hacerse para detener las agresiones a periodistas y el asalto a los contenidos editoriales.
En mala hora los compañeros comunicadores fueron secuestrados, vejados y torturados; en buena hora fueron liberados salvos.
Desde hace tiempo la prensa mexicana, en especial la de provincia, viene sufriendo los embates de los delincuentes, para acallarla. Editores de diarios, semanarios o quincenales han sido silenciados, reporteros modestos han sido desaparecidos, y algunos periódicos y estaciones de radio y televisión (incluyendo en estas últimas las de Televisa en Monterrey) han sido objeto de atentados a balazos o granadazos. Esto forma parte de la pesadilla cotidiana que vive la libertad de expresión en México, y la mayoría (si no es que todas) de las agresiones ha quedado impune, por la omisión o la falta de voluntad del gobierno. Esto también lo hemos denunciado.
En la lista de “asesinados o desaparecidos” están 38 comunicadores en lo que va del sexenio -diez de ellos en los meses que han transcurrido este 2010-, de acuerdo con estadísticas de Reporteros Sin Fronteras, que contabiliza 69 homicidios de periodistas de 2002 a la fecha y 11 cuyo paradero se desconoce desde 2003. Casi todos están impunes.
Por ello, México está considerado como el país más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo. Así lo señalan la ONU, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa y otros organismos internacionales. Han muerto más periodistas aquí que en las guerras del Golfo Pérsico y la de Irak.
“En México -reconoce un anteproyecto de ley, elaborado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas– los esfuerzos por prevenir, investigar y castigar las violaciones a los derechos de los periodistas y medios de comunicación no han sido suficientes, lo que ha resultado en más violencia, impunidad, autocensura y freno a la información dirigida a la población.
“La vigencia del derecho a la libertad de expresión y las condiciones en que se ejerce constituyen un tema prioritario para la democracia; en tanto que los periodistas y la libertad de expresión son ejes fundamentales de los estados democráticos. La violencia, los asesinatos, las agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación son síntomas del deterioro de sus valores básicos: el mutuo respeto y la tolerancia”, concluye el documento.
CARLOS LAURÍA, coordinador del programa de las Américas del Consejo de Protección a Periodistas con sede en Nueva York, asegura que “el gobierno de México no ha cumplido con su papel y sus obligaciones tanto nacionales como internacionales. El gobierno debe garantizar la protección del derecho humano básico a la libertad de expresión… [pero] ha fracasado al investigar y procesar los crímenes contra periodistas, incluyendo los más de 30 casos de periodistas asesinados y desaparecidos desde que asumió el presidente Felipe Calderón”.
La recomendación General 17 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación, plantea a las autoridades federales, estatales y municipales la necesidad de actuar para que se resuelvan todos los homicidios y agravios, a fin de garantizar la seguridad en el ejercicio de la labor de informar a la sociedad.
¿Cómo detener los crímenes contra la prensa? DARÍO RAMÍREZ, director para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, considera que sería un error caer en el silencio, o tomarlo como una medida de protección.
No es nuevo que los grupos criminales presionen a la prensa para influir en el contenido. Esto se viene dando de manera reiterada y por ello muchos medios han decidido no cubrir e investigar cierto tipo de noticias. DARÍO RAMÍREZ plantea que la adopción de protocolos de seguridad, como responsabilidad compartida entre medios de comunicación y periodistas.
Anteayer, en el Campo Marte, el presidente CALDERÓN encabezó una reunión sobre seguridad. En ella, el periodista HÉCTOR AGUILAR CAMÍN dijo que el gobierno no tiene una estrategia de comunicación y le espetó al mandatario: el gobierno no dispara ni en defensa propia.
En esa reunión, JORGE CHABAT advirtió que perder la batalla de la opinión pública lleva a perder la otra batalla: la del crimen organizado.
En México, los periodistas constituyen uno de los gremios más desamparados; no cuenta con protección jurídica; no existe una política de Estado que garantice su protección o permita reducir los riesgos en el ejercicio de la profesión. Por otra parte, en los medios de comunicación -en general- no hay códigos de ética ni protocolos de seguridad que se apliquen para la cobertura de temas de alto impacto, como el narcotráfico y la delincuencia organizada.
El presidente para las Américas de Human Rights Watch, JOSÉ MIGUEL VIVANCO, sostiene que “no hay una política en México para enfrentar de manera eficiente el riesgo en el que están los periodistas, ni sancionar e identificar a los responsables de las amenazas, persecución y asesinatos de los que son víctimas a lo largo y ancho del país”.
El único esfuerzo institucional tangible fue la creación, en febrero de 2006, de la Fiscalía para Delitos contra Periodistas en la Procuraduría General de la República (PGR), pero esta área investigadora no cuenta con los recursos ni las facultades para operar con eficacia. O sea, no sirve para nada.
”Los medios mexicanos hacen lo que pueden, pero tengo la impresión de que han reaccionado bajo la premisa de ‘sálvese quien pueda’, dice JOSÉ MIGUEL VIVANCO.
El miércoles 17 de diciembre de l986, un grupo de pistoleros enviado por el capo PABLO ESCOBAR mató en Bogotá, Colombia, a GUILLERMO CANO, director del diario “El Espectador”, y luego destruyó las instalaciones del cotidiano. Como protesta por el asesinato, todos los medios colombianos determinaron realizar la “jornada del silencio”, en la que por 24 horas ningún periódico circuló, las estaciones de radio y televisión suspendieron sus transmisiones y los cines cerraron sus puertas. Fue la primera vez en la historia que los medios se unieron en contra de su enemigo común: el crimen organizado.
En los meses siguientes la estrategia fue sacar la nota roja de las primeras planas y enviarla a la sección de policía, con el epígrafe de que se trataba de una nota idéntica en todos los periódicos, con la misma redacción y los mismos datos.
¿Qué hacer en el caso de México? Algunos colegas sugieren que alguna organización gremial tome la bandera, pero discrepo de ellos. No se trata de protagonismos y de que alguna de ellas se erija como “salvadora”, sino de hacer conciencia de que es el momento de unirnos. Medios, periodistas y gobierno deben corresponsabilizarse en la tarea.
Tampoco como ha ofrecido la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas de la Cámara de Diputados, MARÍA YOLANDA VALENCIA, de dar los comunicadores y a sus familiares capacitación para actuar en caso de secuestro u otra emergencia.
Lo que hay que hacer en este país, es terminar con la impunidad y la corrupción, pero también con la indiferencia.
Todo empezó cuando desde las tribunas se puso de moda culpar a la prensa de la violencia, porque dizque hace apología del crimen…
Medios y periodistas deberíamos coincidir en que si el crimen organizado quiere y da notas, remitirlas a la sección de policía. No más primeras planas.
Por mi lado, en lo sucesivo no vuelvo a tocar el tema en esta columna.
armandorojasarevalo@yahoo.com.mx
