Exasperante incapacidad
¬ Juan Manuel Magaña viernes 7, Nov 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
Presentados como unos verdaderos psicópatas por la suposición de fueron capaces de ordenar balear, desaparecer y posiblemente ejecutar a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Aytozinapa, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, el caso es que la detención de Abarca y su mujer no condujo, al menos en automático, a dar con los desaparecidos.
Por eso, con razón, los padres de los muchachos gritan en las calles y en la plaza mayor que no les importa a cuántos la autoridad agarre, pues lo que exigen es el hecho concreto de que sus hijos aparezcan con vida.
Es asombroso en extremo cómo la búsqueda de solución al caso Iguala exhibe tan extraordinaria complejidad, tanta ineptitud y semejante enredo. Si así es con un sólo caso, qué no le espera a un país cuyos municipios, en un 75 por ciento por lo menos, están penetrados por las mafias del narco. ¿De veras creen que así tiene viabilidad este país?
Resulta que la Procuraduría General de la República ejercitó acción penal contra el ex alcalde de Iguala, pero no por los hechos de hace más de un mes en Ayotzinapa. No por haber sido él y su mujer —según la propia autoridad- los demonios que tan desproporcionadamente ordenaron semejante destrucción de vidas para que no les fueran a echar a perder un festejo político de la señora.
José Luis Abarca Velázquez es hasta ahora acusado únicamente por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres integrantes de la organización Unidad Popular de Guerrero, el asesinato del síndico Justino Carbajal Salgado y por su vinculación con el grupo criminal Guerreros Unidos. Hechos ocurridos en 2013.
A su vez, a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, se le tuvo que decretar arraigo por 40 días mientras sigue bajo investigación, porque contra ella ni siquiera se había librado una orden de aprehensión, cosa que la estaba colocando en la posibilidad de quedar libre.
¿En qué momento va a ser capaz el Ministerio Público Federal de fincarle a la pareja responsabilidades en su contra por el delito de autoría intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes?
Y vamos para largo porque no bastaron las 36 horas que Abarca permaneció sujeto a interrogatorios en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tan sólo para negarse a proporcionar información relacionada con la desaparición de los normalistas y a revelar detalles de su participación con el grupo de Guerreros Unidos, a los cuales se supone entregaba mensualmente entre 2 y 3 millones de pesos.
¿Qué enseña ese hecho? Que la autoridad tiene que buscarle, pero ya y bien, por otro lado para hallar a los estudiantes. En medio de una descomunal presión nacional e internacional.
Esto nos lleva al otro problema que enfrenta el país entero. Me refiero a que un hecho tan dramático como el caso Iguala deja al país, a su opinión pública, a su gente, demasiado insensibles respecto de otros asuntos sumamente graves. Ya no conmueve el asesinato de un general (Ricardo César Niño Villarreal) que era responsable de la seguridad en el norte de Tamaulipas. Incluso palidece en la prensa la forma en que es tratado el caso del fusilamiento de civiles —presuntos delincuentes- por parte del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.
Escasamente se sabe de los cotidianos hechos de la ubicua violencia en que se ha hundido el país.
Cuántos delincuentes, cuántas policías, cuántas autoridades tipo Abarca no están bien así, en este momento, en Morelos, en el Estado de México, Michoacán, de Quintana Roo a Tamaulipas, pasando por Veracruz, siguiendo por Coahuila y Nuevo León, hasta Chihuahua, Sonora y Sinaloa, todos ellos cómodos con el hecho de que los reflectores apunten para otro lado para ellos poder seguir en lo suyo.
