Las secuelas de la violencia y la inseguridad
¬ Augusto Corro martes 2, Dic 2014Punto por punto
Augusto Corro
México recibió una herencia de violencia e inseguridad del gobierno federal panista encabezado por Calderón.
Con la idea de legitimar su triunfo fraudulento declaró la guerra a la delincuencia organizada.
Los daños irreversibles de esa lucha afectaron gravemente a la sociedad mexicana.
Se registraron enfrentamientos entre los cárteles de la droga y estos contra las fuerzas del orden.
Las acciones cruentas arrojaron más de 60 mil muertos, más de 20 mil desaparecidos, miles de huérfanos y viudas. El tejido social se hizo trizas.
Y nada cambió. La crisis continúa porque la guerra fallida fortaleció a los cárteles de la droga, que entre otras cosas, se multiplicaron.
¿Algún responsable de esa tragedia nacional? Nadie.
Calderón ni siquiera fue exhortado a informar sobre los graves errores de su gobierno que tiene a México flagelado por la delincuencia.
En múltiples ocasiones se planteó al gobierno federal la necesidad de un balance integral de lo que hizo o dejó de hacer Calderón durante su sexenio. No hubo interés en exigirle cuentas al michoacano.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), de regreso a Los Pinos hizo mutis y dejó correr el tiempo.
Con la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos la violencia se volvió a plantear como un problema de resolución urgente.
Ante esa situación, el gobierno federal promoverá nueva leyes para hacer efectiva la lucha contra la delincuencia organizada.
En este nuevo frente de batalla, los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, tendrán que responder, con un compromiso mayor, los reclamos de la sociedad cansada de tanta violencia, impunidad e inseguridad.
Ante estas circunstancias, se le ocurrió al ex presidente Calderón manifestar que durante su administración no tuvo el apoyo de los gobernadores, en su guerra fallida contra el narco. Y como si no tuviera la cola tan larga, el panista intentó justificar sus errores.
El líder del PRI, César Camacho Quiroz, despertó de su letargo, y decidió decirle algunas verdades al ex mandatario.
Para empezar, los responsabilizó de la situación de inseguridad y violencia que vive México.
“Estamos viviendo las secuelas de una absurda guerra en la que involucró al país”, dijo Camacho Quiroz.
También dijo que al panista le faltó autocrítica. Calificó al ex funcionario de regular abogado y mal político, pues no alcanzó a distinguir que los delitos de alto impacto que ocurrieron en su administración no correspondían al fuero común, sino al federal.
Obviamente, las declaraciones de Camacho Quiroz contra Calderón no fueron contundentes.
Porque si realmente se trata de juzgar al ex presidente panista sobran las razones para hacerlo. Una de ellas, la permanente violación a los derechos humanos. Otra, su cerrazón para cambiar su estrategia en la guerra contra la delincuencia. Una más, utilizar a los órganos de justicia, como instrumentos de venganza personal.
Como señalamos al inicio, aún es tiempo de exigirle cuentas a Calderón. Miles de familias destrozadas lo agradecerían.
CONTINÚA LA VIOLENCIA
En Guerrero sigue la violencia desatada. En la última semana 16 personas perecieron en hechos relacionados con el crimen organizado en Chilapa de Álvarez, municipio de La Montaña.
En esas acciones, se remarcó la atrocidad de los criminales. A sus víctimas las decapitaron y quemaron.
Hace varios días Guerrero fue calificado como el estado más violento del país, pese a la reducción del número de delitos de alto impacto que se ha registrado.
La tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso.
En la búsqueda de los estudiantes, las autoridades descubrieron un sinnúmero de fosas clandestinas con decenas de restos humanos, en las orillas de Iguala.
Los gobiernos estatales de extracción perredista resultaron incapaces para erradicar la delincuencia en esa entidad.
En algunos casos, como en Iguala, el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, funcionaba como operador del cártel Guerreros Unidos.
Las autoridades tendrán que multiplicar sus esfuerzos para terminar con el terror que viven los guerrerenses, pues el número de asesinatos relacionado con la guerra contra las drogas se incrementó 400%.
Pero no sólo es el problema de la narcodelincuencia que agobia a la población.
A escala nacional, en los últimos años Guerrero ocupó las tasas más altas de crímenes, impunidad, homicidios con arma de fuego y multiplicación de los cárteles del narco en contubernio con las autoridades.
A esta conclusión llegó el estudio titulado. Acompañamiento integral a víctimas de las violencias en la Arquidiócesis de Acapulco, producto de tres años -de 2012 a 2014- de investigación y trabajo de campo en apartadas comunidades guerrerenses.
