Dragon Mart, en manos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
Mauricio Conde Olivares viernes 13, Feb 2015“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
La “cacería de brujas” desatada por el procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchéz, sobre funcionarios federales, estatales y municipales que participaron en la emisión de permisos y autorizaciones para el defenestrado megaproyecto Real Estate Dragon Mart Cancún, se topará momentáneamente con pared por las resoluciones a favor de los inversionistas promoventes emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
Bajo el título ¿Incinerará el Dragón a funcionarios corruptos? esta columna abordó el tema el pasado 28 de enero, cuando señalé: “con la clausura definitiva del proyecto Dragon Mart por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) donde la dependencia encabezada por Guillermo Haro Bélchez tuvo que rehacer expedientes hechos con los dedos torcidos de la ley, hoy están en el banquillo de los acusados funcionarios de pasadas administraciones, como Gabriela Lima Laurents quién era delegada en Quintana Roo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y también Adrián Guy Piña Herrera, quien fungía como delegado de Profepa”.
A los anteriores funcionarios indiciados en este caso sume usted también a Juan Pablo Ortega Ceballos, quien autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al megaproyecto de Real Estate Dragon Mart Cancún cuando era titular del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), organismo dependiente de la Secretaría estatal de Ecología y Medio Ambiente que encabezaba Omar Raúl González Castilla, aunque “independiente” en sus resoluciones.
En la mira de Profepa que cubre la ruta de irregularidades está el magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo, José Manuel Ávila Fernández y el presidente del mismo tribunal, Fidel Villanueva Rivero.
También peligra la permanencia de González Castilla en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, toda vez que actualmente es el delegado de la dependencia en Quintana Roo, sobre todo porque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitó al Órgano Interno de Control de la Semarnat, que investigue y suspenda temporalmente a servidores públicos de su delegación federal en la entidad, que participaron en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal a favor del proyecto Dragon Mart Cancún.
Por separado, además, Haro Bélchez pidió al gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Benito Juárez que revisen de manera exhaustiva todas y cada una de las autorizaciones otorgadas al proyecto Dragon Mart Cancún, a fin de constatar su legalidad y deslindar en función de sus atribuciones, las responsabilidades legales correspondientes.
La solicitud extendida al presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, para tal deslinde, enfrentará la sentencia de carácter definitivo que emitió la Sala Constitucional y Administrativa del TSJ de agosto del 2013, misma que obligó a las autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez a otorgarle licencia de construcción al proyecto chino-mexicano, so pena de desacato, conforme la resolución SCA/A/109/2013.
La Sala Constitucional y Administrativa determinó declarar la resolución Afirmativa Ficta, al considerar que “la negativa resolución” dictada por la Secretaría municipal de Ecología y Desarrollo Urbano no fue legalmente notificada dentro del plazo previsto en la reglamentación municipal aplicable. En junio de 2013, la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano había rechazado aprobar la licencia de construcción para el proyecto Dragon Mart, luego de una consulta pública en la que participaron colegios de profesionistas, universidades, intelectuales, grupos de la sociedad civil y agrupaciones ambientalistas.
Ante la negativa, los promotores del Dragon Mart presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, en la que pidieron un fallo con Afirmativa Ficta, mismo que obtuvieron alegando que el ayuntamiento excedió plazos marcados por ley para dar respuesta a la solicitud.
Meses antes, en diciembre de 2012, Dragon Mart había obtenido la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que autorizó el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) de la Secretaría de Medio Ambiente en el estado.
Esto generó airadas reacciones de agrupaciones ambientalistas. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) promovió un amparo contra el proyecto y pidió a la Secretaría local de Medio Ambiente no intervenir en un tema ajeno la competencia estatal.
“Dragon Mart debe ser analizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal”, expresó en su momento el Cemda y ya ven lo que pasó, la Profepa tuvo que llevarse el expediente a la capital del país para lograr la clausura definitiva de este megaproyecto.
Ahora, toca el turno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), donde la Profepa interpuso dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones, porque resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico.
Para Guillermo Haro es inobjetable que un grupo de funcionarios en activo y ex funcionarios de la delegación federal de la Profepa en Quintana Roo, eximieron indebidamente al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal.
Así, las resoluciones de la delegación federal de la Profepa en Quintana Roo en noviembre de 2012 fueron emitidas sin exhaustividad ni rigor técnico-jurídico, para determinar que la legislación ambiental federal resultaba aplicable al predio “El Tucán” por su calidad de terreno forestal.
Por eso, en los comunicados dirigidos al gobernador Roberto Borge Angulo y el adil Paul Michel Carrillo, el Procurador Haro Bélchez solicita que ambas autoridades inicien, en facultad de sus atribuciones, los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto.
En ese contexto, Haro Bélchez solicitó al gobernador y al munícipe que en caso de comprobar la existencia de inconsistencias en la emisión de dichas autorizaciones, realicen las acciones pertinentes conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes, pero esto será motivo de análisis en otra entrega en punto de la Hora 14.
