Diputados sentencian: lo de Tlatlaya “fue ejecución”, no enfrentamiento
Roberto Vizcaíno miércoles 22, Abr 2015Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Los legisladores piden imponer controles civiles a las acciones de los militares en cuestiones de seguridad – El líder del PVEM, Arturo Escobar, afirma que AMLO no reconoce instituciones, pero cada mes cobra lo que le da el INE
- El Congreso de Guerrero decide el viernes si ratifica a Rogelio Ortega o nombra a otro
Chavos… | Ramón
Agobiado por acciones de elementos fuera de su control que le han generado reclamos y condenas nacionales e internacionales que se le acumulan todos los días, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no para de enfrentar denuncias de violación flagrante a los derechos humanos.
La de ayer vino de la Comisión Legislativa Especial plural que investigó los hechos ocurridos en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, en que murieron 22 civiles el 30 de junio de 2014.
Integrada por la perredista Elena Tapia Fonllem, presidenta del grupo; el priísta Ricardo Fidel Pacheco; el panista Víctor Sánchez Guerrero; la petista Loretta Ortiz y el neoaliancista René Fujiwara, la comisión entregó ayer al pleno de los diputados en San Lázaro un informe de 46 hojas en que se advierte que los hechos fueron simple y llanamente una ejecución realizada por militares, no un enfrentamiento como se dijo.
El vicepresidente de la Cámara, el diputado del Verde Ecologista, Tomás Torres Mercado, le dio entrada y ordenó su tramitación.
Al reconocer estos hechos los legisladores comisionados exigieron:
Que el Congreso (senadores y diputados) discuta y apruebe a la brevedad leyes que regulen el uso legítimo de la fuerza común para todas las autoridades militares y de seguridad en el país.
Que de una vez por todas se realicen reformas en materia de tortura y de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias con los máximos elementos de la perspectiva del respeto a los derechos humanos.
Que es más urgente aún que dentro del marco de la reforma sobre seguridad y justicia, se convoque a los tres poderes del Estado y sus órganos autónomos, para que ahí se defina el retiro racional, paulatino, ordenado, de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública, en un programa en que sean sustituidas por distintos cuerpos civiles.
Que es imprescindible que, de acuerdo con la Constitución Política, los tratados internacionales aplicables, la legislación federal y la normatividad del Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional ofrezca soluciones a las posibles fallas en la actuación de sus elementos y todos, ellos operen dentro de un control estricto de sus actos y en cumplimiento a los protocolos sobre la interacción con civiles.
Que sea obligatorio que todas las acciones militares dentro de sus tareas de seguridad pública, incluyan el registro en video y audio de sus actos y se garantice el resguardo de los escenarios de los hechos, y de los cuerpos, dentro de una definición clara de una jerarquía de mando interna y en relación con las autoridades civiles.
Y en lo particular, se exige que la Procuraduría General de la República informe ya, públicamente, los alcances de sus investigaciones acerca de los elementos militares bajo su custodia que han sido señalados como responsables de la ejecución de civiles en Tlatlaya.
En términos generales los diputados indicaron que en Tlatlaya hubo un evidente uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de militares.
Las conclusiones llegan justo en uno de los peores momentos para el gobierno del presidente Peña Nieto: al inicio de las campañas electorales en que deberá renovarse las 500 diputaciones federales, 9 gubernaturas, las 16 delegaciones en la capital del país, la asamblea legislativa del DF y cientos de alcaldías y congresos estatales.
El resultado de estos comicios definirá sin duda la ruta que deberá seguir Peña Nieto en la segunda mitad de su mandato.
JALONEOS EN GUERRERO
Como si no tuvieran problemas, los políticos de todos los partidos y corrientes en Guerrero sacaron sus hachas, se pintaron la cara de guerra y comenzaron a empujarse y a meterse zancadillas desde la semana pasada.
¿Por qué? Bueno, porque pasado mañana viernes vence el plazo para que el Congreso local ratifique al gobernador interino Rogelio Ortega… o nombre a otro que cumpla con lo que queda del mandato de Ángel Aguirre, es decir hasta noviembre próximo ya que la de Aguirre es una gubernatura de 4 años y 7 meses debido a reformas constitucionales.
El Congreso concedió a Ortega un mandato sólo por 6 meses, plazo que vence este fin de semana.
Por cierto, Aguirre Rivero ratificó ayer su licencia misma que fue aprobada ya por los diputados locales con lo cual se distensionó un poco el ambiente de guerra en el estado.
Ahora, falta ver si deciden que se queda Ortega o si nombran a otro. Por lo pronto ya están en la sala de espera el senador perredista Sofío Ramírez y, a pesar de que lo niegue, el priísta Manuel Añorve.
EL VERDE, COMO SI NADA
Luego de 11 sanciones y 186 millones de multas, el PVEM enfrenta sin inmutarse el nuevo embate de PAN, PRD y AMLO-Morena, quienes buscan que el INE le cancele su registro.
Encargado de la directiva de este partido, el diputado Arturo Escobar actúa como sí todo lo que ocurre alrededor de este instituto fuese normal, y advierte que no sólo no habrá cancelación de registro, sino que sus candidatos ganarán muchos más cargos ahora que en las últimas elecciones.
Y pasó al ataque. Dijo:
“Es curioso que Morena (AMLO) no reconozca a nadie, que (diga que) para ellos todos son corruptos, todos son ineptos, todos tienen una agenda en contra de ellos, pero por otro lado bien que cobran las prerrogativas todos los meses… entonces no quieren ser parte del juego, pero sí quieren ser parte de los beneficios económicos de ser partido político nacional, entonces yo creo que hay una enorme incongruencia.
“Martí Batres piensa que esta posición genera algo de dignidad. Creo que está ocupado, al aceptar ser partido político bajo las reglas que prevé la Constitución y sus leyes, ellos establecieron construir un partido político, que sus mecanismos fueran en conformidad a la ley y a la Constitución, pero prefieren estar a la descalificación.
“Y, esa ha sido un poco la forma –o un no mucho–, que Andrés Manuel López Obrador ha desarrollado en sus campañas desde que fue candidato a gobernador en Tabasco. Posteriormente, aquí, en la ciudad de México y luego dos veces en la Presidencia de la República”, afirmó.
Escobar subrayó que su partido espera que sus propuestas se sobrepongan al ambiente de ataques y contra ataques, de agravios en el que están inmersos los otros partidos.
“En el caso del Partido Verde vamos a buscar enfocarnos en lo que estamos, en las propuestas que traemos, y por supuesto estar en los temas de debate de coyuntura para estar en el espacio público”.
Y consideró que los mexicanos que votan por el Verde van a considerar que existe un embate muy claro de las otras fuerzas políticas y entonces van a ratificar su preferencia.
