Arbitrariedad flagrante
¬ Juan Manuel Magaña miércoles 26, Nov 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
Los abogados de las 11 personas consignadas por los hechos violentos en el Zócalo tras la marcha del 20 de noviembre, aseguraron que las acusaciones se sustentan en la declaración de cinco policías federales, quienes aseguran haberlos detenido en flagrancia. Dichas acusaciones, dijeron los defensores, se sustentan “en escasa y endeble evidencia”.
Y me temo que tienen razón.
Apenas ayer sugeríamos que “caro le va a salir al país, de hecho ya le está saliendo caro en imagen, si se comprueba que el(los) detenido(s) es (son) inocente(s)”. Nos referíamos al caso de uno de los once, un chileno llamado Lawrence Maxwell Ilabaca, detenido luego de los nuevos disturbios de la semana pasada frente a Palacio Nacional provocados por gente que sigue siendo un enigma y que regresó para intentar volver a incendiar la Puerta Mariana.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a este chileno, que es un escritor y músico de 47 años, que cursa un doctorado en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de terrorismo, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín, aunque el primer cargo le fue levantado después. Cuánto disparate.
Ayer me fui de espaldas cuando vi los rostros en fotografía de cada uno de los once. Nada que ver con la gente lumpen, a simple vista, que conforma el misterioso grupo de dizque “anarquistas”, cuyos rostros sólo muestran el desfiguro que dejan la droga y la vida sórdida. Gente endurecida, pesada, que va dispuesta a agredir, que sabe en qué momento hacerlo y en qué momento huir.
En cambio las once personas detenidas, de entre 18 y 55 años, tienen cara de lo que son: ocho estudiantes y tres trabajadores, ocho hombres y tres mujeres que fueron al Zócalo el 20 de noviembre en forma pacífica, como miles más. Pero ahora están acusados de tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín.
Y es más, los once fueron a parar a penales de alta seguridad. Los hombres están presos en Veracruz. Las mujeres en Tepic, Nayarit.
Sorprenden más algunos detalles de ellos y de su detención. Hugo Bautista Hernández tiene 22 años, en las mañanas trabaja en un call center y en las tardes estudia sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es padre de un niño de tres años. Marchó junto con su novia, Tania Ivonne Damián Rojas, de 21 años, dentro del contingente de su facultad, que salió de la Plaza de las Tres Culturas. Ella estudia el tercer semestre de sociología en la UNAM. Antes estudió artes plásticas.
Ni siquiera pisó la plancha del Zócalo, cuando fue detenida, con su novio, estaban con sus amigos en la calle de Madero.
Hillary Analí González Olguín, de 22 años, estudia el noveno semestre de ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se cayó cuando todo se volvió confusión, y en ese momento fue pateada por policías. Liliana Garduño Ortega, de 31 años, estudia la preparatoria abierta en una escuela privada, es madre soltera y tiene que trabajar. Tomaba algunas fotografías en el Zócalo, cuando un grupo de personas comenzó a correr para huir de los granaderos. Trató de hacerse a un lado, tropezó y fue alcanzada por los policías. La golpearon en la cabeza con los toletes y a patadas.
Y así por el estilo. Luis Carlos Pichardo tiene 55 años, trabaja en producción cinematográfica, teatral y le gusta tocar la guitarra; estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Roberto César Jasso del Ángel tiene 20 años, es estudiante y tallerista en la Casa de Cultura en San Cristóbal Centro, Ecatepec y en El Chopo. Atzín Andrade tiene 29 años y es estudiante de quinto semestre de artes plásticas en La Esmeralda del INBA; era la primera vez que él iba a una marcha.
Isaac Domínguez Ayala tiene 31 años, hizo estudios de psicología en la UNAM, pero abandonó la escuela; trabajaba como bar-tender en el hotel Embassador de la ciudad de México. Juan Daniel López Ávila, de 18 años, es estudiante de la preparatoria “Felipe Carrillo Puerto” del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del GDF, en Iztacalco. Francisco García Martínez, de 47 años, asistió a la marcha para ir a “escuchar a los padres de los que mataron en Ayotzinapa”, según lo dijo en su declaración frente al Ministerio Público federal el día de la detención.
Es fácil concluir que la policía volvió a hacer detenciones a lo loco. Lo que no es fácil dilucidar es quién deberá pagar por esa torpeza y por crearles problemas a sus jefes: ¿el procurador Murillo Karam? ¿El jefe de la policía capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, que torpemente declaró que lo que se hizo fue restablecer el orden público “le guste a quien le guste”?
