¿Y qué cabezas rodarán?
¬ Juan Manuel Magaña miércoles 5, Nov 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
El informe preliminar de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga la agresión armada contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, concluye que existió desaparición forzada de 43 alumnos, y que no se puede eludir que sufrieron una serie de violaciones a sus derechos humanos.
Entre éstas violaciones están la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como las ejecuciones extrajudiciales. Todos esas cosas penden ahora sobre las cabezas de José Luis Abarca, su esposa y su ex jefe de policía que, a diferencia de los dos primeros, sigue prófugo.
La comisión está integrada por siete legisladores y es presidida por el panista Guillermo Anaya. En el documento expresó su preocupación por el hecho de que se pretenda “criminalizar a las víctimas como una manera de justificar los hechos que sufrieron y sufren sus familiares, causando un agravio más a sus derechos”.
El reporte fue entregado a la Junta de Coordinación Política y contiene otras revelaciones importantes que deben tener consecuencias, mucho más allá de Abarca y compañía. A partir de información proporcionada por el gobierno de Guerrero, afirma que la Policía Federal y la Policía Estatal vigilaron “por horas” a los normalistas desde que salieron de Chilpancingo hacia Iguala. Incluso, el gobierno estatal reportó a la policía de ese municipio el traslado en autobuses de los jóvenes desde las 6 de la tarde del 26 de septiembre. ¿Por qué los normalistas no fueron protegidos?
Más grave aún es que diversas autoridades policiacas y militares fueron alertadas o conocieron de la balacera y la agresión, pero no intervinieron. La comisión especial confirmó que las autoridades estatales sí supieron de las actividades de los estudiantes, los siguieron y la policía del estado no actuó frente a las irregularidades que la policía municipal de Iguala cometió contra los estudiantes.
Entonces, cabe preguntarse, por estas omisiones de militares y policías Federal y Estatal, ¿quién deberá responder? De entrada debieran ser los mandos, y no menores. La superioridad máxima de esas instancias debió estar enterada en todo este tiempo de lo ocurrido -38 días dedicados a investigar- y no ha movido ni siquiera un dedo para castigar a los mandos inmediatos, lo que supondría encubrimiento.
En el caso de la policía estatal, la responsabilidad mayor, probablemente penal, recaería en el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero -no bastaría con que haya dejado el cargo-, en su entonces procurador Iñaki Blanco y en el secretario de Seguridad Pública en funciones.
Más allá de este informe, otras cabezas son segadas por los acontecimientos. Ayer se dio a conocer un video en el que el actual senador perredista -Armando Ríos Piter- aparecía en un mitin de campaña en 2012 con José Luis Abarca. Ambos están en un templete y Ríos dice a la multitud que ha acompañado al candidato Abarca en múltiples ocasiones, “casa por casa” en esa labor de proselitismo. Incluso, el ahora aspirante a la gubernatura de Guerrero defiende ahí sin tapujos “el proyecto” y la “visión diferente y emprendedora” que tenía Abarca para Iguala.
Total, que Ríos Piter involucra a Abarca con “los sueños y las aspiraciones de todo un pueblo que sólo anhela un mejor futuro para sus hijos”. Y el video termina con un rótulo de letras blancas sobre fondo negro que dice: “Si en campaña te esforzaste porque Abarca fuera alcalde de Iguala, ¿Por qué lo niegas ahora Ríos Piter? ¿Por qué intentas, cobardemente, desentenderte del gran daño que le hiciste a Iguala, a Guerrero y a todo México?”.
El video no deja lugar a dudas de ese apoyo equivocado. Lo más seguro es que Ríos Piter ya pueda despedirse de su aspiración a dirigir los destinos de Guerrero.
