País fantasmal
¬ Juan Manuel Magaña viernes 28, Nov 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
Medios de comunicación franceses han escarbado en la otra clase de fosas que existen en el estado de Guerrero, las fosas informativas. Y encontraron: ahora resulta que con ira y dolor, familiares de 200 personas desaparecidas en los últimos dos años se han organizado y recorren la entidad en busca de sus seres queridos. Y dicen estar dispuestos a “excavar en todo el estado”.
Un reino de terror ha empezado a emerger, luego de ocurrida la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esos 200 representantes de familias con desaparecidos que se organizan y recorren Guerrero en busca de sus seres queridos, definen a ese estado como “un cementerio sin nombres”.
En la región norte, según la Fiscalía General del Estado, se ha encontrado el mayor número de fosas. Tan sólo este año han hallado más de 50 partes de cuerpos en estado de putrefacción, ropa con sangre, cabellos y huesos.
Es esta la nueva lógica en la que ya se encuentra Guerrero. Una lógica en la que no embona -por lo menos por ahora y quién sabe para cuándo-, la lógica institucional, la del pacto federal, la de los poderes locales, la de la municipalidad y mucho menos la de los partidos.
El estado de Guerrero está como suspendido de todas las leyes, en una especie de limbo fantasmal, en el que sus tristes habitantes buscan a sus desaparecidos, con la tenue luz de su esperanza de encontrarlos vivos o muertos.
Esto es lo que no entienden ahora y no entendieron jamás los arrogantes poderes federales y locales.
Precisamente, en estos días, la prensa nos pone en perspectiva la incomprensión en que ha vivido, no sólo Guerrero, sino el país entero. Recordemos:
El sábado 29 de noviembre de 1997 se realizó una megamarcha para exigir el fin de la ola de inseguridad que se vivía en todo el país. El presidente Ernesto Zedillo se comprometió a “apresurar” la lucha frente al crimen.
Un sexenio después, en 2004, la marcha fue más numerosa aun y se habló de un millón de personas en Reforma y el Zócalo capitalino. Entonces, Vicente Fox Quesada anunció diez acciones para combatir la delincuencia y se comprometió a entregar cuentas claras en un plazo de 60 días “para que México sea un país más seguro”.
Cuatro años más tarde, en 2008, otra megamarcha. El secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí era el detonador en un país harto de la delincuencia. Se creó entonces un gran pacto nacional al que asistieron representantes de todos los poderes: funcionarios federales, gobernadores, diputados, senadores, alcaldes y jueces.
Y todo para qué. De pronto surgieron civiles armados y justicia por propia mano en múltiples estados de la República.
Ayer fue presentado un nuevo plan para atajar la criminalidad. Otros diez puntos. La pregunta es si ahora sí el plan nos llevará a algún lado.
