Evidencia de lo obsceno
¬ Juan Manuel Magaña lunes 15, Dic 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
El pasado jueves se descubrió el pastel en San Lázaro. Los opositores PAN y PRD evidenciaron la falta de seriedad, la ausencia de un genuino compromiso por parte del PRI para construir un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción.
Había negociaciones en ese sentido, pero con base en un predictamen que había sido redactado a partir de los intereses del PRI. Por ello, los opositores concluyeron que no había condiciones para aprobar la iniciativa sobre un Sistema Nacional Anticorrupción en el actual periodo de sesiones que precisamente concluye hoy.
Para decirlo de manera simplificada, el PRI no quiso plantear un órgano anticorrupción autónomo y eficiente. Pero no hay que quedarse ahí sino ir a los detalles porque éstos son bastante ilustrativos de la forma en que el dinosaurio se resiste a dejar de corromperse y a renunciar al entorno que favorece su deporte favorito.
Ya lo dijera el joven maravilla del PAN, Ricardo Anaya, en cuatro puntos interesantes sobre el predictamen priista: 1.- Empodera al Consejo Nacional de Integridad Pública, de manera equivocada. 2.-No fortalece a la Auditoría Superior de la Federación como hoy es necesario. 3.-No considera a los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito como susceptibles de extinción de dominio. 4.-El titular de la Secretaría de Función Pública seguiría siendo nombrado por el Presidente, sin intervención del Senado”.
Es decir, por una parte, el PRI propone un cambio para que todo siga igual. Esa es de su viejo manual del gatopardismo. Quiere que lo que antes fue la Secretaría de la Contraloría y hoy es de la Función Pública siga siendo, a lo mejor con nuevo nombre y look, lo que siempre ha sido: un organismo contemplativo, vegetativo, lleno de burocracia inepta que finalmente ha estado ahí para permitir que el monstruo de la corrupción se desarrollara en forma silenciosa.
Uno de los puntos arriba enumerados es el que más llama la atención. El 3, el de que los priístas no consideran a los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito como susceptibles de extinción de dominio. El porqué de ello es obvio.
Desde que José López Portillo dijo que “la corrupción somos todos” y Miguel de la Madrid llamó con urgencia a una “renovación moral de la sociedad”, a los funcionarios públicos de este país no han dejado de descubrírseles cantidad de propiedades como al nopal, según el dicho vulgar.
Está la “Colina del Perro” de JLP, el Partenón de Durazo, las múltiples fincas de Raúl Salinas, las mansiones de Arturo Montiel, el rancho de Fox, las gasolineras y los contratos con Pemex de Mouriño en evidente conflicto de interés… en fin, todo un modus vivendi de la clase política mexicana. No se digan los inmuebles, autos, joyas, lujos, de Elba Esther ni Romero Deschamps ni Humberto Moreira.
Es esa pieza no existente del rompecabezas, como muchas otras, las que forman las tremendas lagunas legales en medio de las cuales nuestra clase política, pero sobre todo los priistas, se ha sabido mover para delinquir lo más posible “dentro de la ley” y para conservar o recuperar, aun pisando la cárcel por accidente, lo mal habido.
Siempre es lo mismo: descubrimiento sistemático de riquezas obscenas.
