Las atrocidades
¬ Augusto Corro lunes 10, Nov 2014Punto por punto
Augusto Corro
Las autoridades federales confirmaron que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados, calcinados y sus cenizas arrojadas al río San Juan, en Cocula.
Los padres de los estudiantes conocieron la noticia por voz de las autoridades federales. Como era natural, no aceptaron la versión del destino final de sus hijos.
Claro, será muy difícil que alguien supere el profundo dolor que produce la muerte de un hijo y peor aún en las condiciones de exterminio practicadas por los sicarios. Sin embargo, los testimonios presentados por la Procuraduría General de la República (PGR) nos muestran la manera atroz, despiadada, inhumana y salvaje de actuar de la delincuencia organizada.
La versión de los asesinos, durante la reconstrucción de los hechos, fue terrorífica. Mantener en el fuego a 43 personas hasta convertirlas en cenizas va más allá de la locura, de lo demencial.
La matanza de los normalistas quedará grabada en la historia de México, como un capítulo ignominioso, infamante y brutal. Hecho muy doloroso para los familiares de los jóvenes y la sociedad mexicana que los llenó de indignación. Como se informó, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre pasados, la policía y los narcos agredieron a los estudiantes, 3 perecieron en el lugar y 43 desaparecieron. Desde esa fecha se inició una búsqueda intensa, con los resultados que ahora conocemos.
ACELERAR LAS INVESTIGACIONES
El saber que los normalistas finalmente fueron victimados se deberán acelerar las investigaciones y las órdenes de captura de los implicados.
Las autoridades federales tendrán que explicar con todos los detalles quiénes son los autores intelectuales y materiales de la matanza de normalistas.
La pareja imperial de Iguala, es decir el alcalde José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, se encuentra en la cárcel; pero no es suficiente. Falta la captura de personajes siniestros que formaban parte de la banda criminal.
Entre estos últimos la investigación alcanzará a ex funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el propio ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Porque la violencia en aquella entidad no surgió de la noche a la mañana. Ante omisiones y contubernios, los cárteles del narco, productores de opio y mariguana, lograron cimentar su poder al amparo de autoridades corruptas.
La narcopolítica se apropió de Guerrero y los acontecimientos violentos que sucedieron en los últimos años, principalmente las muertes de activistas sociales, se guardaron en el archivo de la impunidad.
El estado cayó en el terreno de la ingobernabilidad y nadie tomó en cuenta de los riesgos que acechaban a los guerrerenses.
Hace varios años se informó en los medios de comunicación que Guerrero no contaba con autoridades que aplicaran las leyes. Nadie hizo caso. Pudieron más los arreglos políticos para tapar la podredumbre en esa entidad.
En Iguala, el coctel de la violencia estaba preparado desde que llegó a la presidencia Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles, ambos vinculados con el cártel Guerreros Unidos, acusados de la desaparición de los normalistas. Ella fue señalada como operadora de la banda de asesinos.
LA CONDUCTA DEL ALCALDE
Una vez que se conoció la atrocidad de lo registrado en los tiraderos de basura de Cocula, cabe preguntar qué llevó a Abarca Velázquez a agredir a los normalistas que murieron asfixiados, baleados y calcinados.
¿Quién le dio la fuerza o el apoyo para que llegara a creer que su conducta delictiva no iba a castigarse? Seguramente sus antecedentes de asesinatos sin castigo, de impunidad total, lo estimularon a seguir su camino de sangre y muerte. ¿Quién lo protegió para que no pisara la cárcel? ¿Quién o quiénes lo ayudaron a incursionar con éxito en la política?
La sociedad mexicana se merece una explicación amplia y detallada del caso Iguala. Es importante saber los orígenes de la espiral de violencia en Guerrero, para impedir que se repitan.
Llevará su tiempo, pero si se inicia desde ahora, la vida humana, será más respetada y honrada.
POBREZA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Entre los generadores de la violencia e inestabilidad social en Guerrero se encuentra la pobreza ancestral. Por ejemplo, en algunos municipios la miseria se equipara a la que se vive en algunos países africanos.
Esa condición de miseria económica orilla a los habitantes de pueblos apartados a relacionarse con la delincuencia organizada, para terminar sometidos o semiesclavizados. En junio pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guerrero ocupaba el primer lugar en corrupción en manejo de recursos, servicios públicos y trámites. Este dato desnudaba la administración del gobernador Aguirre Rivero.
La impunidad permitió que la delincuencia organizada actúe en aquella entidad sin molestia alguna. Esto obligó a los guerrerenses a formar grupos de policías comunitarios para combatir las extorsiones y los secuestros. Se debe agregar el contubernio entre alcaldes y narcos que permitieron sembrar el terror entre la población, como ocurrió en Iguala.
LOS INCENDIOS
Durante las manifestaciones para exigir a las autoridades el regreso con vida de los 43 normalistas, se registraron hechos violentos, como la quema de automóviles e incendios en edificios públicos.
La noche del sábado un grupo de personas, con el rostro cubierto, lanzaron bombas “Molotov” contra una de las puertas de Palacio Nacional.
Las manifestaciones de los padres de los normalistas sacrificados tienen el apoyo de todo México, porque sus demandas son justas, porque quieren el regreso de sus hijos con vida.
En las marchas se lograron colar sujetos que aprovechan la situación para delinquir. Los organizadores de dichas manifestaciones deberán vigilar y evitar que personas extrañas se infiltren para provocar desmanes y desvirtuar los motivos positivos de la protesta, de la lucha.
