Periodistas, vulnerables
Luis Muñoz lunes 19, Jul 2010Segunda vuelta
Luis Muñoz
Organismos nacionales y extranjeros han denunciado una y otra vez la vulnerabilidad de los periodistas, víctimas de la irrefrenable violencia que se vive en México.
Para darnos una idea de la gravedad de este asunto, basta saber que de 2000 a 2010 se cometieron 64 homicidios y 11 desapariciones de comunicadores; el año en el que hubo una mayor incidencia de asesinatos fue 2009, con 12, seguido de 2006 y 2008 con 10 asesinatos cada uno.
De los resultados no se puede decir mucho. Más bien nada. Que se sepa, ni un caso ha sido resuelto hasta ahora, a pesar de las exigencias de la sociedad, y particularmente de asociaciones de periodistas.
Es por ello que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su indignación por el incremento de atentados contra periodistas, así como por la impunidad imperante para castigar esos ilícitos.
El periodismo en México vive hoy en día una época difícil al ser los comunicadores blanco de diversos hechos de violencia como amenazas, violación al derecho a la libertad de expresión, lesiones, intimidación, detención arbitraria, desaparición forzada y pérdida de la vida.
Por una parte están quienes desde los puestos de responsabilidad pública no aceptan el escrutinio periodístico sobre su desempeño, pero también los que, dedicados a actividades ilícitas, pretenden acallar la posibilidad de verse descubiertos por la opinión pública, destacó el organismo, que se mantiene atento para acompañar la denuncia, el seguimiento del procedimiento penal y la demanda de cumplimiento de la ley ante las autoridades.
Es importante lo que está haciendo la CNDH al proporcionar servicios de asesoría jurídica, atención médica y psicológica para las víctimas y sus familiares.
Las autoridades mayormente señaladas en las quejas como presuntas responsables de violaciones a derechos fundamentales de los periodistas son la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya la responsabilidad del Estado mexicano de erradicar la impunidad de quienes atentan contra la libertad de expresión.
Asegura que lograrlo desalentará las agresiones contra periodistas y abrirá espacios para contar con una sociedad mejor informada, más libre, participativa y democrática.
En este contexto, frente a la creciente violencia que amenaza a las y los periodistas mexicanos y que ha cobrado la vida de comunicadores en diferentes entidades de la República Mexicana, el líder nacional del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Isaac Olmedo consideró que ha llegado el momento de instrumentar acciones masivas que permitan atraer la atención del gobierno del presidente Felipe Calderón y de los gobernadores de los estados, para que coordinadamente combatan a los enemigos de la libertad de expresión y de prensa, y homicidas de los comunicadores en México.
Asimismo, expresa que no hace falta recordar que entre las víctimas de la violencia criminal que padece el país, han caído abatidos por las balas asesinas destacados miembros y compañeros directivos del SNRP, como es el caso de los periodistas Juan Francisco Rodríguez Ríos y su esposa María Elvira Hernández Galeana, en Guerrero, y Raúl Marcial Pérez, en Oaxaca, entre otros más. Ambos compañeros fueron secretarios generales delegacionales.
Según el recuento de las víctimas de la violencia en México, con los asesinatos de Hugo Alfredo Oliveras Cartas, editor del periódico regional “El Día de Michoacán”, y de Marco Aurelio Martínez Tijerina, de la radiodifusora XEDO Radio La Tremenda de Nuevo León; y de Guillermo Alcaraz Trejo, del sitio Web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, rebasa ya la decena de compañeros victimados por el crimen organizado y otros autores materiales e intelectuales en los dos últimos años.
Por ello, reiteró que “ha llegado el momento de expresar de diferentes formas la indignación y la impotencia que sentimos frente a la escalada de violencia que tantas vidas de periodistas ha cobrado en México”.
El propósito de los mensajes que lleguen a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, al Congreso de la Unión o a la Cámara de Diputados y Senadores, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los gobernadores de los estados en los que la violencia amenaza la vida de los periodistas y a las libertades de expresión y de prensa, y a las procuradurías estatales de justicia, a los ombudsman estatales y a otras autoridades responsables de la seguridad y de la procuración y administración de justicia en México, es hacerles sentir que ya no podemos esperar que cumplan con su deber, sino que les exigimos que lo hagan.
GUERRA VS EL NARCO
Eso es en cuanto a los periodistas, pero respecto a la lucha que libran las autoridades federales contra el narcotráfico, ésta ha provocado casi 25 mil muertes entre personas inocentes e involucradas en la delincuencia en tan solo 4 años. Por ello, la diputada Maricela Contreras Julián señala la urgente necesidad de cambiar la estrategia de combate al narcotráfico por una política de prevención y atención a las adicciones. En su calidad de presidenta de la Comisión de Salud en la Asamblea Legislativa, manifestó su total respaldo y apoyo a la creación del Instituto para la Prevención y Atención de las Adicciones que en días pasados anunció el gobierno del Distrito Federal, pues “se trata de una señal diferente a la política fracasada de las autoridades federales en su lucha contra el narcotráfico. Lo que se requiere es de una perspectiva integral que brinde información a la ciudadanía de los efectos adversos del consumo de drogas y alerte sobre su consumo; se deben evitar las muertes por las adiciones, no provocarlas con una guerra contra la inseguridad que sólo ha traído 24 mil 826 defunciones en cuatro años”.
Contreras Julián dijo que ante el anunció de la creación de dicho Instituto, propondrá la asignación de presupuesto etiquetado para su operación, ya que en México y en el Distrito Federal el consumo diversificado de medicamentos, psicofármacos y psicotrópicos como la marihuana, alcohol y disolventes volátiles, ha ocupado un lugar preferencial en las tasas de abuso y dependencia de sustancias, especialmente entre los jóvenes.
Cifras de la Encuesta Nacional de Adicciones señalan que durante los últimos seis años, creció 50% el número de personas adictas en el país y en 30% la cifra de quienes las han consumido alguna vez en la vida; agregó que, “existe un dato preocupante, pues del total de adictos, alrededor de 500 mil en el país, sólo 16% ha acudido o acude a tratamiento, por lo que es necesario un Instituto de Prevención y Atención de las Adicciones en la Ciudad de México, el cual debe ir acompañado de una política integral dirigida principalmente a la población infantil y adolescente, ya que en el 82 por ciento de los casos, la exposición se presenta en escuelas y en población de 12 a 25 años de edad”, subrayó. La diputada perredista mencionó que de acuerdo a la primera encuesta sobre adicciones entre los capitalinos, elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, dos millones de capitalinos, de entre 12 y 45 años, son fumadores actuales, mientras que cerca de 3 millones consumen alcohol, “al 2007, fecha en que fue elaborada la encuesta, al menos 133 mil habitantes de la ciudad de México habían consumido alguna droga ilegal, por lo que con una política de prevención y atención de adiciones estamos a tiempo de detener este problema de salud pública antes de que el tejido social entre en una descomposición como en los estados del norte del país”.
