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Roberto Vizcaíno miércoles 21, Ene 2015Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- El hartazgo generado por las violentas acciones de la CETEG exige una respuesta del pobierno
- Analistas advierten que detrás de estos actos hay intenciones de romper al sistema político
- La PGR da a conocer un informe desesperanzador de los científicos austriacos
¡Libertad!.. | Luis Xavier
Amanezco con la noticia de que la CNTE o su filial la CETEG quemó ahora una camioneta-patrulla fuera de los juzgados primero y séptimo de Chilpancingo, porque junto con padres de los 43 y normalistas de Ayotzinapa no fueron recibidos en su reclamo de que al ex alcalde José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda no se les haya consignado por el delito de “desaparición forzada”.
Veo luego el desplegado de los empresarios donde se reclama un alto ya a estos destrozos y desmanes sin fin, y más tarde, en las noticias que fluyen minuto a minuto por internet y la radio; me entero que en Acapulco se presentó una treintena de embozados con palos y tubos a la terminal de autobuses a reclamar porque uno de los choferes de una unidad en operación y con pasajeros arriba, impidió que otro contingente de ya no se sabe cuáles siglas de las muchas que han surgido al amparo de la impunidad e inacción del gobierno –en todos sus niveles–, lesionó a uno de sus líderes.
En este evento, narran los reporteros de por allá, gendarmes estatales impidieron que la treintena de sujetos debidamente embozados y armados con palos y tubos, tomaran la terminal de autobuses.
Pero no intervinieron en la negociación de los directivos de la línea de autobuses dueña del vehículo que no pudieron secuestrar y quienes se comprometieron a darles 2 unidades para que pudieran seguir con sus fines, a cambio de que dejaran a salvo otros autobuses y a sus pasajeros.
No sin sorpresa y malestar posterior, me encontré sonriendo luego de leer todo esto.
Me doy cuenta que sonrío porque es más que una ironía que la negociación de los directivos de la línea de autobuses y los embozados –que se dio al amparo de una línea de agentes antimotines perfectamente pertrechados con equipos de choque y en cuyas caras se ve, percibe temor–, es justamente como la que se da entre los enviados del crimen organizado y sus víctimas.
Sólo que unos entregan a los delincuentes dinero, mientras otros les dan a los embozados de la CETEG y normalistas de Ayotizinapa unidades de transporte que deben costar un dineral.
Y sonrío porque me acuerdo de un comentario hecho por un periodista amigo mío que vive en Monterrey, Hugo del Río, quien en el tiempo en que la CNTE estuvo por meses en el Zócalo de la Ciudad de México y luego en la plaza del Monumento a la Revolución, lapso en que realizó decenas de marchas por todas las arterias importantes de la capital, expresó:
“¡Estoy a mil kilómetros del DF y estos ca… ya me tienen hasta la madre!… ¿Cómo estarán los chilangos?”.
Y recuerdo el comentario porque yo hoy estoy igual con respecto a lo que ahora hacen en Iguala, en Chilpancingo y Acapulco… o donde les venga en gana hacerlo.
Creo que no soy el único, sino que muchos ciudadanos de este país sienten lo mismo.
EL FONDO DEL ASUNTO
Recuerdo entonces que detrás de todo este accionar de la CNTE o CETEG (que son lo mismo), organizaciones que está más que documentado que han sido penetradas por el EPR y/o sus filiales ERPI y otras organizaciones guerrilleras del sureste mexicano, podría estar operando ahora mismo una estrategia para, a través de generar el caos que generan, desafiar y debilitar al Estado y sus instituciones y gobierno.
El periodista Carlos Ramírez, uno de los más informados y con mayor capacidad de análisis en el periodismo político, escribió en su columna del lunes que detrás del movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, movimiento que ha sido coptado por los de la CETEG y otros grupos, existe una estrategia antisistémica.
Lo que busca, indica, es “desarticularlas alianzas del sistema político priísta con los sectores invisibles que lo sostienen” y que en “la ofensiva para inculpar al ejército en la desaparición de 43 normalistas forma parte de este operativo de desestabilización”.
