Nuevas reglas
Ramón Zurita Sahagún jueves 29, Jul 2010De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
No es la primera ocasión en que los candidatos perdedores de un proceso electoral lancen consignas en contra de los organismos electorales y propongan reformas como medio de justificación de sus derrotas.
Las acusaciones siempre privan durante un proceso electoral, ya que antes de los comicios las denuncias con o sin pruebas se multiplican de uno y otro lado de los contendientes y al término de la jornada el derrotado siempre alza la voz para enjuiciar los abusos cometidos.
En esta ocasión, tres candidatos derrotados, dos de ellos provenientes de la megaalianza formada por Acción Nacional y los partidos de izquierda (PRD-PT-Convergencia) y otro surgido de la alianza entre PAN y PANAL, son los que deben promover una reforma urgente, para incorporar acciones que rijan sobre una mayor equidad en todo tipo de proceso electoral.
Xóchitl Gálvez Ruiz, José Rosas Aispuro y Miguel Ángel Yunes, son los candidatos derrotados inconformes con el resultado que acudieron ante el Tribunal Electoral Federal para aportar pruebas que muestran las irregularidades y abusos cometidos durante la jornada electoral, por lo que demandan se declare la nulidad de los comicios y se convoque a una nueva elección, bajo nuevas reglas.
Y es que los derrotados solamente ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio y remiten a las autoridades a los entuertos realizados por autoridades afines a las del partido que los venció.
No recuerdan ni reconocen los excesos del gobierno federal, ni el uso faccioso de los programa de gobierno, pero si los abusos cometidos por los gobernadores del partido opositor, a los que acusan de cargar los dados para favorecer a sus “delfines”.
Por eso, ante esta arremetida de los opositores al PRI, diputados del partido tricolor salieron en defensa de sus colores y señalaron que no existen pruebas de ninguna clase de juego sucio durante los procesos electorales celebrados en los 12 estados en que se eligió al nuevo gobernador.
Sin embargo, Gálvez y Rosas, consideraron necesario revisar la ley de medios para garantizar mayor equidad en los medios, ya que, se quejaron, en algunos estados los controlan los gobernadores y les niegan el acceso a los candidatos de oposición, como, dicen, fue el caso de ellos.
César Augusto Santiago y David Penchyna, establecieron que de lo que si hay pruebas es de la intervención del Ejecutivo federal durante el proceso electoral.
Recordaron el manejo faccioso de los programas de gobierno y las cadenas nacionales usadas por el Presidente Calderón para informar de supuestos beneficios para los ciudadanos, en un alarde de fuerza tendiente al respaldo de los candidatos panistas y de la alianza en cada uno de los estados en contienda.
Uno de los anuncios dados por el Ejecutivo federal hacía referencia a la desaparición de la tenencia a nivel federal, un proyecto aprobado con bastante anterioridad en el Congreso de la Unión.
Nunca como ahora el Presidente de la República había anunciado tantas buenas nuevas de supuesto beneficio colectivo en tan poco tiempo (dos semanas antes del proceso electoral), lo que provocó un reacomodo de fuerzas y sorpresas en los resultados que anticipaban una derrota contundente del partido del Presidente de la República.
No son pocos los que aseguran que las intervenciones del Ejecutivo fueron determinantes para dar ese vuelco que dejó mal paradas a todas las casas encuestadoras y que mostró la fragilidad de los sondeos.
Es por eso que ahora los priístas buscan ponerle un freno a esos excesos y proyectan crear los mecanismos ideales para ello y llevarlo al próximo período ordinario de sesiones, como un arma de presión y a la espera de la decisión del Tribunal Federal Electoral sobre las impugnaciones presentadas en los casos de Durango, Hidalgo y Veracruz.
Por lo pronto, los tres candidatos ganadores, Jorge Herrera Caldera, Francisco Olvera Ruiz y Javier Duarte de Ochoa, ya recibieron sus constancias de mayoría y los avales de los organismos electorales estatales y solamente se quedarán a la espera de que estos sean ratificados por los organismos calificadores de rango federal.
*En Veracruz se prepara el arribo de Ranulfo Márquez como nuevo dirigente estatal del PRI en una nueva sacudida que se pretende dar al organismo político que no obtuvo los resultados esperados durante el proceso electoral del cuatro de julio pasado.
Es cierto que Javier Duarte se impuso por tres puntos porcentuales y que el PRI ganó en los principales ayuntamientos del estado, incluidos Xalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Alvarado, Poza Rica y Tuxpan, pero también lo es que el Congreso de la Unión no contará en esta ocasión con mayoría absoluta de los tricolores.
Por eso, el todavía secretario estatal de Desarrollo Social y uno de los políticos más experimentados cercanos a Fidel Herrera Beltrán tendría la oportunidad de recomponer los cuadros y las bases del partido tricolor.
*Francisco Olvera Ruiz, gobernador electo de Hidalgo, no se duerme en sus laureles y aunque su toma de posesión se encuentra lejana (abril), presentó a su equipo de trabajo que operará durante la transición entre su arribo y la salida de Miguel Osorio Chong.
Por cierto, nadie se explica la disputa que tienen entre el actual gobierno y el electo por unas oficinas en la ciudad de México.
*El diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, consideró que la lucha contra el narco se le salió de control al gobierno federal.
El Presidente Calderón inicio la guerra con fines mediáticos y, de pronto, ya no supo cómo salir de ella.
Moreira Valdez dijo en unas declaraciones a Newsweek que los temas son la violencia y la transgresión a los derechos humanos.
