Política del desprestigio
¬ Augusto Corro viernes 16, Ene 2015Punto por punto
Augusto Corro
En los tiempos modernos creció el desprestigio de los gobernantes que incluye a alcaldes, gobernadores y presidentes del país. Es muy larga la lista de funcionarios corruptos, represores e ineptos. ¿Qué ha pasado con esos pésimos representantes de la política a la mexicana? Pues nada. Cometen sus fechorías y luego beneficiados y protegidos siguen sus carreras políticas. O en el peor de los casos, se dedican a cuidar sus negocios.
Tratamos el tema porque en Oaxaca se iniciaron los trabajos de la Comisión de la Verdad, que investigará los hechos ocurridos en aquella entidad durante el conflicto sociopolítico de 2006.
En la investigación se incluirá la actuación de todos los servidores públicos implicados en esos hechos, entre ellos los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y el ex gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz. Como se sabe, en Oaxaca, durante el 2006, se efectuaron manifestaciones de grupos sociales y maestros que fueron reprimidos violentamente por las autoridades estatales.
Esas acciones represivas contra las movilizaciones dieron como resultado, todo mundo lo sabe, secuestros, asesinatos y encarcelamientos injustos, etc. ¿También se incluirá el desfalco al tesoro público oaxaqueño?
Después de 8 años de espera, empieza a funcionar la Comisión de la Verdad, integrada por el padre Alejandro Solalinde Guerra, la investigadora Marina Patricia Jiménez Ramírez, y el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González.
Sobre el trabajo del grupo investigador, Osorno González dijo que “se revisará toda evidencia o prueba que les permita comprobar la comisión de delitos, las faltas administrativas, las violaciones a los derechos humanos y, en su caso, la consumación de delitos de lesa humanidad.
En esos días de movilizaciones, el gobierno federal se encargó de apoyar a Ruiz Ortiz y le envió a la Policía Federal para apoyar la fuerza represiva. En los casos de los gobernadores las historias se repiten con sus ingredientes: enriquecimiento ilícito, impunidad y represión.
Los ex mandatarios gozan de protección. Por ejemplo, Ruiz Ortiz se desempeña como flamante delegado priísta. La cola enorme de represor y saqueador del erario no fue obstáculo para continuar en la grilla.
El que corrió con relativa mala suerte es el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, quien disfruta su encierro en un hospital del Distrito Federal, debido a una lesión cardiaca.
En Tabasco lo esperan para iniciarle un proceso por enriquecimiento ilícito, peculado, etc. Como se ha desarrollado el caso del tabasqueño, se refleja una actitud protectora de las autoridades hacia el político en desgracia.
De los gobernadores en el poder, pocos se salvan de ser portadores de la mala imagen. Cortados con la misma tijera se encuentran los siguientes, Manuel Velasco, de Chiapas, Guillermo Padrés Elías, de Sonora, y Rafael Moreno Valle, de Puebla. Los tres con sus ambiciones incontrolables para participar como candidatos en las presidenciales del 2018. Ese deseo de llegar a Los Pinos los tiene enloquecidos, inmersos en desfiguros políticos y en actos represivos contra aquellos que los detestan.
En Puebla, a Moreno Valle le exigen justicia por la muerte del menor José Luis Tamayo en un enfrentamiento de granaderos contra pobladores. El niño fue alcanzado por el envase de una granada de humo, según se informó. La madre de la víctima acusó al gobernador como el responsable de la tragedia.
En hechos recientes los gobernadores de Michoacán y Guerrero tienen su imagen política pulverizada.
En Michoacán, el priísta Fausto Vallejo renunció a la gubernatura, o mejor dicho lo renunciaron, por las escandalosas relaciones de su hijo Rodrigo con el líder de “Los Caballeros Templarios”, Servando Gómez Martínez “La Tuta”.
Antes, el gobernador interino Jesús Reyna García fue enviado a la cárcel por sus vínculos con “La Tuta”. Ahora, Salvador Jara, el mandatario vigente ve los toros desde la barrera. Su ineptitud lo mantiene al margen de las decisiones políticas. El gobierno federal es el encargado de poner orden en una tierra extremadamente conflictiva.
El peor ejemplo de la deteriorada imagen política se encuentra en los gobernadores de Guerrero. Ángel Aguirre, acusado de recibir dinero de la delincuencia organizada para llegar al poder, disfruta de una libertad incomprensible.
Es el prototipo de la impunidad de la clase política. A propósito, ¿cuál fue su participación real en la tragedia de Iguala? Los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen que se investigue al mandatario guerrerense.
Extrañamente, Ángel Aguirre es defendido a capa y espada por la cúpula perredista, señalada como la responsable de ayudar a José Luis Abarca Velázquez a ganar la presidencia municipal de Iguala.
Abarca Velázquez es acusado como autor intelectual de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Ángel Aguirre, ante el enorme problema, fue obligado a renunciar a su cargo y ahora se dedica a la grilla pero sin reflectores. Su sucesor, Rogelio Ortega, igual que su colega de Michoacán, no ata ni desata. También practica esa sana actitud de ver los toros desde la barrera. Prefiere arreglar sus asuntos políticos en la comodidad de los bares del Distrito Federal.
