Estado, obligado a ir contra la tortura: SCJN
Nacional miércoles 10, Dic 2014- “En el México real encontramos mayores retos para que derechos humanos sean reconocidos”
José Luis Montañez
La tortura y los malos tratos son prácticas impropias de un estado de Derecho, afirmó el ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la presentación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, destacó que la ejecución de la tortura, supone violentar el derecho a la integridad personal, cuyo contenido se desprende, directamente, de la dignidad humana, que es fundamento de los derechos humanos.
El ministro presidente sostuvo que “el derecho a la integridad personal conlleva la prohibición de infligir tortura y malos tratos a las personas, la cual es considerada en la actualidad como normas de ius cogens, es decir, como norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional que no admite acuerdo en contrario”.
Recordó que, desde hace 20 años, diferentes organismos internacionales de los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano pertenece, han sostenido la existencia de la tortura en nuestro país.
Destacó en el comunicado que en el campo de los derechos humanos en México existen dos realidades: por un lado la legal, que incluye todo el marco jurídico (Constitución, tratados y leyes federales y estatales) y, por el otro, la real, la concreta, que se refiere a la vigencia de estos derechos en la práctica.
Sin duda alguna, el México legal tiene grandes avances en el reconocimiento de los derechos humanos en nuestras normas, sin que ello suponga desconocer la existencia de pendientes legislativos, expuso. Sin embargo, reconoció que “es en el México real donde encontramos los mayores retos para que los derechos humanos sean reconocidos en nuestro sistema jurídico sean precisamente eso: una realidad”.
La prohibición de la tortura, enfatizó, está reconocida en varios tratados internacionales ratificados por México, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Expuso que la Suprema Corte elaboró este Protocolo, que propone orientaciones para la labor judicial en dos sentidos: para la investigación y sanción de hechos constitutivos de tortura y tratos crueles, y para la prevención de estas prácticas.