Objetivo central, erradicar la impunidad: Peña Nieto
Roberto Vizcaíno jueves 26, Mar 2015Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- El mandatario consideró que en su administración el respeto a los derechos humanos es un imperativo moral
- El gobierno trabaja junto con organismos internacionales en la creación de mecanismos contra la tortura
- México vive un despertar a partir de los acontecimientos de Tlatlaya, Chalchihuapan e Iguala
Optimismo, pues… | Luis Xavier
Asediado por agrupaciones y organismos nacionales e internacionales quienes acusan constantemente a su administración de irregularidades, violaciones a derechos humanos y hasta de tortura, el presidente Enrique Peña Nieto aprovechó ayer el informe del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez para subrayar que no sólo está limpio de lo que se le acusa, sino que está decidido a combatir la impunidad y todo lo que afecte a derechos ciudadanos.
“En México la protección y el respeto a los derechos humanos no sólo es un deber constitucional, sino un imperativo moral… el Estado mexicano ha creado instituciones y establecido normas que los salvaguardan sino que hoy trabajamos por un gobierno eficaz.
“Lograrlo, es un desafío mayor, que requiere del esfuerzo colectivo de autoridades, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto”, precisó.
Felicitó a González Pérez por la labor desarrollada y advirtió que la CNDH es el elemento más importante para salvaguardar la dignidad, la libertad, la igualdad y los derechos de los mexicanos.
Consideró sin embargo que, como González Pérez y otros muchos advierten, él sabe que “mucho tenemos qué hacer como Estado mexicano en favor del respeto y goce pleno de los derechos humanos”.
Sin embargo, pidió reconocer que hasta el momento, su gobierno lo ha atendido todo, y cumplido con todas las recomendaciones. Por ello pidió a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores entrar en este esfuerzo a fin de garantizar la defensa y el respeto de los derechos humanos en todo el país.
“Y quien no lo haga, deberá asumir las consecuencias”, insistió.
De ahí, dijo, que:
“Hoy existe por ello una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos. Tres son los ámbitos que privilegiamos:
– La difusión de una más amplia cultura social de conocimiento y de respeto a los derechos humanos.
– La prevención de la violación de derechos humanos, y;
– La protección de los derechos de las personas.
En un segundo nivel no menos importante, dijo, está la renovación de los protocolos y procedimientos institucionales para erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
En el gobierno de la República, comentó, estamos claros de que no cabe la tolerancia a estas prácticas inhumanas y absolutamente inaceptables.
“Para castigar estos graves delitos, vamos a adoptar las mejores prácticas internacionales, recomendación, además, que viene de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de garantizar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales.
“Y, de esta manera, hacer efectivo el derecho a la justicia y a la reparación integral del daño a las víctimas.
“Una tercera acción, que anuncié en noviembre, es la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y de una Base Nacional de Datos Genéticos.
“Actualmente, como también ya lo refirió el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un grupo de trabajo, integrado por la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, está definiendo los lineamientos de este sistema con el respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Este mismo grupo ya está logrando un proyecto de Ley General de Personas No Localizadas y Desaparición Forzada.
“Quiero resaltar que todas estas medidas y acciones han surgido de un diálogo constructivo entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, promotoras de los derechos humanos.
“Sus aportaciones han sido esenciales en el Consejo Ciudadano para la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y de la Comisión de Política Gubernamental de esta misma materia”, precisó.
En este punto informó del involucramiento de instituciones internacionales en el esfuerzo mexicano por combatir la violación de derechos fundamentales.
“Reconozco el trabajo conjunto que se está desarrollando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para avanzar en la puesta en práctica de mejores políticas públicas.
“Además, se colabora con la Oficina del Alto Comisionado, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para diseñar un Sistema Nacional de Evaluación que nos permita conocer con mayor objetividad y transparencia, la condición de los derechos humanos en nuestro país”, enumeró.
De esta forma deja en claro que estas organizaciones e instituciones no pueden ignorar los trabajos y esfuerzos que realiza el gobierno y la sociedad mexicana en la erradicación de viejos males como son la tortura y la impunidad.
“Hoy reafirmo el compromiso indeclinable del gobierno de la República con el respeto y la protección de los derechos humanos en todo México.
“Por ser valores universales, los derechos humanos deben ser protegidos y respetados por todos los sectores y por todas las autoridades.
“Los derechos humanos son una causa que nos convoca y que nos compromete a todos.
“En esta misión colectiva, reconozco nuevamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su aportación a la construcción de una sociedad más libre, justa e incluyente.
“Sigamos trabajando hacia este gran objetivo, de hacer de México una auténtica sociedad de derechos”, convocó.
DESPERTAR
Al rendir su primer informe, Luis Raúl González Pérez, consideró que su arribo a la presidencia de la CNDH coincidió con “el despertar y toma de conciencia que hechos como los de Chalchihuapan, Puebla; Tlatlaya, Estado de México; e Iguala, Guerrero, han provocado en nuestra sociedad”.
En concordancia se da, agregó, un nuevo paradigma de actuación que las autoridades e instituciones tenemos que asumir a partir de ellos.
Por ello pidió el respaldo del Presidente de la República, a fin de que sus colaboradores aporten la información y documentación que se les solicita en la atención a reclamos de violación a derechos humanos.
No es antagónico, dijo, que las autoridades coadyuven en la lucha contra la impunidad, y para depurar, fortalecer y consolidar a las instituciones.
“Es preciso actuar. De ahí la necesidad de concretar de manera efectiva y pertinente medidas tales como la emisión de una ley general en materia de desaparición forzada, la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, así como un sistema nacional de información genética”, planteadas, recordó, por el presidente Peña Nieto, el 27 de noviembre del 2014.
Y reconoció que México, “ha mostrado su firme compromiso con los derechos fundamentales al abrirse al escrutinio internacional, expresando su voluntad política para el ensanchamiento de los derechos. Aún dentro de nuestra pluralidad y diferencias, nuestra esencia, intereses y destino son comunes. México es sólo uno”, concluyó.
