Tres cuartas partes de acusados por narcotráfico, son liberados

Se presume récord de arrestos, pero los casos, armados por procuradores bajo la enorme presión de hacer arrestos rápidos, se desbaratan por falta de evidencia

Es un ritual que se realiza prácticamente a diario: individuos acusados de narcotráfico y homicidio son exhibidos ante los medios de comunicación para mostrar que México está ganando su guerra contra las drogas. Pero una vez que las luces de las cámaras se apagan, tres cuartas partes de ellos son liberados.

Aun cuando el gobierno federal presume su récord de arrestos, los casos armados por procuradores y policías bajo la enorme presión de hacer arrestos con rapidez se desbaratan por la falta de evidencia. Personas inocentes son torturadas para que confiesen. Los culpables son puestos en libertad, sólo para ser detenidos en otra ocasión por otros crímenes. A veces, los cárteles de las drogas son los que deciden quién es arrestado.

Archivos obtenidos muestran que el gobierno arrestó a 226 mil 667 sospechosos de delitos relacionados con el narco entre diciembre del 2006 y septiembre del 2009, la cifra disponible más reciente. A menos de una cuarta parte de esos detenidos se les levantaron cargos. Sólo 15% recibió sentencia. Y la Procuraduría General de la República (PGR) no dirá cuántos de ellos eran culpables.

El vacío judicial es una razón clave por la que los cárteles mexicanos continúan distribuyendo toneladas de marihuana, metanfetaminas, heroína y cocaína en las calles de Estados Unidos.

“Les da una impunidad de facto”, dijo el embajador estadunidense Carlos Pascual, “y les permite funcionar de manera tal que pueden extenderse en Estados Unidos”. El sistema judicial de México opera de manera casi secreta y ha sido empedernidamente corrupto. Agregue una guerra contra el narco que el presidente Felipe Calderón intensificó, y el sistema ha sido rebasado. Casi 25 mil personas han muerto en la guerra hasta hoy, y la vasta mayoría de los casos sigue sin resolverse. Así, se obtuvieron documentos de juzgados y registros carcelarios restringidos al público y condujo decenas de entrevistas con familiares de los sospechosos, abogados, grupos de derechos humanos y funcionarios del gobierno para descubrir qué pasaba después de que los sospechosos de narcotráfico eran presentados en público.

En Ciudad Juárez, donde una guerra entre dos cárteles por las rutas de tráfico mató a una cantidad récord de 2 mil 600 personas en el 2009, los fiscales presentaron 93 casos de homicidio ese año y se halló culpable a 19. Sólo cinco fueron por homicidio doloso, de acuerdo con documentos de los juzgados, y nadie fue acusado de delitos del orden federal, que acarrean mayores penas y han sido diseñados para combatir el narcotráfico.