Indica que “a pesar de que la PGR ya acusó al alcalde perredista José Luis Abarca del secuestro de los 43 y dio a conocer el arresto de Felipe Rodríguez El Cepillo como el ‘autor material’ del homicidio, los padres de familia de los estudiantes insisten en culpar al Ejército.
“Y ya no se trata sólo del 27 batallón, sino que quieren recorrer y revisar todos los cuarteles e instalaciones militares de la república”.
Ramírez advierte que detrás del movimiento de los padres de los 43, “existen mentes estratégicas que están buscando la desarticulación del sistema”.
El fin de estas mentes estratégicas, muy presumiblemente pertenecientes a los liderazgos guerrilleros, intentan “desarticular al PRI para las elecciones presidenciales del 2018”.
El objetivo es romper, dice, “la alianza del Estado y el gobierno con el Ejército”, que el priísmo pierda sus apoyos e instrumentos de poder.
Quiere confrontarlo con los siete sectores que han formado su alianza en el ejercicio del poder: el ejército, la iglesia católica, los medios de comunicación, la oposición leal, los empresarios y EU.
“Los ataques contra el Ejército por el secuestro de los 43 normalistas y la complicidad de los padres de los estudiantes con el PRD forman parte de la misma lógica antisistémica: crear un ambiente de responsabilidad institucional del gobierno federal en el secuestro para que el PRI y el PAN no se aprovechen de la responsabilidad criminal del PRD y Guerrero siga en poder del PRD. Lo mismo ocurre con la iglesia michoacana ahora contra el PRI en una plaza que el PRD perdió por corrupción y crimen organizado”, adelanta el columnista.
Y recuerda que el Ejército es y ha sido factor de estabilidad política y social, y por eso ahora quieren minarlo. Y en este juego, señala, participa el PRD para ocultar su responsabilidad criminal en las crisis de seguridad de Michoacán y Guerrero.
Hay sustento para este análisis.
Ya prácticamente todos los sectores en el país han reclamado una intervención urgente del Gobierno para enfrentar este operativo.
Quizá pronto veremos algo de esto.
LA PGR INFORMA
Mientras esto ocurre, la PGR informó ayer del resultado de los exámenes científicos realizados en Austria a las pocas muestras de lo que quedó de los 43 normalistas luego de que Guerreros Unidos los ejecutó, incineró y esparció sus cenizas en el Río Cocula.
El informe es desesperanzador pero muy claro. Dice:
“La Procuraduría General de la República informa que en días pasados recibió el informe de resultados de los estudios científicos aplicados a 16 restos hallados en Cocula, por parte del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck.
“El informe concluye que tras la aplicación de una técnica de cuantificación muy sensible para evaluar la cantidad de ADN mitocondrial, no se encontró cantidad útil de ADN que permitiera obtener un perfil genético bajo esta técnica.
“Si bien el dictamen establece que “el calor excesivo ha destruido el ADN y el ADN mitocondrial en los restos, por lo menos hasta el punto en que los métodos rutinarios no pueden emplearse para un análisis exitoso”, señala la posibilidad de utilizar una tecnología novedosa llamada “Secuenciación Masivamente Paralela” (Massively Parallel Sequencing MPS), por sus siglas en inglés, que podría servir como una herramienta útil para seguir investigando estos restos.
“Dicho documento incluye las siguientes oportunidades y riesgos de aplicar la MPS en los restos mexicanos:
“…hay oportunidades de que la MPS proporcione resultados útiles para ayudar a identificar víctimas. No podemos proporcionar un estimado sobre el éxito, pero las especificaciones técnicas de la MPS son más prometedoras que cualquier otro método de identificación genética molecular existente…”
“El principal riesgo es que los extractos de ADN sean consumidos sin obtener ningún resultado adicional de ADN que ayudaría en el proceso de identificación”.
“Ofrecemos analizar el ADN mitocondrial usando MPS sobre los restos sin costo adicional. Esperamos que estos análisis tomen tres meses, pero no podemos proporcionar una fecha de terminación definitiva.
“La PGR ha solicitado al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck que proceda de inmediato a realizar los estudios arriba señalados”.
¿Qué más puede hacer una autoridad que debe basar sus decisiones en hechos probados?
