Despejando dudas
Ramón Zurita Sahagún miércoles 4, Feb 2015De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Casi 27 meses después, el presidente Peña Nieto decidió nombrar un titular de una secretaría que se mantuvo acéfala desde el inicio de la actual administración sexenal.
La Secretaría de la Función Pública es una de las tantas dependencias que han sido consideradas obsoletas, ineficientes y burocráticas, por lo que han amagado con desaparecerla desde hace varios años.
Creada en la administración presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado para investigar y sancionar los casos de corrupción en las entidades gubernamentales, se consideró como un bálsamo para las heridas dejadas por el desastre económico y de corrupción proveniente de la administración anterior, la de José López Portillo.
No fueron muchos los casos de importancia en que intervinieron los distintos secretarios que pasaron por esa secretaría llamada primeramente, secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Francisco Rojas Gutiérrez fue el primero de sus titulares, Ignacio Pichardo Pagaza lo siguió y María Elena Vázquez Nava resistió los seis años de la administración de Carlos Salinas de Gortari. Con Ernesto Zedillo Ponce de León fueron designados secretarios Norma Samaniego, primero y Arsenio Farell Cubillas, después.
Vicente Fox Quesada decidió imponerle el rimbombante nombre de Secretaría de la Función Pública y fue nombrado como titular Francisco Barrio Terrazas, quien anunció que en su ejercicio se realizaría una gran pesca de personajes corruptos, lo que nunca sucedió.
Tanto fue el fracaso que Eduardo Romero Ramos ocupó la titularidad, cuando Barrio Terrazas fue designado coordinador de la diputación federal panista.
Con Felipe Calderón Hinojosa tres titulares pasaron por esa dependencia, inició Germán Martínez Cázares, siguió Salvador Vega Casillas y terminó Rafael Morgan Ríos.
Ninguno de los anteriormente mencionados es recordado por una acción efectiva que mostrara la utilidad de la dependencia.
Tan inefectiva resultó que el presidente Enrique Peña Nieto decidió designar a un encargado de la dependencia, pero sin el rango de secretario, distinción que recayó en Julián Alfonso Olivas Ugalde.
Por fin, después de ese largo período, el Ejecutivo federal nombró a un secretario de la Función Pública, en la persona de Virgilio Andrade Martínez, ex consejero electoral del extinto Instituto Federal Electoral.
Sin embargo, la importancia del nombramiento de Andrade Martínez radica en la petición presidencial para que sea esa dependencia la que investigue si existió o no conflicto de interés sobre la compra de las casas de las Lomas de Chapultepec (Casa Blanca) adquirida por su esposa, Angélica Rivera; la de Ixtapan de la Sal, de su propiedad y hasta la de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, compras realizadas a empresas con grandes contratos de obra. Para tal efecto se convocará a un panel de expertos, que serán los encargados de dicha evaluación.
El Presidente aprovechó la ocasión para anunciar la implementación de ocho acciones para combatir la corrupción y evitar la presencia de conflicto de interés entre funcionarios de la administración pública federal.
Peña Nieto aclaró que en el ejercicio de sus funciones siempre se ha conducido con imparcialidad y apegado a derecho.
El Presidente de la República, recalcó, no participa en ningún comité de adquisiciones, ni otorga contratos, por lo que los señalamientos que generaron la apariencia de algo indebido, no ocurrió en la realidad.
Todo esto se debe, en gran medida, reconoció, a la ausencia de mecanismos normativos, para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de interés.
Se requiere de un enfoque moderno, que garantice con políticas públicas que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados. Por eso, anunció el presiente Peña Nieto, el gobierno de la República solicitó la asesoría y el acompañamiento de la OCDE, que está a la vanguardia en las buenas prácticas para gobernanza.
ACOSO LABORAL
Elda García Gómez, directora de Conalep en Tlaxcala, es protagonista de una de las tantas historias de abuso de poder.
García Gómez se ha convertido en el terror de cuanto trabajador labora bajo sus órdenes, especialmente los que tienen altos cargos, a los que acosa constantemente para obligarlos a renunciar y poder usar los espacios para sus incondicionales.
La historia de soberbia, prepotencia y abuso de autoridad por parte de la directora del Conalep es ampliamente conocida por el gobernador Mariano González Zarur, quien hace caso omiso de las quejas.
Uno de esos abusos fue el perpetrado en contra de Noé del Razo González, director del plantel de Teacalco al que obligó a renunciar, así como a 4 de sus colaboradores, imputándoles hechos de corrupción, lo que resultó falso, por lo que fue obligada a reinstalarlos. Lo mismo ha sucedido en los planteles de Zacualpan, Amaxac y el mencionado de Santa Apolonia Teacalco.
GUERRERO
Con medidas extraordinarias, pero si habrá elecciones en Guerrero el 7 de junio próximo.
Ya el gobierno federal había anunciado la realización de los comicios y ahora fue el Instituto Nacional Electoral el que anunció una serie de medidas a realizarse en esa entidad, ya que en seis de los nueve distritos federales se enfrentan problemas, como el cierre de instalaciones por parte de organizaciones sociales.
Lorenzo Córdova, presidente del INE, anunció que debido a la coyuntura política y social que se vive en algunos de los distritos federales de Guerrero, fue necesario adecuar algunas estrategias de capacitación y flexibilizar medidas para dar certeza al proceso.
Por eso, el personal del INE realizará sus tareas con discreción y cautela y no lo hará en brigadas y se podrán realzar sesiones en sedes alternas.
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