Convocantes
Ramón Zurita Sahagún martes 26, May 2015De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
¿De verdad creen los partidos y sus respectivos candidatos que la concurrencia a las urnas el 7 de junio será nutrida?
¿Confían en que sus campañas son las adecuadas para ese llamamiento a los electores para que voten?
¿Están ciertos de que la guerra sucia, las denuncias, acusaciones, intimidaciones y demás métodos aplicados son los correctos para que se vean los defectos del contrario y no los propios?
¿La corrupción mostrada por unos y otros perjudica al adversario, pero no a sus candidatos?
¿Incluir la figura de independiente en los procesos electorales fue un disparo en el pie para los partidos políticos?
Esas y otras incógnitas serán resueltas el próximo 7 de junio, aunque los pronósticos advierten que una buena concurrencia a las urnas no rebasará por mucho el 40 por ciento de los electores.
Una de las principales razones de esa escasa presencia es el hartazgo de los ciudadanos, ya que consideran que los políticos y sus partidos son los principales impulsores de la corrupción y del estancamiento del país.
En algunos estados se ha probado con la alternancia como método para resolver la problemática y las cosas siguen igual, sin visos de mejorar.
Pero la indignación ciudadana crece cuando se entera de los abusos que cometen los servidores públicos, especialmente los gobernantes con el crecimiento de sus fortunas en poco tiempo.
Durante el actual proceso electoral se conoció de insultantes fortunas, así como de las formas y métodos que usan los políticos para agenciarse recursos, beneficiando a sus amigos, los que les reditúan esos favores a cambio de otros.
Dos gobernantes acumulan fortunas descomunales, concentradas en sus mejores años políticos. Uno de ellos es el mandatario de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, cuyo monto rebasa los 261 millones de pesos, eso sí, afirma, es la fortuna familiar, donde se incluyen los hermanos.
De Padrés Elías se recuerda que hace apenas unos meses se conoció que mandó construir una presa dentro de una de sus propiedades y se asegura que condonó impuestos a empresarios amigos suyos.
Rodrigo Medina de la Cruz es el gobernador priísta de Nuevo León, de quien desde hace mucho tiempo se asegura gobierna desde San Antonio, Texas, donde tiene propiedades.
Sin embargo, en fechas recientes se han difundido el cúmulo de propiedades que él y su familia tienen en ese estado de la Unión Americana, así como de otras en el estado que gobierna y la serie de triquiñuelas que se realizan desde el gobierno con los proveedores para beneficio de la familia del gobernante.
Pero el gobernador Medina de la Cruz acumula también la intromisión de su padre en cuestiones de gobierno y en beneficios del mismo.
Igual situación ocurre en Jalisco, donde el gobernador priísta, Jorge Aristóteles Sandoval, deja en libertad a su padre de participar en acciones de gobierno, de partido y hasta influir en campañas y candidatos.
El padre de Aristóteles, Leonel Sandoval Figueroa, fue forzado a solicitar licencia como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ya que desde ese cargo pretendía dictar la estrategia de las campañas priístas.
Pero si de candidatos a gobernador se trata, dos de ellos han acumulado grandes fortunas, aunque ambos establecen que lo han hecho con las empresas de su propiedad y no con los cargos públicos.
Uno de ellos es priísta, José Ascención Orihuela Bárcenas, candidato al gobierno de Michoacán, de quien se señala que cuenta con más de 90 propiedades a su nombre y otro poco más de su familia.
“Chon” Orihuela está considerado como un buen operador electoral y se ha desempeñado como alcalde, diputado local, dos veces diputado federal, dos veces senador y cuenta con distribuidoras de autos de lujo, como Audi.
Javier Gándara Magaña es el panista que aspira a gobernar Sonora y cuya fortuna es grande, aunque su carrera política no es tan extensa, ya que ha sido alcalde y diputado.
Conocido por su actividad empresarial, sus bienes los tiene distribuidos en localidades de Estados Unidos y en Sonora.
También dos candidatos a gobernador han sido señalados por supuestos arreglos con empresarios y políticos para beneficiarlos, a cambio de futuros apoyos para sus campañas electorales.
Claudia Pavlovich Arellano, candidata priísta a Sonora, fue señalada como benefactora de una empresa que le presta su avión para las giras, de acuerdo a conversaciones difundidas.
Silvano Aureoles Conejo, candidato del PRD al gobierno de Michoacán, es el otro político denunciado como dador de beneficios para sus amigos, a cambio de respaldos para campaña.
Esos son unos cuantos de los asuntos que se ventilan públicamente sobre gobernantes y aspirantes a serlo.
DENUNCIAN A NEMI DIB
Hace unos días, Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud en Veracruz, agredió verbalmente en público a su sucesor, Fernando Benítez Obeso. Lo culpa de ser el responsable de filtrar la información sobre las corruptelas cometidas en su ejercicio.
Sin embargo, la periodista Claudia Guerrero Martínez presentó una denuncia contra Nemi Dib por los probables delitos de desvíos de recursos y anomalías administrativas en la Secretaría de Salud de Veracruz, además de violentar el derecho fundamental a la libertad de expresión, por ser considerados como conductas ilícitas que se encuentran tipificadas en el Código Penal Federal.
Con base a una serie de reportajes y columnas publicadas durante los meses de marzo y abril del presente año, la periodista denunció las anomalías detectadas en su periodo al frente de SESVER y Salud e informaba sobre probables desvíos de recursos federales provenientes del Seguro Popular y beneficiar con designaciones directas o cuestionadas licitaciones a empresas de dudosa reputación. Claudia Guerrero presentó ante la PGR pruebas documentadas de contratos oficiales de la compra de medicinas y equipo hospitalario para nosocomios en Veracruz, con inventario y precios alterados, beneficiando a dichas empresas.
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